Anteproyecto de Ley de la Biodiversidad y del Patrimonio Natural de Cataluña

El pasado 7 de mayo salió a exposición pública la propuesta de Anteproyecto de Ley de la Biodiversidad y del Patrimonio Natural de Cataluña. La ley que aparece, sale a destiempo, y en un mal momento económico, sabiendo que conlleva ciertos impactos sobre la actividad y que es del todo innecesaria dado que ya tenemos la ley estatal de la biodiversidad, por no citar la innumerable normativa ambiental de la que este Gobierno nos ha dotado los últimos años, casi hasta el punto de la parálisis económica y el fomento activo de la deslocalización. Ahora la Presidencia de la Generalitat (Conselleria donde se estaban dando los últimos "retoques" en la norma) ha decidido impulsar una norma que para empezar no se ha consensuado ni con el territorio ni con las actividades.

El INSTITUT AGRÍCOLA ha pedido y conseguido una prórroga en el plazo para presentar y añadir nuevas alegaciones, e invita, a todos los que quieran manifestar sus inquietudes al respecto de esta norma, a que nos las hagan llegar a través del e- mail de la web.

Les  facilitamos algunas consideraciones al respecto para que se las puedan consultar:

  • En el anteproyecto de ley hay un olvido absoluto de los propietarios y silvicultores, y en cuanto a la agricultura, sólo interesa a efectos de establecer restricciones.
  • Un principio rector de la ley consiste en la tutela absoluta de la actividad agropecuaria que queda supeditada a los caprichos de la conservación de la naturaleza.
  • El Anteproyecto prevé una gran cantidad de instrumentos y organismos de nueva creación o que modifican los actualmente existentes, lo que supondrá un fuerte gasto administrativo y de dudosa rentabilidad, viabilidad y racionalidad en la gestión. Se prevé desarrollar 6 figuras de planificación y gestión diferenciadas (desde la estrategia a la gestión, finca a finca), más de 23 figuras de protección, inventarios y catálogos, más de 5 órganos de nueva creación que vienen a sustituir preexistentes o se establecen de nuevo y, diferentes propuestas legislativas en forma de leyes y decretos de gobierno para diferentes ámbitos recogidos en el articulado. Este hecho es del todo incongruente con el Plan que prevé eliminar 63 entidades públicas de entre las que destaca el Centro de la Propiedad Forestal. Tambié hay una complicada red de planes, catálogos, acuerdos de conservación y custodia, figuras de protección, etc que harán muy complicada la gestión y armonización con las figuras e instrumentos de gestión actualmente existentes. El articulado de la Ley Catalana es de aplicación confusa a la vista de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB), que establece como Ley de bases para formular la propuesta Catalana, lo que genera inseguridad jurídica administrado y la propia Administración.
  • Según el artículo 5, la probabilidad de impacto ambiental tiene igual valor que el impacto ambiental a la hora de valorar la paralización de una actividad.
  • Según el artículo 6, muchos bosques y campos agrarios privados serán declarados de interés social.
  • Según el artículo 7, todos los ciudadanos tienen derecho a "usar responsablemente" el patrimonio natural. Esto podrá incluir las propiedades privadas declaradas de interés social (declarados patrimonios naturales).
  • Según los artículos 8 y 32: Es un deber de la Administración adquirir el suelo en los espacios naturales protegidos. (Esto lo podrán hacer a un coste irrisorio teniendo en cuenta las nuevas determinaciones de la "ley del Consuelo art.22" y la facultad que tiene otorgada por expropiar en espacios protegidos). A partir de ahora una de las medidas "compensatorias" de las Evaluaciones de Impacto Ambiental consistirá en que las empresas tendrán que comprar para ceder a la Administración terrenos con Hábitats para proteger (adicionales a los ya protegidos a modo de permuta). La disposición transitoria séptima determina "la adquisición" (expropiación) de todos los terrenos dentro de reservas naturales integrales.
  • Según los artículos 17 a 25: Todas las políticas sectoriales (agrícola, regadíos, infraestructuras, local, exportación, vivienda, industrial etc.) Quedan condicionadas a la preservación de la biodiversidad. Antes serán los pajaritos que las casas y los puestos de trabajo.
  • El Régimen sancionador de la norma es desproporcionado, además no hay una transposición equivalente en relación a la Ley de la Biodiversidad (estatal), lo que conlleva indefensión a la hora de interpretarlo.
  • En el trámite del Anteproyecto se obvia el trámite de audiencia a los interesados, especialmente a la propiedad privada.
  • En el artículo 16, el anteproyecto va más allá (especialmente en el apartado 3) de lo previsto en la Ley de la Biodiversidad (estatal), ya que prevé la posibilidad de determinar la suspensión durante 2 años de otorgamiento de licencias municipales, de autorizaciones de aprovechamientos forestales, cinegéticos y piscícolas, incluidas las autorizaciones de roturaciones y apertura de caminos o pistas forestales. ¿Que pasa con los Instrumentos de Ordenación Forestal aprobados o que están en trámite? ¿No han pasado ya todos los trámites administrativos que garantizan su idoneidad respecto al medio ambiente?
  • El Anteproyecto prevé suspender la tramitación de los planes urbanístico dentro de los territorio afectado.El artículo 20.3 plantea que el departamento competente debe garantizar la gestión adecuada de los bosques viejos, los bosques maduros y los que presentan alguna singularidad ecológica. No se ha definido qué bosques deben recibir esta calificación. Esto plantea falta de objetividad e indefensión.
  • El artículo 40 establece una lista de especies protegidas, y establece unas medidas pero no concreta a cargo de quien irán las medidas de conservación y/o gestión ni las posibles indemnizaciones cuando éstas causen daños a bienes privados. Cabe decir, que en relación a las medidas de conservación y/o gestión tampoco se contempla el proceso de audiencia a los interesados (en la propiedad).
  • Según el artículo 44, cualquier persona u organización, independientemente de su solvencia científica pueda proponer que se inicie el procedimiento de inclusión de especies, subespecies o poblaciones en el catálogo de especies amenazadas.
  • Cuando se habla de documentación científica se detallará que quiere decir esto, y si sirve cualquier estudio al uso realizado por cualquier organización, asociación ecologista o grupos de amigos, como parece el caso.
  • Se crean catálogos y otros instrumentos de protección con una visión territorial estrecha-como si su hábitat acabara en Cataluña-y con duplicidades marcadas con otros instrumentos (especialmente a nivel estatal). Así una especie puede ser incluso "plaga" en el  resto del Estado español, que si en Cataluña hay "pocas", puede acabar estableciéndose un parque natural alrededor de su localización. Además cabe decir que en muchos casos ya hay figuras sectoriales que amparan la protección de algunas especies.
  • El Catálogo de hábitats amenazados (artículo 62) no contempla ningún procedimiento para que un hábitat que ha dejado de estar amenazado salga del mismo. Parece indicar que todos los hábitats posibles tarde o temprano estarán amenazados.
  • El artículo 83 dice que la declaración de un espacio natural protegido conlleva la utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa, los bienes y derechos afectados, así como la facultad de la Generalitat de ejercer los derechos de tanteo y retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y celebrados inter-vivos que comporten la creación, transmisión o modificación de derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el interior del espacio natural protegido.
  • El artículo 95, (órganos de gestión de los espacios naturales protegidos), no hace referencia al papel de la propiedad.
  • El artículo 114, establece el Consejo Social de la Naturaleza como órgano de la Generalitat que ejerce funciones de deliberación, consulta y asesoramiento y facilita la participación de la ciudadanía y los sectores interesados en materia de conservación del patrimonio natural. Pero se deja fuera a los propietarios de los terrenos.


ARTÍCULO PUBLICADO EN LA DRECERA. núm. 121. Mayo - Junio 2010
Informativo Agrario del Institut Agricola.