Julio - Agosto 2013

 

A continuación ponemos de relieve un resumen de novedades de nuestro sector, así como algunas de las actuaciones últimamente llevadas a cabo por el Institut Agrícola .

 

 

Responsabilidad de los Estados Miembros para garantizar la seguridad alimentaria y la competencia comercial europea respecto a la importación de la avellana de terceros países.

 

Tal y como les informamos en “la Drecera” anterior (mayo - junio 2013), el mes pasado hicimos formular varias preguntas a la Comisión Europea, con el fin de averiguar qué medidas y procedimientos adoptan para garantizar la no superación de los límites máximos de residuos (LMR) establecidos por la avellana turca importada. En la contestación recibida ahora , siendo un tema espinoso , la Comisión evita una respuesta contundente y determina que son los Estados miembros, los competentes para organizar y efectuar controles oficiales para verificar el cumplimiento de la legislación relativa a la cadena agroalimentaria -incluidos los límites de residuos de plaguicidas - . Asimismo expresa claramente que no hay ninguna normativa que establezca la frecuencia mínima para efectuar los controles oficiales a nivel europeo.

 

Sin embargo, remite a los procedimientos establecidos por la normativa europea sin mencionar el tipo de responsabilidad y actuación que debería adoptar la Comisión. La legislación europea prevé auditorías y controles por parte de la Comisión a fin de supervisar la actuación de los Estados miembros. La propia Directiva 2002/63/CE por la que se establecen los métodos comunitarios de muestreo para el control oficial de los plaguicidas, habla de muestras representativas. Pero queda claro que la institución europea no quiere pronunciarse al respecto. Es necesario, por tanto, un ejercicio constante de diálogo y de búsqueda para llegar a consensuar y acordar las mejores condiciones para nuestros productores y evitar la entrada de productos que incumplan las normas. El Institut Agrícola no desistirá en su apuesta, y seguirá llevando a cabo las acciones e interpelaciones que sean necesarias a fin de clarificar y buscar una solución adecuada.

 

 

EL INSTITUTO AGRÍCOLA presenta alegaciones al proyecto de Orden por la que se crea el fichero Adhesiones a Propuestas impulsadas por el Gobierno de la Generalitat.

 

Seguramente muchos de ustedes, estos últimos días, habrán oído todo el alboroto creado alrededor del referido proyecto de Orden. Aunque el Govern ha comunicado que rectificará el proyecto de Orden a fin de no generar malentendidos ni confusiones posibles, el Institut Agrícola creyó oportuno pronunciarse al respecto, presentando las alegaciones pertinentes. Asimismo, pedimos la anulación de la norma por las siguientes razones:

  • Hacer un archivo para saber quién apoya las propuestas del Govern es del todo osado, desproporcionado e inmoral. Vulnera los principios de buena fe y de confianza legítima con que deben actuar las administraciones públicas.
  • La aplicabilidad del proyecto de Orden es una clara extralimitación del poder ejecutivo sin ningún fundamento jurídico y de poca calidad democrática.
  • Parece que se quiera "clasificar" a los ciudadanos para que se expresen de manera pública y apoyen la acción gubernamental.
  • Las administraciones públicas deben estar al servicio de todos los ciudadanos, sin discriminación de ningún tipo (artículos 14 y 24 de la Constitución Española).
  • La normativa de protección de datos prohíbe expresamente crear un fichero donde figuren los datos que rebelen la ideología y creencias de los ciudadanos (artículo 7.4 de la Ley 15/ 1999 de Protección de Datos de Carácter Personal) .
  • Falta de claridad en la estructura del fichero, con campos de difícil definición.

 

 

El Gobierno modifica el texto refundido de la Ley Estatal del Suelo.

 

Recientemente ha entrado en vigor la Ley 8 /2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. La referida normativa modifica, entre tantas otras, en su disposición final duodécima, el texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Los preceptos modificados inciden en gran medida en el deber legal de conservación de los inmuebles. Dicho término incluye los trabajos y obras necesarias para adaptar y actualizar progresivamente las edificaciones. En particular, se refiere a todas aquellas instalaciones explícitamente exigibles por la normativa existente. Asimismo se define con mayor precisión y se perfila más específicamente, el carácter de las obras adicionales incluidas dentro del deber de conservación.

 

Por otra parte, destacamos otros aspectos más importantes de los preceptos modificados de la Ley del Suelo, que son los siguientes:

 

  • Reconocimiento de que en el suelo rural se pueden hacer otros usos que los "tradicionales" ( último párrafo del artículo 8.2) ;
  • Se mantiene la posibilidad de reducir / quitar espacios de Red Natura 2000 ( artículo 8.4) si cambian las condiciones y características del espacio ;
  • Exigencia de obras de conservación ( artículo 9.2 ) ;
  • Silencio administrativo de ciertas peticiones : movimientos de tierra , explanaciones , parcelaciones, segregaciones , obras de edificaciones , construcción e implante de nueva planta , ubicaciones de casas prefabricadas e instalaciones similares ya sean provisionales o permanentes , tala masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística , y en todo caso cuando dicha tala se derive de la legislación de protección de dominio público ( artículo 9.8 ) ;
  • Inclusión , como suelo urbanizado , los asentamientos rurales ( artículo 12.4 ) ;
  • Desarrollo de la tramitación de un complejo inmobiliario (artículo 17.3);
  • Inscripción en el Registro de construcciones alegales (art. 20.4 ) .

 

 

Llega la "amnistía catastral " para las construcciones no declaradas.

 

A finales del año 2012 , el Gobierno español incluyó en la Ley 16 /2012 de medidas tributarias , el procedimiento de regulación Catastral 2013-2016 a fin de sanear las cuentas públicas , evitar el fraude fiscal y con un interés del todo recaudatorio . Dicho proceso consistirá , ni más ni menos , que en la detección de construcciones irregulares mediante fotografía aérea u otros mecanismos . La iniciativa trata de localizar los inmuebles de los propietarios ( particulares o empresas ) que no tributan por ellos o que lo hacen de forma incompleta . Su inicio es inminente y se prevé que se alargará hasta el 2016 .

 

Para poner en marcha esta " amnistía catastral”, se ha creado la tasa de regularización catastral. La tasa es de 60 euros por edificación irregular detectada y aplicable para quien tenga un inmueble sin declarar en el Catastro o que haya realizado mejoras y / o rehabilitaciones que no hayan sido declarados. Al mismo tiempo , se podrá regularizar la situación pagando sólo la mencionada tasa de 60 euros y sin ninguna otra sanción ni recargo , excepto el pago de impuestos de años anteriores . La falta de pago de esta tasa supone una sanción que puede llegar a los 6.000 euros en total . El procedimiento , se podrá iniciar de oficio - por el mismo Catastro , notificándolo al interesado - o por solicitud voluntaria de regularización por parte del titular de la construcción .

 

Hay que tener en cuenta que la regularización tendrá efectos desde la fecha en que se efectuó la construcción irregular la que se subsana . Por tanto , el Ayuntamiento podrá liquidar los importes del IBI y otros impuestos vinculados a la finca , más intereses de demora , que se dejó de ingresar por la edificación regularizada durante los ejercicios no prescritos , es decir , los últimos cuatro años - .

 

Además , recalcar que la amnistía sólo permite regularizar edificaciones no declaradas que se hayan construido en propiedades legales . Así pues, la " Amnistía Catastral " no podrá utilizarse para legalizar construcciones ilegales por contravenir la normativa urbanística -como por ejemplo construcciones situadas en suelo no urbanizable - .

 

El Institut Agrícola considera que la "amnistía catastral" puede ser una gran oportunidad para legalizar la situación irregular de inmuebles y edificaciones. Y es que no sólo se podrán evitar elevadas sanciones pagando sólo la tasa de 60 euros, sino que también servirá para poner al día la propiedad, evitando futuras incidencias, sobre todo en caso de venta o transmisiones - herencias, por ejemplo- donde a menudo los datos y medidas reales de los inmuebles no concuerdan con las catastrales ni con los del Registro de la Propiedad.

 

Artículo publicado en La Drecera 140, Julio - Agosto 2013

Revista de la Patronal Agraria de Cataluña