SEGARRA - GARRIGUES


La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate la petición efectuada por el INSTITUTO AGRÍCOLA respecto de la financiación del canal Segarra-Garrigues y la reducción de la zona regable


Por fin parece que una puerta se abre en el camino de la esperanza para mantener en vida la integridad de todo el proyecto de regadío del Canal Segarra-Garrigues. El pasado 19 de marzo, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatió la petición presentada por el INSTITUT AGRÍCOLA respecto de la financiación y la viabilidad económica del canal Segarra-Garrigues. La confusa y contradictoria gestión del Proyecto del canal ha provocado que la Institución Europea acuerde investigar el proyecto, con el objetivo de aclarar las informaciones sobre el recorte de la zona de regadío, el destino del agua y la financiación de las obras.

Por lo menos, nuestra Institución ha puesto al descubierto el problema principal: la violación de los derechos fundamentales de los agricultores por no poder ejercer su derecho a riego. Y es que de repente, una infraestructura predestinada para proveer las tierras agrícolas de agua de riego, ha sido parcialmente reconfigurada para abastecer de agua de boca a las poblaciones.

 


Todo empieza ─ tal y como os hemos ido informando en los últimos meses ─ con una petición del INSTITUT AGRÍCOLA al Parlamento Europeo referente al proyecto del Canal Segarra-Garrigues, con el fin de recabar toda la información posible respecto al importe y la procedencia de la financiación comunitaria.

Sinceramente nos costaba imaginar que un proyecto de regadío de tal magnitud ─ a estas alturas bastante recortado y aprovechable sólo parcialmente ─ se hubiera llevado a cabo, además, con financiación de la Unión Europea. No tenía mucho sentido financiar un proyecto de regadío, cuando no se cumplirían los objetivos principales del mismo, como era suministrar agua a los agricultores. Efecto convertido como resultado de la afectación de una parte considerable de la zona de nuevo riego por espacios de Red Natura 2000. Y estar en estos espacios prohibido el riego. Hoy por hoy, 42.100 hectáreas dejan de ser regables ─ un 60% del total inicial ─ para convertirse en espacios protegidos.

El Parlamento Europeo ─ raíz de nuestra petición, ─ ​​pidió más información a la Comisión Europea. Esta respondió en su Informe, entre otros aspectos, que recibió una solicitud de cofinanciación europea por el proyecto denominado "Abastecimiento del Canal Segarra-Garrigues". Dicha solicitud fue remitida por las autoridades españolas y se inscribe en las prioridades del Programa Operativo 2007-201 de los Fondos de Cohesión-FEDER. El proyecto tenía por objetivo la construcción de infraestructuras por una red de abastecimiento de agua potable de la que se beneficiarían 43 municipios situados en las comarcas de la Anoia, la Conca de Barberà, La Segarra y L'Urgell. Para este proyecto se contemplaría ni más ni menos que una ayuda europea de 15,5 millones euros, ascendiendo el coste del proyecto a 31.310.601 euros. En vistas de ello, ¡se nos encendieron todas las alarmas! Era evidente, ahora, que con este nuevo proyecto se pretendía derivar parte de las aguas de riego para abastecer a los municipios de agua potable, vulnerando gravemente los derechos fundamentales de los agricultores.

Con todo ello es evidente que no se están respetando los intereses de los agricultores. El proyecto del Canal Segarra-Garrigues se concibió únicamente para la transformación en regadío y la mejora de dotaciones de riego de 70.150 hectáreas, dedicadas a cultivos de cereal, olivo, vid y almendros, entre otros. Sin embargo, ahora nos topamos de frente con otra realidad: el Canal Segarra-Garrigues se ha convertido también en un proyecto para abastecer a los municipios de agua potable. Pero, ¿y nuestros regantes? ¿Qué se ha hecho con aquel proyecto de desarrollo territorial, declarado de interés de primer orden por el Gobierno que se inició para regar miles de hectáreas con el fin de llevar riqueza en el territorio? Sí, habéis oído bien, fue proyectado para regar, no para abastecer de riego a los municipios.

Y volvemos a plantearnos, ¿qué han hecho nuestros gobernantes para salvaguardar el derecho de riego y la honorabilidad de los agricultores? Parece que no se han esforzado demasiado. Una vez aceptado y resignados con que buena parte de los terrenos que debían ser regados pasen a espacios protegidos, han encontrado una curación. De repente, buscamos un nuevo destino para las aguas de riego, y todo solucionado. Y además, parece ser que subvencionado por Europa. Parece mentira, que hoy por hoy, la "Red Natura 2000" más que una limitación o afectación en el territorio, sea el motivo o la razón perfecta para abastecer de agua a los municipios.

EL INSTITUTO AGRÍCOLA no está en desacuerdo con que se abastezca de agua potable a las poblaciones. Todo ciudadano tiene derecho tanto en el agua de riego así como al agua de boca. Pero siempre que se haga con las infraestructuras suficientes de manera ordenada, organizada y de acuerdo con la legislación vigente. No es de recibo modificar el destino de las aguas de un proyecto predestinado para los regantes. Ni aceptamos que ahora muchos empresarios agrarios se vean obligados a no poder disponer de un agua de riego que les había sido concedida. Y más cuando supuestamente obedece a unas directivos medioambientales ─ protección de espacios esteparios de la "Red Natura 2000" ─ que aún no se han demostrado incompatibles con la actividad agraria.

Se habla de hace años que se han de llevar planes pilotos para demuéstralo, pero todavía no se sabe nada. Pero sí que el Plan Especial y el Plan de Gestión de los espacios protegidos de la Plana de Lleida dictaminan claramente que en dichos espacios está prohibido el riego. En todo caso, se han cambiado las reglas del juego, vulnerando gravemente los derechos fundamentales de los regantes, que animaban con entusiasmo e ilusión un proyecto generador de riqueza, trabajo y estabilidad socioeconómica. Inversión por parte de los agricultores, de dinero, esfuerzos y sacrificios de todo tipo, para conseguir agua de riego, que se ven hundidos por una Administración ineficiente y desconsiderada que decide unilateralmente derivar el agua de riego en agua de boca para las poblaciones.

Ahora sí, es nuestra oportunidad para abogar un proyecto de futuro, y defender con el mejor acierto y rigor posible, unos derechos y unas condiciones de vida que nos son propias. EL INSTITUTO AGRÍCOLA ha conseguido que el Parlamento Europeo dude del planteamiento del proyecto y empiece a hacer las investigaciones procedentes. En todo caso, no estamos dispuestos a renunciar a un proyecto de esta envergadura y tan provechoso para nuestro sector. Debemos remar todos en la misma dirección. Por tanto, ahora es nuestro momento para demostrar a Europa, los equívocos de nuestros gobernantes y la viabilidad de una infraestructura necesaria e imprescindible para el desarrollo del sector agrario y la industria agroalimentaria de las comarcas de Lleida. Esté seguro de que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para defender este proyecto hasta las últimas consecuencias.

 

Artículo publicado en La Drecera 132. Marzo - Abril 2012
Revista de la Patronal Agraria de Cataluña

Artículo publicado en La Drecera 132. Marzo - Abril 2012

Revista de la Patronal Agraria de Cataluña