Punto y aparte.

He aquí lo que es necesario.

 

Las crisis, sean del tipo que sean suelen tener unos rasgos comunes. Uno de frecuente es poner de relieve los puntos débiles. Es el efecto positivo de las crisis ya que permite, mirado desde fuera, saber por dónde fallan (o fallarán) las cosas. El efecto negativo es que muchas veces quien forma parte del eslabón débil, o lo pasa mal, o sucumbe a la situación.

 

No es diferente al Departamento de Agricultura.

 

En primer lugar hay que reflexionar sobre un aspecto importante y que obviamos muchas veces. Desde el año 1939 al año 1975 van 36 años. ¡De 1975 a 2012 van 37! Todos los que lo vivieron os afirmarán que el antiguo régimen terminó cayendo por caduco y por falta de renovación. Quizás el sistema administrativo y político de la democracia sufre del mismo mal y requiere de un“aggiornamento”.


La Generalitat de Catalunya recibió por herencia del régimen franquista, principalmente, el Servicio de Extensión Agraria (SEA) y los residuos (aunque vigorosos) del Servicio Nacional del Trigo entonces llamado Servicio de Producción Agraria (SEMPA). Sobre estas bases, más algún otro añadido como el ICONA, y los Servicios Provinciales se constituyó el Departamento de Agricultura.

 

Estos dos servicios tenían dos objetivos diferenciados. El primero, el SEA, estaba encarado a la transferencia tecnológica. Hoy puede ser, incluso hilarante, pensar con qué medios se hacía la transferencia tecnológica, pero aquel era un país que no tenía ni redes telefónicas y las que había no eran automáticas y era un país donde los agricultores todavía no habíamos comprado el primero LandRover. Este modelo, basado en dispersar formadores por el territorio aprovechando la red de mercados ganaderos, fue bastante acertado.

 

El SEMPA, por el contrario, era fruto de la necesidad de controlar la producción de comida. Esta necesidad de controlar la producción de comida venía inscrita en la doble cadena del ADN del momento. Por un lado cumplía con el trasfondo de la autarquía y el control estatal de las mercancías en el momento de la venta al consumidor final (como modelo económico del franquismo). En la otra cadena había miedo atávico, extendido por toda Europa, que la población pudiera volver a sufrir hambre y que en la Europa democrática sirvió para fundar el Club de Roma, la antesala de la Unión Europea.

Así pues, se construyó un departamento sobre reliquias del pasado. Emplear la palabra reliquia es procedente, porque en el momento de las transferencias de competencias ambos organismos ya eran más que reliquias administrativas. El curso de la historia ya las había superado. Por un lado la transferencia tecnológica no se hacía, y no se hace, a través de formadores dispersados ​​en el territorio con residencia fija. Por otra parte la comida ya no se controlaba a través del Estado sino de los mercados y, en Rusia, hace unos 20 años, se retiraron las últimas libretas de racionamiento (todavía quedan, sin embargo, en Cuba y Corea del norte).

 

La transferencia de competencias llegó en un momento coyunturalmente desavenido. Era una época que no existía el fax y el télex estaba reservado para las redacciones de los diarios. A esto se le unió la entrada en la Unión Europea. Con acierto por el momento, pero en un gravísimo error a largo plazo, se reconvirtieron las oficinas del SEA en las actuales Oficinas de Agricultura. Se abandonó la transferencia tecnológica (de hecho ya era poco necesaria), y de rebote pareció decaer toda necesidad de hacer política agraria. Por el contrario se reforzó muchísimo la función fiscalizadora de la producción agraria a través de la Declaración de la PAC (antecesora de la actual DUN).

 

Y a partir de ahí se inició un divorcio que, con esta crisis, se ha consumado. La Administración comenzó a entrar en un baile de cifras, números, estadillos, cuadros-resúmenes, declaraciones y sobre todo obvió verificar la realidad sobre el terreno. La actividad agraria, por el contrario, se apuntó al libre mercado y dio la espalda a los estadillos de la Administración Agraria. Se convirtió en una relación intensamente burocrática soportada por parte del sector privado por el hecho de cobrar unas subvenciones anuales. Fue la típica relación tan bien resumida en la expresión: "Dame pan y llámame tonto”.

 

En el entorno del año 2000 los indicadores de emergencia ya brillaban en los cuadros de control. Estaba en marcha la denuncia ante la Unión Europea por la contaminación de purines y estalló una peste porcina en la comarca de Osona. Se puso de relieve un secreto a voces: Los estadillos oficiales eran papel mojado. El Departamento declaraba a la Unión Europea que no podía existir contaminación ganadera con tan poca capacidad de ganado y al mismo tiempo sacrificaba, en las granjas apestadas, tres y cuatro veces más cerdos que los que figuraban en el censo oficial. Nadie se inmutó.

 

Se pretendió solucionar los problemas de purines manu militari haciendo unos planes de deyecciones ganaderas que se incumplieron desde el primer día (de hecho siempre ha fomentado su incumplimiento). El registro ganadero sigue yendo fuera de tiempo, y la desconexión de las subvenciones agrarias de la producción agraria real completó el panorama. En el sector forestal los Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal no se informatizaron hasta hace muy poco, las comunicaciones finales de aprovechamientos forestales reales se dejaron de hacer.

 

¿Qué es hoy el Departamento de Agricultura?

 

En primer lugar se parece bastante al servicio de información de la policía de finales del franquismo. Una gran base de datos con todos los datos falsificados. En la cima de todo esto un montón de funcionarios que aspiran a montar algo parecido a un servicio de inteligencia agraria pero que no lo pueden conseguir porque la contrainformación se ha infiltrado hasta las entrañas del sistema.

 

En segundo lugar es una gran gestoría pública de subvenciones públicas. Cara e ineficiente. Reparten un montón de dinero sobre premisas falsificadas. Ningún sector económico de Cataluña tiene una ratio funcionarios/empresas tan alta como el sector agrario, y encima nadie sabe dónde realmente estamos.

 

Hay un tercer descriptor del Departamento de Agricultura: Es la gran sede del mundo virtual agrario de Cataluña. Con los años se ha ido produciendo una diglosia entre las empresas agrarias y la Administración agraria. El mundo empresarial ha decidido intentar ganar dinero a pesar del Departamento. El Departamento, a todos los escalafones, se esfuerza en poner orden en el amasijo de datos que tiene y al dinero que reparte. Para hacerlo va promulgando normas que intentan obtener información lo más verídica posible. Pero la mentira es tan grande que da vergüenza exponer la verdad. De hecho, el único punto de encuentro entre los empresarios agrarios y la Administración agraria es el intercambio de documentos falseados.

Un cuarto elemento de la Administración agraria catalana es que ha adquirido un mundo virtual propio y sus servicios y sus funcionarios se alimentan de él. Esto no es exclusivo de este Departamento. También es muy acusado en el Departamento de Interior, el Departamento de Enseñanza y / o el Departamento de Salud. Son Departamentos que viven inmersos en sus abstractos problemas en lugar de estar abocados al servicio de los ciudadanos de forma tranquila y real.

 

Y mientras tanto ¿Quien hace política agraria? Nadie.

 

He aquí el gran mal. Las tierras regables del Segarra-Garrigues no se ponen en irrigación a pesar de ser potencialmente regable y haber sido ejecutadas las obras. La producción forestal catalana se ha de vender en el extranjero porque no se logra consolidar un mercado interior (que sería mucho más rentable), el precio de la uva cae mientras que las ventas de vino procedente de Nueva Zelanda inundan los mercados de Estados Unidos en competencia con el pack de 6 cervezas de Homer Simpson.

 

Y todo esto ocurre mientras el Departamento de Agricultura cuenta y recuenta todos los estadillos. Al final "¡el estadillo cuadra!", Todos los soldados están en el cuartel, pero, por la noche las habitaciones están vacías y los burdeles llenos.

 

El adelanto electoral y la crisis son un buen momento para un punto y aparte. La administración agraria catalana necesita un “aggiornamento” urgente. La solución tiene varias vertientes. Hay que emprender un conjunto de acciones simultáneas. En primer lugar hay una voluntad política para establecer una Administración agraria desvinculada del clientelismo de la subvención. La subvención debe ser una herramienta de la política agraria y no la razón de ser de la Administración agraria.

 

Hay que formar equipos de personas que actualmente vivan a caballo del mundo real y el mundo virtual oficial. Se debe buscar quien conozca los vínculos entre ambas realidades y deben ayudar a desmantelar la aberración actual. Quien deberá ostentar el cargo de consejero del ramo (no necesariamente nuevo) debería evitar caer en manos de la dinámica interna del Departamento y deberá tener claro que el objetivo del Departamento debe ser estar al servicio del sector y no el sector al servicio del Departamento. No será tarea fácil. Todos los Consejeros lo han intentado y todos han sucumbido en mayor o menor medida. El Departamento trabaja a espaldas del sector agrario o incluso con independencia del sector.

 

Hay que conseguir centrar la obsesión por acaparar datos. Los datos del Departamento, el estadillo, debe servir para poder hacer política agraria, deben tener más función que la meramente estadística. Por lo tanto, se procederá a sanear toda la información falseada. Para ello se necesitan varias cosas.

 

El primer paso para establecer una recogida de datos a telemática ágil, abandonando el soporte papel y sobre todo abandonando la "inscripción" administrativa. El empresario que quiere mover un cerdo lo moverá sí o sí. Si necesita una "autorización" administrativa y no se la dan, lo moverá igualmente y los datos oficiales serán falsos. Si sólo debe "declarar", telemáticamente, que el mueve, probablemente lo hará y los datos oficiales y reales serán las mismas.

 

En este ámbito los programadores informáticos de la Generalidat deben establecer unas plataformas que cumplan los requerimientos y necesidades del sector agrario y no intentar imponer que el sector agrario se adapte a las plataformas telemáticas que ellos desean y sueñan. El ejemplo más claro sería comprender que las comunicaciones telemáticas en las zonas rurales aún son muy deficientes y por lo tanto las imágenes y el logotipo de la Generalitat de las páginas web pueden resultar ser muy "amigables" y pueden tener mucho "diseño" pero dificultan enormemente el flujo de datos importantes. Es necesario, incluso aquí, abandonar el mundo virtual y tener los pies en el suelo.

 

En segundo lugar hay una reforma profunda del marco normativo agrario de Cataluña. Sería deseable un Código Rural, donde se aglutinen en un único corpus legislativo todas las normas agrarias del país. Actualmente la dispersión normativa es muy amplia, agravada, además, por la gran injerencia de una normativa ambiente muy doctrinaria e involucionista y, hoy, parcialmente separada del Departamento.

 

La codificación de las normas agrarias debería buscar varios objetivos. El primero es replantearse que algunas de las obligaciones legales son prescindibles. De todas las obligaciones prescindibles no debe quedar ninguna. La relación de las empresas con la Administración (es decir: papeles arriba y papeles abajo) cuesta en torno a 25.000 euros al año a cada empresario.Reducir las obligaciones legales y por extensión la relación con la Administración es una manera muy barata de reducir costes tanto para el empresariado agrario como para la administración agraria y aumentar la competitividad.

 

Un segundo objetivo, que debería incluir una buena codificación agraria, sería eliminar las "capillitas" de la Administración. A lo largo de más de 30 años de autonomía, la falta de secretarías generales fuertes ha derivado en la creación de "capillitas" y "reyezuelos" que cada uno de ellos ha logrado hacer aprobar su norma particular con el objetivo de convertirse imprescindible en el día a día del sector agrario. El resultado es una legislación, muchas veces prescindible, y contradictoria.

 

Esta legislación de "capillitas" tiende a ser kafkiana. Por ejemplo: La "capilla" A legisla diciendo que si no se siembra en julio es necesaria su autorización. La "capilla" B legisla diciendo que si no se siembra cuando nieva es necesaria su autorización. La "capilla" C legisla diciendo que si no se siembra cuando el sol salga por poniente es necesaria su autorización. Ante la imperiosa necesidad empresarial de sembrar, el agricultor suele tomar su camino y declara haber sembrado en plena nevada, en el mes de julio, aquel día que el sol salió por poniente. En la práctica siembra un día soleado de noviembre que el sol ha salido por levante (como siempre).

 

En un contexto informatizado y globalizado el Departamento de Agricultura debería tender a que la cotidianidad sea automática, sin intervención administrativa y a poder ser sin intervención humana. Hay que poner fin también al exceso de celo, o incluso analizar si el celo es productivo o contra productivo. Pongamos por caso: Un ternero en Gòsol, el Berguedà. Los terneros muertos a entregar a un gestor de cadáveres. Hay oficinas comarcales que no tramitan defunciones de terneros si no se entrega el recibo del gestor de cadáveres. Este celo puede parecer acertado, pero resulta que hay veces que es difícil retirar un cadáver de un barranco de la montaña. Pero como el funcionario de turno se aplica al exceso de celo, la vía para superar el escollo administrativo pasa por retirarle los crotales, declarar que ha sido enviado al matadero y "perder" su carne entre las muchas hamburguesas. La realidad es que sigue estando en el fondo del barranco.

 

Quizás menos celo y más realidad sobre el terreno hubiera podido permitir saber que el ternero no había muerto de accidente sino que había muerto por el ataque de un lobo, quizá eso hubiera podido permitir saber que hay lobos en el Cadí misteriosamente llegados desde los Alpes italianos y quizás hubiera podido permitir saber que alguna partida presupuestaria encubrió un transporte y la introducción irregular de especies en un ecosistema y quizás habría podido saber que alguien había cometido un delito contra el medio ambiente. Pero nuevamente la realidad real a pleno terreno y la realidad virtual administrativa son opuestas. En un caso el novillo está en el fondo de un barranco y en el otro forma parte de una hamburguesa del McDonalds.

 

Es necesario que la colectividad del Departamento de Agricultura tome conciencia de que están al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos a su servicio. Quizá el término inglés civil servant, como traducción de funcionario, es más ilustrativa.

 

Finalmente, de una vez por todas hay que poner el Departamento al servicio del país, desarrollando una verdadera política agraria. Actualmente ni el 10% del personal del Departamento está dedicado a la política agraria. La mayor parte del Departamento se dedica a funciones exclusivamente burocráticas, la mayoría de ellas improductivas por cuanto se corresponden a la realidad real, la necesidad de las cuales es dudosa. Al final quizá sea verdad la máxima de los funcionarios del gobierno central "nosotros planificamos y las autonomías administran". Triste ....

 

Si fabricar unas alpargatas requiriera tanta injerencia administrativa como engordar un ternero todos iríamos descalzos. De cualquier manera el tercer aportador de ingresos al PIB catalán merece un departamento modernizado a 30 años de su fundación. Hoy que no hay dinero para repartir y por tanto poco trabajo en los despachos de la Administración quizá fuera la hora de reformarla.

 

Artículo publicado en La Drecera 135. Septiembre - Octubre 2012

Revista d ela Patronal Agraria de Catalunya