El pequeño pueblo, la tribu y el régimen tribal

 

Aprendimos de los romanos el régimen tribal. Los tribunos representaban ordenadamente, bajo la Lex y la Pax romana, todo lo que de bueno tiene el autogobierno y las libertades civiles. Si hoy nos cargamos el autogobierno de los pequeños pueblos, nos cargamos la estructura que nos ha educado durante más de dos mil años. Las cosas grandes, en Cataluña, siempre han salido de la unión libre e independiente querida y cementada de las tribus pequeñas. El “trencadís” de Gaudí es esto; de ahí que, hasta inconscientemente, gusta tanto. Nos gusta tanto… Cada pieza es cada pieza, dentro de la ridiculez, su capacidad de unión con otras logra, mediante el cemento, algo precioso, nuevo. Potente y al mismo tiempo antiguo y arraigado, respetuoso y respetado. Hay que respetar los pueblos pequeños que son mayoría, hay que repensar la estructura municipal dentro del marco de las responsabilidades que cada ciudadano debe asumir por el hecho de serlo. Sin ciudadano no hay pueblo, ni grande ni pequeño, que valga nada.

 

La estructura municipal, tanto en Cataluña como en España es fruto de un proceso lento y sostenido de adquisición de libertades civiles. Es fruto de más de 500 años de transición del feudalismo hacia la democracia, empezando por las estructuras locales. En algunos casos, como en el Valle de Arán y otras zonas aisladas, los municipios derivan de la vertebración de los regímenes tribales, puesto que nunca quedaron sujetos a un verdadero régimen feudal.

 

Este proceso lento y sostenido genera, en la población, un fuerte sentimiento de pertenencia al grupo. Es normal, porque son movimientos de base. No se trata de divisiones artificiales como la división de los estados de África en el siglo XIX. Son divisiones administrativas creadas por consenso y costumbres.

 

En España hay 8.116 municipios, 947 de los cuales en Cataluña. De este total de 8.116 municipios hay 6.779, el 83%, que tienen menos de 1.000 habitantes. En Cataluña 479, el 50%. Cerca del 90% del territorio del Estado está dentro de municipios de menos de 1.000 habitantes.

 

Es normal que ante un escenario de restricción presupuestaria haya la tentación de decir que los pequeños municipios son estructuras administrativas caras. Nada más alejado de la realidad.

 

Los pequeños municipios pueden considerarse estructuras administrativas poco eficientes, pero en ningún caso caras. De hecho resultan muy baratas.

 

La pregunta crucial es: ¿qué pretendemos de un municipio? La primera respuesta es: tener un control institucional sobre el territorio del Estado. Dicho de otro modo: evitar que el 90% del territorio del Estado se convierta en territorio comanche.

 

Hoy, en el Estado y las Comunidades Autónomas les es muy difícil controlar el trasfondo del país, aquel hinterland que tantas veces hemos hablado. Con la actual estructura municipal como mínimo hay, buenos o malos, unos interlocutores locales. Ante un escenario de supresión masiva de municipios la situación derivaría en un mapa de pueblos y aldeas sin referentes institucionales.

 

Supongamos, ahora, dos escenarios muy similares. Las urbanizaciones y los pueblos del Pirineo. Ambos comparten la misma característica. Son núcleos de población y colectivos desunidos de la capital de municipio. En las urbanizaciones (salvo Valldoreix y Bellaterra) la administración se lleva centralizada desde la capital del municipio. En muchos lugares del país hay entidades locales menores (las antiguas pedanías).

 

El resultado en cuanto a conflictividad es manifiestamente opuesto. En las urbanizaciones los colectivos poblacionales se unen para actuar beligerantemente contra los Ayuntamientos, mientras que en los entes locales menores, la autonomía propia los corresponsabiliza de forma que la gobernanza resulta más calmada.

 

La primera conclusión práctica es que la administración eficiente de un territorio y, sobre todo, poco conflictiva, pasa por estructuras espontáneas locales. Los sistemas excesivamente centralizados derivan en ineficiencias y sobre todo, en una imposibilidad material de control efectivo sobre el territorio.

 

Los sistemas centralizados tienden a querer informatizar todo. Pero la información informatizada, al ser binaria, es muy vulnerable, y al final acaba en una situación donde las bases de datos no coinciden con la realidad. Acabaría, pues, vertiendo a una situación donde la realidad institucional y la realidad real serían muy divergentes.

 

Ante este escenario los Estados han abordado el problema de varias maneras. Países de la ex-órbita soviética (pero también Marruecos) diferencian entre lo que podríamos llamar municipios urbanos y municipios rurales. La división no es estrictamente poblacional, sino que hay otros componentes. Así pues puede haber municipios urbanos con menos población que municipios rurales, y viceversa.

 

En este caso también las competencias son diferentes. Un municipio urbano puede tener más competencias en materia de salud que uno de rural, pero uno rural puede tener más competencias en materia ganadera que uno de urbano. Hay modelos competenciales diferentes para municipios diferentes.

 

Otra manera de abordar el problema es el modelo francés. La estructura de competencias administrativas es la misma (como en el caso de España), aunque en los últimos años se ha impulsado, vía incentivos presupuestarios, el establecimiento de mancomunidades de servicios internos administrativos. Cada municipio tiene sus representantes electos, es decir, cada municipio, cada "tribu", decide autónomamente que quiere hacer. Decide si quiere gastar el dinero con alcantarillas o en alumbrado.

 

Ahora bien. Estos municipios franceses manuncomunan los servicios administrativos. Disponen de un buen letrado para los municipios de la comarca. Disponen de un buen interventor de cuentas. Disponen de un buen ingeniero. Disponen de un buen urbanista. Disponen de un buen higenista. Pero lo disponen en conjunto, lo disponen compartido.

 

La diferencia radica en que se supera el handicap de nuestro país donde, en un Ayuntamiento, uno se encuentra con una secretaria habilitada que también hace de interventora, un arquitecto que calcula instalaciones de agua y un médico que hace de prefecto local de sanidad e informa sobre la salubridad de las granjas de conejos. Y con este modelo tan propio, cuando viene una granizada administrativa todo acaba como el rosario de la aurora porque evidencia la incompetencia administrativa de sus funcionarios. Saben poco de nada y nada de todo.

 

La evolución hacia el modelo francés, en las comarcas donde la capital de comarca no es desproporcionada respecto a su hinterland (léase, por ejemplo, el Solsonès), se está produciendo de forma espontánea. En comarcas como el Vallès Occidental esto resulta imposible. En el caso aragonés esta evolución, positiva, aunque resulta mayor, ya que han establecido mancomunidades puras de servicios municipales, con un peso político muy bajo.

 

En el caso catalán, los Consejos Comarcales podrían convertirse en una buena plataforma de salida para acercarnos al modelo francés, pero en todo caso deberían producirse algunas modificaciones sustanciales porque el modelo evolucionara correctamente.

 Se podrían resumir en lo siguiente:

 

  • La carga política de los Consejos Comarcales debe quedar reducida al Consejo de Alcaldes y suprimir los Consejeros Comarcales.
  • La mancomunación de los servicios administrativos (que no quiere decir la atención al ciudadano) debe ser real y efectiva, de forma que las oficinas municipales se conviertan ventanillas únicas de unos servicios administrativos potentes, solventes, tecnificados y mancomunados. Las mancomunidades no deben atender al ciudadano. Los funcionarios mancomunados deben ser de primera fila profesional.
  • Una vez iniciada la conversión de los Consejos Comarcales en Mancomunidades de debe dar total libertad para que se adapten territorialmente. Hay Consejos Comarcales donde sus límites geográficos y etnográficos ajustan bien a los límites políticos (como el caso del Ripollès) o bien casos como Osona donde se observa una fuerte dinámica cesionista por parte de Lluçanès. Lo importante es que los municipios se sientan cómodos en su mancomunidad y no se encuentren forzados.

 

Bien es cierto que acabaríamos con más Mancomunidades que Consejos Comarcales. Quizás algún Consejo Comarcal desaparecerá del mapa.

 

Lo que es imprescindible es que los servicios administrativos (y no hay que confundir con la atención al ciudadano) sean de primera, digno de un país de la Unión Europea y no de "república bananera".

 

 

Artículo publicado en La Drecera 134. Julio - Agosto 2012

Revista de la Patronal Agraria de Cataluña