Cataluña, ¿Belén viviente?

 

La Ley Ómnibus (del latín omnis = todo, y por tanto "ley para todo") debería poder quitar muchos de los lastres burocráticos de Cataluña. Al menos esto es lo que se ha intentado con su aprobación. Ha costado un cuarto de legislatura, pero ha llegado.

 

Si los años de autonomía han culminado en un sistema legislativo espeso, pesadamente espeso, la interpretación que ha hecho la Administración de la Generalitat es aún más opresiva. De hecho, en conjunto, esta administración es un baluarte contra cualquier iniciativa. Es la gran fuente de “deshechizos”, es la gran castradora de ideas. Cataluña es el país de las prohibiciones.

 

Desde el último decenio, influido por la burbuja inmobiliaria, han inducido unas dinámicas en la administración, especialmente a través del extinguido Departamento de Medio Ambiente (y Vivienda), donde de forma sistemática se ha estado coartando cualquier iniciativa. Por la falta de una clase política firme, con la cabeza bien amueblada, se ha ido estableciendo una dinámica muy resiliente, donde ante cualquier iniciativa la respuesta ha sido NO y después, “ya hablaremos”.

 

Mientras la situación económica era favorable, aunque la mayoría de proyectos fracasaban en el intento, una pequeña parte de ellos conseguía imponerse a la Administración de la Generalitat y acababa teniendo éxito. Hoy cualquier iniciativa se diluye en los obstáculos que aparecen en la primera de las ventanillas donde se llama. No importa de qué Departamento sea. La administración actúa generando un problema para cada solución que se aporta. Cualquier iniciativa se abandona.

 

Y no es un problema de complejidad legislativa. Aunque será bienvenida cualquier ley Om-nibus que quite carga burocrática, la subespecie de “Homo sapiens catalanensis”, está bastante bien adaptado al embrollo legislativo. Lo que no soporta nada bien es la falta de empatía de las Administraciones Públicas, entendidas como un conjunto, ante cualquier intento de reflotar el país.

 

Ante esto, como la subespecie tiene capacidad de desplazarse, los individuos que sobrevivirán serán, a buen seguro, aquellos que huyan de su hábitat original, o sea Cataluña, para ir a hábitats más favorables, o sea al extranjero.

 

Si transponemos esta visión genérica de falta de control político sobre las administraciones públicas por el caso del medio rural, del “Hinterland” de Cataluña, la situación es angustiosa. A lo largo de los años ha ido tejiendo una situación administrativa, (más que legal, o un se-intelecto grupo de funcionarios elegidos, unos funcionarios “alfa”), dedicada a jugar al juego de los "Colonizadores de Catán" con el Hinterland de Cataluña.

 

Enarbolando la bandera de defensores de unos excesos urbanísticos, que nunca han existido más allá de 25 km de distancia de la AP-7, la N-II, o la N-340, o bien enarbolando la bandera de defensores contra una degradación ambiental que tampoco nunca ha existido en el hinterland, este colectivo de elegidos ha estado jugando, y todavía juegan a crear un Hinterland en la medida de su gusto personal, que en términos generales está bastante teñido de pintoresquismo y una gran dosis de anti-evolucionismo al estilo de los amish de Estados Unidos.

 

De hecho es un producto muy vendible a la población metropolitana catalana porque genera paz de espíritu. Genera paz de espíritu a una población metropolitana que sí ha participado en los excesos urbanísticos, que sí genera problemas ambientales, que sí es consumidora insaciable de recursos naturales, que sí deriva cantidades ingentes de agua del Ter en detrimento de su sistema fluvial, que sí que implanta las centrales nucleares tan lejos como puede de la metrópoli.

 

Y genera paz de espíritu porque cree que prohibiendo de alterar lo que no ha sido alterado exculpa del daño por ellos cometido. La idea es ciertamente sugerente para éticas simplistas. Si a esto se le suma el romanticismo inherente al pintoresquismo, la idea tiene buen mercado. En resumen, exculpa a los pecados cargándolos al prójimo.

 

Es una corriente de pensamiento de un gran relativismo moral, porque perpetúa, indefectiblemente, a que la población que vive en este hinterland, siempre más atrasado que la metrópoli, en permanente nacer un estado de limitación de acceso al progreso. De hecho es una corriente de pensamiento que divide a los ciudadanos en dos clases. Una clase que viaja montada a caballo del progreso social, económico y material, y una segunda clase obligada a hacer de figurante en un belén viviente.

 

Cierto es que hay grandes actores que se ganan bien la vida, pero la realidad es muy diferente. Con el transcurso de los últimos 30 años se ha ido observando como en un país que pretende ser del primer mundo, las diferencias sociales entre la población metropolitana y la población del ruaral, se han ido ensanchando. La renta agraria se ha separado respecto a la renta de la población urbana, la brecha en la facilidad de acceso a los servicios básicos (agua, electricidad •, telecomunicaciones, gas, etc ..) también se ha ensanchado. La supresión de escuelas locales y el desplazamiento forzoso de estudiantes, a veces a más de una hora de su domicilio, ha sido la gran solución metropolitana a la organización de un país que es un continuo de pueblos y aldeas.

 

La desidia de la clase política fomenta el juego de los "Colonizadores de Catán". Juegan a hacer su belén. Un belén corto de miras, porque el modelo que se inspiran es el de los cuentos de Pulgarcito de cuando eran pequeños, que por cierto ya era bastante bucólico a principios del siglo XX.

 

Si la cuestión se aborda por el lado del urbanismo, desde la primera ley del suelo de 1956, se ha ido observando una evolución muy lesiva para el hinterland. Desde las posiciones iniciales donde el no urbanizable era considerado un territorio no planificado, ha evolucionado hasta las posiciones actuales en el que el suelo no urbanizable es un territorio a perpetuar como virgen. Estrictamente el redactado de las leyes no difieren especialmente a lo largo de medio siglo, pero lo que sí ha cambiado es su interpretación.

 

Esta evolución de pensamiento se sustenta sobre éticas muy simplistas. No se alejan mucho de aquellas visiones muy propias del primer mundo que reclaman la preservación de las culturas "indígenas". Son todos ellos corrientes de opinión que, defendiendo la pantalla visual pintoresca de los saltos, los vestidos rojos y los rebaños de cabras de los masai, no se dan cuenta que pretenden obligar a un colectivo de personas a no acceder al conocimiento y la universidad, a vivir en un permanente estado de malnutrición o bien a residir en unas chozas de barro que no alcanzarían la cédula de habitabilidad en ninguno de los barrios más marginales de Cataluña.

 

De hecho no difiere mucho de aquellos parques zoológicos de finales del siglo XIX establecidos en las capitales de las potencias coloniales y donde se exhibían, detrás de las rejas, poblaciones indígenas de África, viviendo en recreaciones de poblados, con barracas de blandas y con grupos familiares malviviendo como los monos. Y al redil un cartel diciendo "prohibido tirar comida a los negros". Todo se repite.

 

Este es el mismo sustrato intelectual que redacta catálogos de masías para ir con barretina y “cagar el tió”. Unos catálogos de masías que priman el aspecto estético de la edificación ante la necesidad de vivir (y entonces arquitectos municipales no permiten modificaciones de las aberturas para que pase

Son unos planeamientos que, mientras la ley obliga a pavimentar todas las vías públicas, prohíben pavimentar los caminos rurales, y por extensión obligan a la población residente a convivir y marchar, diariamente en el barro y los regueros.

 

Son aquellos planeamientos, que incorporan parques agrarios como el de Sabadell donde la autoridad urbanística pretende determinar las variedades de cereales a plantar; que deben ser, sobre todo, tradicionales y que por supuesto, tienen una productividad bajísima y el mercado no las acepta. Pero, si las figuras del belén viviente malviven en la pobreza, poco importa.

 

Son parques agrarios como el del Baix Llobregat donde se hacen cursos de labrar con caballo como gran pintoresquismo. (Pero lo que esconden los funcionarios lo imponen). Para arar con caballo 1 hectárea, el agricultor, a las puertas del siglo XXI, debe caminar 30 km, a pie, detrás del animal.

 

Son planeamientos urbanísticos como los del Penedés que protegen el "paisaje de las viñas", aunque el sector vitivinícola esté hundiendo y requiera urgentemente una transformación de su superficie a los cereales de secano o la doble cosecha de cereal con regadíos de apoyo. Pero alguien hace 20 años, ideó un pesebre viviente como el de Falcon Crest y decidió hacer una tele-serie como Nissaga de Poder. La población de este hinterland creyó que el país tenía una política vitivinícola y que podía plantar viñas para que se garantizara la venta del producto final. Hoy observan, arruinados, que sólo es pintoresquismo de algunos políticos.

 

Son planeamientos como el de Ullastrell donde se determinaba qué especies de frutales se podían hacer en cada campo. ¿Qué hacían los funcionarios representantes del Departamento de Agricultura en la Comisión de Urbanismo aparte de cobrar dietas?

 

Y entre las formas de inmovilismo, la Red Natura 2000 ha sido la mayor tontería perpetrada, entrada por los altos funcionarios y avalada por los gobernantes ignorantes en la materia. Ni que decir de ella casi nada, más allá de que entre lo que preveía la Directiva Europea y el tinglado que se ha montado en Cataluña hay un abismo, puesto que la Red Natura 2000, en Cataluña, ha sido una jugada de los "Colonizadores de Catan" durante una noche de enajenación mental.

 

Y por cierto, aviso a los navegantes: El tratado de Lisboa prevé que los gastos de gestión de la Red Natura 2000 vayan a cargo de los Estados miembros. Por lo tanto de Bruselas no llegará ni un céntimo (porque los tratados de la Unión lo impiden), de Madrid tampoco (porque ya es habitual que no lleguen) y en Barcelona la bolsa ya está deshollinada. Ahora hagan cuentas y a ver quién paga la fiesta.

 

Todo ello, mirado desde la distancia, no es un problema legal. Es un problema moral; mejor dicho, de inmoralidad. Es un problema de inmoralidad porque una minoría, que no son ni siquiera representantes de los ciudadanos, sino que son servidores públicos, han subido a la joroba de los gobernantes y que llevan tiempo moviendo los hilos del hinterland catalán como si su población no fueran ciudadanos. Y mientras la clase gobernante mira para otro lado: hay que recordarles que por omisión también se peca.

 

Las conclusiones son diversas. En primer lugar el gobierno debe tener claro la diferencia existente entre las leyes y las políticas. A pesar de que sea necesario reducir el corpus legislativo de Cataluña, y por extensión el corpus normativo agrario, esto no impide que con la misma ley se puedan llevar a cabo políticas diferentes. Por lo tanto, hay que entender el hinterland catalán como una fuente de recursos primarios para la metrópoli donde los habitantes del medio rural son tanto ciudadanos de primera como los ciudadanos metropolitanos. No son figuras de pesebre viviente ni salvajes de África expuestos en el parque zoológico de la Ciutadella.
Este trasfondo país tiene derecho a viajar en el mismo tren que la metrópoli. Tiene derecho a ganarse la vida. Y, mientras ejerció de figurante en un belén viviente no genere una renta neta de 3.000 euros mensuales per cápita, los ciudadanos de este hinterland deben tener la libertad absoluta de no tener que participar del parque temático que algunos responsables del país pretenden imponer e incluso de ganarse la vida en el seno de la comunidad local donde tienen sus raíces.
El desarrollo sostenible, el nombre lo indica, implica desarrollo y progreso de las comunidades que afecta. Debe tener libertad para decidir su futuro sin imposiciones de estilo colonial. De continuar así, el Hinterland de Cataluña deberá terminar reclamando el ejercicio activo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007.

 

En segundo lugar es imprescindible que el Departamento de Agricultura haga catarsis de su propia razón de ser. De una vez por todas debe decidir si hace política agraria y rural o sigue manteniendo una megagestoría, inoperante y cara, dedicada a contar y recontar vacas y cerdos, y repartir subsidios, vestidos de subvenciones, para indigentes agrarios creados por el propio aparato de la Generalitat.

 

Y en este marco, los gobernantes del Departamento de Agricultura deben ser políticamente incorrectos y, subiendo a las tribunas de oradores, deben explicar cómo la política que ha llevado a cabo hasta la fecha ha llevado a una divergencia de la renta rural respecto de la renta urbana, una reducción de servicios y un incremento del desequilibrio territorial. Y, denunciando esto, deben exigir la aplicación de enmiendas y aportar soluciones verosímiles.

 

Finalmente, y la situación de crisis lo requiere, la población rural de Cataluña debe ser intransigente con cualquier imposición limitativa. Un medio rural en regresión, social y económica, no puede tolerar que las prohibiciones derivadas de las opiniones de algunos, sigan coartando las iniciativas individuales de progreso que, si al final tiene éxito, se convierten en colectivas.

 

La población vinculada al medio rural debe ser activa en exigir la derogación de las limitaciones arbitraria, injustificadas o no objetivables. Hay que pasar de una actitud defensiva a una actitud ofensiva. Pensar que habrá compensación económica por las limitaciones arbitrarias es iluso. Y si no puede haber compensaciones económicas, reales, que permitan una renta más que digna, no sólo hay que denunciar las limitaciones arbitrarias, sino que hay que promover su erradicación.

 


Artículo publicado en La Drecera 130. Noviembre - Diciembre 2011
Revista de la Patronal Agraria de Catalunya