¿Podemos prescindir de la administración forestal?

Dicho así, de entrada, puede causar conmoción. Debemos ser valientes para hacer una autocrítica del sector y ver, hasta qué punto la administración forestal que tiene Cataluña es necesaria, y se cumple con algún objetivo concreto que beneficie a los intereses generales.

 

De entrada, obviaremos de este análisis la pretendida necesidad de una administración forestal basada en ideologías ecologistas apocalípticas, donde la destrucción del planeta es inminente debido a la maldad intrínseca de la especie humana. Este conjunto amorfo de pensamiento no tiene mínima base científica y, por tanto, es equiparable con el discurso doctrinario de cualquier telepredicador. Descartado este aspecto analizamos, pues, la administración forestal.

La administración forestal nace durante la segunda mitad del siglo XIX para dar solución a un grave problema de deforestación pan-europeo, derivado del exceso de demanda de maderas y leñas en los momentos primerizos de la revolución industrial. El problema que se llanear el Estado (español y otros europeos) no era estrictamente ambientalista sino que era tangible. Tangible, principalmente, porque derivaba en dos problemas: El primero la falta de productos forestales y el segundo en inundaciones descontroladas posteriormente ampliado a los procesos erosivos que aterrizaban los pantanos y destruían infraestructuras.

Las administraciones forestales de los estados europeos, incidían en los bosques públicos. La concepción política de la época no les permitía intervención pública en los montes privados. Simplemente: no entraba en la cabeza de la clase política. Pero a pesar de esta limitación quedaba un amplio campo de trabajo abierto en los bosques "públicos", ya fueran los comunales españoles, las nacionalizaciones de la nobleza en los países surgidos del hundimiento del Imperio Austro - Húngaro o los bienes confiscados a la Iglesia en Francia.

La intervención pública en los montes privados, en España, tiene como primer precedente ciertas injerencias durante la dictadura de Primo de Rivera. El advenimiento de la II República puerta dos consecuencias:

A nivel estatal se da forma a una verdadera política hidrológico-forestal, la necesidad de la que ya fue concebida en la época que Cambó fue ministro de Fomento. La guerra civil detener cualquier intento de puesta en práctica de esta política.

La segunda consecuencia, y ésta a nivel estrictamente catalán ya través de la Generalitat, fue la intervención administrativa de la recolección forestal, en los bosques privados, con inspecciones previas a través de los Mossos d'Esquadra.

Superada la guerra civil y la posguerra más inmediata, organiza la actual administración forestal y se aprueba la "Ley de Montes". En esta ley se refunden, implícitamente, los aspectos precedentes de la proto-administración forestal con elementos ideológicos del franquismo falangista (o sea el más doctrinario). Se pueden resumir en tres:

Mantenimiento de la política hidrológico-forestal de alta montaña.

Intervención administrativa de las mercancías forestales en el momento de su puesta en el mercado.
 
Finalmente, el tercer elemento es un paternalismo de Estado, por el que el Estado proveía de asistencia técnica a los propietarios de montes.

Este preludio historicista es necesario para comprender como derivado de AMINISTRACIÓN forestal catalana y sobre todo debe permitir comprender cómo podar-la.

La pregunta central que debemos hacernos es: "Es necesaria la intervención pública en el momento de la recolección de los productos forestales?" La respuesta, categóricamente, es NO. No hay. La situación actual es la perversión de unos conceptos, admisibles en una época, pero actualmente tranuïtats.

Si seguimos con el proceso de análisis nace una pregunta que no tiene respuesta, o al menos la respuesta es poco convincente: ¿Por qué la administración pública es desentiende de los árboles durante los ochenta, cien, o ciento cincuenta años que tarda en crecer, y en el momento de la recolección debe opinar hasta el bedel de la entrada? Pregunte y nadie le contestará.

No contesta porque debe de haber intervención administrativa. Y no lo contesta porque nunca ha habido esta necesidad. Lo que pasa es que la asistencia técnica que la administración franquista proveía era pública y esto ha derivado en el malentendido que es necesaria la intervención pública en el recolección forestal.

Si a esto le suma las ideologías ecologistas apocalípticas y el pánico de los políticos a ser contestados, desvía en una solución simplista: "El gobierno controlará los aprovechamientos forestales para que los bosques no desaparezcan!" Y, ave, envuelve que hace fuerte! Porque como no hay una razón pública de la intervención administrativa esta deriva en pura burocracia. Y el gobierno de turno, en caso de ser increpado, puede exhibir toneladas de papel en forma de expedientes, que no sirven para nada. Toneladas de papel absolutamente intrascendentes de los que sólo sirve esa línea que precisamente se está buscando.

Por lo tanto, primera conclusión: La administración forestal, en sí misma no garantiza "la perdurabilidad de la masa".

Hagámonos otra pregunta: La administración forestal, sigue prestando asistencia técnica? La respuesta, categóricamente, es NO. Salvo algún caso muy concreto en el Pirineo central y en el marco de los bosques públicos, la asistencia técnica es manifiestamente escasa y de baja calidad. Aunque la legislación de haciendas locales siga imponiendo la obligación de contar con la asistencia técnica de la administración forestal de la Comunidad Autónoma, incluso los municipios han tenido que buscar asistencia externa para la poca asistencia que se les presta.

Y del sector privado ya ni hablamos. Intente ir a proponer alguna innovación forestal, por respuesta se encuentra un no, no sea que el funcionario de turno pudiera ser retomado y ya se encargarán de obligaros a seguir los postulados de la silvicultura más clásica aunque sea la peor solución. Tenga un bosque de pino vástago con problemas de regeneración y decid que queréis hacer un corte alrededor para bosques, con desbroce y quema de restos. No os explicarán paso lo de la "perdurabilidad de las masas". Si está de suerte y no te ponen en manos de la fiscalía de medio ambiente; al día siguiente tendrá, convenientemente informados, miembros de alguna secta ecologista encadenados a los pinos.

Y en este conjunto un comentario al cuerpo de agentes rurales es inexcusable. El cuerpo de guardas forestales, en tiempos pretéritos, era un cuerpo técnico de base, ya que todos tenían una formación profesional en materia forestal y servían, al menos a nivel conceptual, para transferir conocimientos forestales a los propietarios particulares. Tenían la particularidad de ir uniformados, pero lo de los uniformes es un vicio de todas las dictaduras militares, y tenían una cierta tendencia a la corruptelas para que el plan teórico del sistema lo permitía.

Hoy el cuerpo se ha convertido en un brazo ejecutor de la política de terror de la Generalidad de Cataluña. Imagínese hasta donde llegó la situación que en la demarcación de Girona se habían estado pagando complementos de sueldos en base a los expedientes de denuncia que se abrían.

Segunda conclusión: La administración forestal no presta, en estos momentos, asistencia técnica. Es preferible no acudir, no sea que se enteraran de sus debilidades y aplicaran el terror. De hecho el paternalismo de Estado migró hacia la intervención de Estado para derivar en terror de Estado. El lobo con piel de cordero ha entrado en casa.

Y el Centro de la Propiedad Forestal, qué? El elemento semial del Centro de la Propiedad Forestal son los Centros de la Propiedad Forestal franceses, con la diferencia que en Francia el 50% del coste de la estructura a cargo de los propietarios forestales y el otro 50% van a cargo del paternalismo del Estado. Aquí el 100% corre a cargo de la Generalitat y siempre está el conflicto larvado entre propietarios que dicen querer decidir y Generalitat que dice pagar y querer mandar.

La concepción del Centro de la Propiedad Forestal, en el momento que fue propuesto, era una buena base para liberar los montes privados de una intervención pública que ya era anacrónica y obsoleta. La asistencia tèncica que pudiera prestar la Generalitat no era, ni es, eficiente y la fundación de una Escuela de Ingenieros de Montes en Cataluña debía proveer el mercado privado de una oferta suficiente de asistencia técnica.

A pesar de esta sólida concepción las partes quedaron carentes de coraje. En el sector privado la ausencia de tutela, o sea la mayoría de edad y la emancipación; y la administración no quiso dar confianza. El Centro quedó como un organismo anormal y con una posición difícilmente explicable.

Todos los esfuerzos se invertir en justificar que el Centro debía liberar de la intervención administrativa puntual en el momento de proceder a la recolección forestal, y que esto debía sustituirse por un documento donde la intervención administrativa puntual tuviera una perdurabilidad en el tiempo más larga y por lo tanto proporcionalmente menos pesada. Pero en ningún caso se cuestionó la intervención administrativa en la recolección forestal.

La práctica ha demostrado pero que era un espejismo con tres ilusiones:

La primera ilusión es que el coste económico del Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal es demasiado alto para el ahorro administrativo que se obtiene, así los rematantes forestales les resulta indiferente recolectar una finca con Plan Técnico o sin, de hecho prefieren hacerlo sin porque pueden ajustar mejor las petición (obligada) de intervención admisitrativa a las necesidades puntuales y concretas del momento.

La segunda ilusión es que el Plan Técnico es un documento administrativamente muy pesado, y su modificación a lo largo de su vigencia es cara y compleja en comparación a una licencia de aprovechamiento tradicional. Además su aprobación no tiene efectos universales en todos los ámbitos de la Generalidad de Cataluña y no releva la intervención administrativa más allá del Servicio de Bosques, pero deja al particular igualmente expuesta a la injerencia del Servicio de Parques, a la Agencia Catalana del Agua, en Urbanismo, en Carreteras ...

La tercera ilusión es que al resultar irrelevante las bonificaciones fiscales asociadas (impuesto de sucesiones) al haberse suprimido, este, con carácter general, poco interés habrá para renovarlos.

La conclusión es que la funcionalidad del Plan Tèncic de Gestión y Mejora Forestal ha entrado plenamente en crisis.

En estos momentos el Centro de la Propiedad Forestal es quien reparte las subvenciones a los montes particulares. Bien analizado es un sistema que ofrece poca solvencia. Por un lado el dinero público los reparte un organismo muy particular en cuanto a su diseño jurídico, regido por los propietarios forestales y por tanto son arte y parte en el reparto.

Complementario a esta poca solvencia, hay una situación de tráfico de intereses en las subvenciones, el cual, siendo honestos, es un secreto a voces. Anualmente medio millón de euros, antes de publicarse la convocatoria de subvenciones ya está predestinado. El resto de dinero es un envoltorio para disimular la situación, es una especie de prima de compensación.


Tercera conclusión: Las circunstancias han prostituido el Centro de la Propiedad Forestal hasta puntos de difícil justificación, aunque la esencia del mismo sea razonable.


¿Cómo afecta la Directiva Europea de Servicios? Nos podríamos extender mucho, pero para hacerlo fácil diremos que sustituye la intervención administrativa previa para la libertad de acción individual sujeta a una declaración previa de acatamiento a la legislación y de asunción de responsabilidades. Como figura es más propia del derecho germánico que del derecho latino, y menos del derecho administrativo de inspiración francesa (incluido el español) pero es lo que es.

En este sentido el procedimiento de `implantación de la Declaración Responsable ha avanzado más en el trámite de obtención de licencias de aprovechamiento que en los Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal. En estos momentos hay dudas jurídicas que sea necesaria la aprobación previa, por parte del Centro de la Propiedad Forestal, los Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal.

La administración forestal no presta asistencia técnica y la economía de mercado establecida en la Constitución y la directiva de servicios han suprimido la intervención administrativa previa, sólo queda la política forestal. He aquí que queda de la administración forestal: La política forestal que nunca ha practicado desde la transferencia de competencias.

Y como se reorganiza la administración forestal? El modelo básico a seguir sería el de la administración eléctrica para la baja tensión. Haremos cuatro pinceladas y posteriormente la extrapolamos. La legislación eléctrica en materia de baja tensión se asienta en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas complementarias. El Reglamento es de obligado cumplimiento, las Instrucciones son potestativas aunque si se quieren trasgredir hay autorización administrativa.

Un particular cuando tiene que hacer una instalación eléctrica busca un profesional en la materia, ya sea un electricista, ya sea un ingeniero, dependiendo de la complejidad, y le ejecuta la instalación. Posteriormente hay unas empresas homolgades con el nombre de Entidad Colaboradora de la Administración que inspeccionan las instalaciones, algunas de forma aleatoria, algunas de forma dirigida, y las validan, o no. Donde interviene la administración? Ninguna parte.

Para el sector forestal la reforma sería mínima, sobre todo porque la norma superior y general de la Unión Europea ya ha suprimido la intervención administrativa previa.

El procedimiento para la gestión forestal debería ser algo como que el propietario forestal debería disponer de dirección facultativa, elegida en el libre mercado de los ingenieros de montes para propietarios que en ámbito de Cataluña superen la unidad mínima forestal y técnicos de grado medio en los demás casos. Estos ingenieros o técnicos forestales son aquellos que, ejerciendo su actividad profesional deben asumir la responsabilidad que les corresponde.

El plan de aprovechamiento que se fije debería ser validado y inspeccionado por una Entidad Colaboradora de la Administración, de acuerdo con unos protocolos que fijen la intesidad y la aleatoriedad de la acción. Estas entidades deberán estar homolgades por la administración forestal catalana. Inicialmente Centro de la Propiedad Forestal podría ser la primera de ellas, aunque inmediatamente se debería abrir la puerta a la existencia de tres entidades más para garantizar la posibilidad de libre elección por parte de los propietarios. La privatización del Centro debería ser inexcusable a medio plazo.

Con esta sencilla modificación más de tipo conceptual que de carácter práctico, podría producir una modernización de la administración forestal sin precedentes. A nivel público se observaría un ahorro de medios ya nivel privado no es de esperar muchos mayores costes.

Por otra parte la administración forestal debería replegarse y centrarse, principalmente a refundir todas las disposiciones forestales en un reglamento forestal bien compilado, y debería formular los Itinerarios Silvícolas que vendrían a ser el equivalente a las Instrucciones Técnicas Complementarias del ramo eléctrico. El establecimiento de unos criterios oficiales de gestión forestal es básico para evitar la situación de inseguridad jurídica y arbitrariedad que se vive en este momento.

Por otra parte la administración forestal debería recuperar como competencia propia la gestión de los bosques de ribera que, junto con la fauna acuática continental y las correcciones hidrológico-forestales deberían constituir un servicio estructurado de hidrología, riberas y pesca continental; todo allegerint el Agencia Catalana del Agua de competencias que no le son propias (conservación de riberas o intervención en la fauna acuícola) y que han costado un ojo de la cara y parte de la otra llevando a una situación de ruina absoluta.

La dejadez que han llegado las reforestaciones públicas de los años 1950 y 1960 es lamentable. No es admisible, después del coste económico que tuvo para el erario, que estos montes, hoy, esten muriendo por falta de gestión pública, más cuando son básicas para la buena marcha hídrica del país.


En cuanto al cuerpo de los Agentes Rurales, debería ser lo suficientemente valiente para aguantar las presiones sindicales y desmantelar su su herencia paramilitar del franquismo a través de tres acciones básicas.

La primera pasaría por sacar a concesión las reservas nacionales de caza de forma que la Generalidad de Cataluña pudiera sacar rentas netas pero sin complejidad que representa gestionarlas directamente desde la administración, incluida la transferencia, a las concesionarias, de la guardería de caza.

La segunda acción pasaría por devolver el personal de los agentes rurales en su misión básica de prácticos de campo, en un entorno civil y no paramilitar.

La tercera acción pasaría por mantener un reducidísimo cuerpo de agentes de la autoridad al servicio de la administración de agricultura (no sólo forestal).

El retorno de la gestión de las subvenciones forestales en la administración pública parecería lógico, si bien en el marco concreto de Cataluña, sería discutible si centralizar hacerlo con otras subvenciones en la Dirección General de DESARROLLO Rural, con la poca eficiencia que tiene el sistema, o bien seguir las manteniendo en el marco de la dirrección General de Medio Natural, opción, por ahora, mejor.

Si por el contrario, algún día, la Generalidad de Cataluña tuviera el comportamiento suficiente para entender la importancia económica de relevar a los empresarios de este país de hacer peregrinaciones a todas las ventanillo y confesionarios habidos y por haber, de forma que el Instrumento de Ordenación Forestal pudiera tener un carácter universal, entonces habría que plantear una metodología jurídica de validación.

A la administración forestal le corresponde, también, de una vez por todas empezar a definir una política forestal solvente. Sin pretensiones exageradas, con los pies en el suelo y con un marcado carácter economicista. En la situación actual sólo se pueden hacer políticas ambientales con el retorno intagible de la gestión forestal econòmicamentviable.

Finalmente, como punto básico, queda la conveniencia de revitalizar la mesa intersectorial de la madera como foro de diálogo del sector forestal con la administración.

 

Artículo publicado en la Drecera 128. Julio - Agosto 2011
INFORMATIVO AGRARIO DEL INSTITUT AGRÍCOLA

La práctica ha demostrado pero que era un espejismo con tres ilusiones:

La primera ilusión es que el coste económico del Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal es demasiado alto para el ahorro administrativo que se obtiene, así los rematantes forestales les resulta indiferente recolectar una finca con Plan Técnico o sin, de hecho prefieren hacerlo sin porque pueden ajustar mejor las petición (obligada) de intervención admisitrativa a las necesidades puntuales y concretas del momento.

La segunda ilusión es que el Plan Técnico es un documento administrativamente muy pesado, y su modificación a lo largo de su vigencia es cara y compleja en comparación a una licencia de aprovechamiento tradicional. Además su aprobación no tiene efectos universales en todos los ámbitos de la Generalidad de Cataluña y no releva la intervención administrativa más allá del Servicio de Bosques, pero deja al particular igualmente expuesta a la injerencia del Servicio de Parques, a la Agencia Catalana del Agua, en Urbanismo, en Carreteras ...

La tercera ilusión es que al resultar irrelevante las bonificaciones fiscales asociadas (impuesto de sucesiones) al haberse suprimido, este, con carácter general, poco interés habrá para renovarlos.

La conclusión es que la funcionalidad del Plan Tèncic de Gestión y Mejora Forestal ha entrado plenamente en crisis.

En estos momentos el Centro de la Propiedad Forestal es quien reparte las subvenciones a los montes particulares. Bien analizado es un sistema que ofrece poca solvencia. Por un lado el dinero público los reparte un organismo muy particular en cuanto a su diseño jurídico, regido por los propietarios forestales y por tanto son arte y parte en el reparto.

Complementario a esta poca solvencia, hay una situación de tráfico de intereses en las subvenciones, el cual, siendo honestos, es un secreto a voces. Anualmente medio millón de euros, antes de publicarse la convocatoria de subvenciones ya está predestinado. El resto de dinero es un envoltorio para disimular la situación, es una especie de prima de compensación.


Tercera conclusión: Las circunstancias han prostituido el Centro de la Propiedad Forestal hasta puntos de difícil justificación, aunque la esencia del mismo sea razonable.


¿Cómo afecta la Directiva Europea de Servicios? Nos podríamos extender mucho, pero para hacerlo fácil diremos que sustituye la intervención administrativa previa para la libertad de acción individual sujeta a una declaración previa de acatamiento a la legislación y de asunción de responsabilidades. Como figura es más propia del derecho germánico que del derecho latino, y menos del derecho administrativo de inspiración francesa (incluido el español) pero es lo que es.

En este sentido el procedimiento de `implantación de la Declaración Responsable ha avanzado más en el trámite de obtención de licencias de aprovechamiento que en los Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal. En estos momentos hay dudas jurídicas que sea necesaria la aprobación previa, por parte del Centro de la Propiedad Forestal, los Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal.

La administración forestal no presta asistencia técnica y la economía de mercado establecida en la Constitución y la directiva de servicios han suprimido la intervención administrativa previa, sólo queda la política forestal. He aquí que queda de la administración forestal: La política forestal que nunca ha practicado desde la transferencia de competencias.

Y como se reorganiza la administración forestal? El modelo básico a seguir sería el de la administración eléctrica para la baja tensión. Haremos cuatro pinceladas y posteriormente la extrapolamos. La legislación eléctrica en materia de baja tensión se asienta en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas complementarias. El Reglamento es de obligado cumplimiento, las Instrucciones son potestativas aunque si se quieren trasgredir hay autorización administrativa.

Un particular cuando tiene que hacer una instalación eléctrica busca un profesional en la materia, ya sea un electricista, ya sea un ingeniero, dependiendo de la complejidad, y le ejecuta la instalación. Posteriormente hay unas empresas homolgades con el nombre de Entidad Colaboradora de la Administración que inspeccionan las instalaciones, algunas de forma aleatoria, algunas de forma dirigida, y las validan, o no. Donde interviene la administración? Ninguna parte.

Para el sector forestal la reforma sería mínima, sobre todo porque la norma superior y general de la Unión Europea ya ha suprimido la intervención administrativa previa.

El procedimiento para la gestión forestal debería ser algo como que el propietario forestal debería disponer de dirección facultativa, elegida en el libre mercado de los ingenieros de montes para propietarios que en ámbito de Cataluña superen la unidad mínima forestal y técnicos de grado medio en los demás casos. Estos ingenieros o técnicos forestales son aquellos que, ejerciendo su actividad profesional deben asumir la responsabilidad que les corresponde.

El plan de aprovechamiento que se fije debería ser validado y inspeccionado por una Entidad Colaboradora de la Administración, de acuerdo con unos protocolos que fijen la intesidad y la aleatoriedad de la acción. Estas entidades deberán estar homolgades por la administración forestal catalana. Inicialmente Centro de la Propiedad Forestal podría ser la primera de ellas, aunque inmediatamente se debería abrir la puerta a la existencia de tres entidades más para garantizar la posibilidad de libre elección por parte de los propietarios. La privatización del Centro debería ser inexcusable a medio plazo.

Con esta sencilla modificación más de tipo conceptual que de carácter práctico, podría producir una modernización de la administración forestal sin precedentes. A nivel público se observaría un ahorro de medios ya nivel privado no es de esperar muchos mayores costes.

Por otra parte la administración forestal debería replegarse y centrarse, principalmente a refundir todas las disposiciones forestales en un reglamento forestal bien compilado, y debería formular los Itinerarios Silvícolas que vendrían a ser el equivalente a las Instrucciones Técnicas Complementarias del ramo eléctrico. El establecimiento de unos criterios oficiales de gestión forestal es básico para evitar la situación de inseguridad jurídica y arbitrariedad que se vive en este momento.

Por otra parte la administración forestal debería recuperar como competencia propia la gestión de los bosques de ribera que, junto con la fauna acuática continental y las correcciones hidrológico-forestales deberían constituir un servicio estructurado de hidrología, riberas y pesca continental; todo allegerint el Agencia Catalana del Agua de competencias que no le son propias (conservación de riberas o intervención en la fauna acuícola) y que han costado un ojo de la cara y parte de la otra llevando a una situación de ruina absoluta.

La dejadez que han llegado las reforestaciones públicas de los años 1950 y 1960 es lamentable. No es admisible, después del coste económico que tuvo para el erario, que estos montes, hoy, esten muriendo por falta de gestión pública, más cuando son básicas para la buena marcha hídrica del país.


En cuanto al cuerpo de los Agentes Rurales, debería ser lo suficientemente valiente para aguantar las presiones sindicales y desmantelar su su herencia paramilitar del franquismo a través de tres acciones básicas.

La primera pasaría por sacar a concesión las reservas nacionales de caza de forma que la Generalidad de Cataluña pudiera sacar rentas netas pero sin complejidad que representa gestionarlas directamente desde la administración, incluida la transferencia, a las concesionarias, de la guardería de caza.

La segunda acción pasaría por devolver el personal de los agentes rurales en su misión básica de prácticos de campo, en un entorno civil y no paramilitar.

La tercera acción pasaría por mantener un reducidísimo cuerpo de agentes de la autoridad al servicio de la administración de agricultura (no sólo forestal).

El retorno de la gestión de las subvenciones forestales en la administración pública parecería lógico, si bien en el marco concreto de Cataluña, sería discutible si centralizar hacerlo con otras subvenciones en la Dirección General de DESARROLLO Rural, con la poca eficiencia que tiene el sistema, o bien seguir las manteniendo en el marco de la dirrección General de Medio Natural, opción, por ahora, mejor.

Si por el contrario, algún día, la Generalidad de Cataluña tuviera el comportamiento suficiente para entender la importancia económica de relevar a los empresarios de este país de hacer peregrinaciones a todas las ventanillo y confesionarios habidos y por haber, de forma que el Instrumento de Ordenación Forestal pudiera tener un carácter universal, entonces habría que plantear una metodología jurídica de validación.

A la administración forestal le corresponde, también, de una vez por todas empezar a definir una política forestal solvente. Sin pretensiones exageradas, con los pies en el suelo y con un marcado carácter economicista. En la situación actual sólo se pueden hacer políticas ambientales con el retorno intagible de la gestión forestal econòmicamentviable.

Finalmente, como punto básico, queda la conveniencia de revitalizar la mesa intersectorial de la madera como foro de diálogo del sector forestal con la administración.

 

Artículo publicado en la Drecera 128. Julio - Agosto 2011
INFORMATIVO AGRARIO DEL INSTITUT AGRÍCOLA

La práctica ha demostrado pero que era un espejismo con tres ilusiones:

La primera ilusión es que el coste económico del Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal es demasiado alto para el ahorro administrativo que se obtiene, así los rematantes forestales les resulta indiferente recolectar una finca con Plan Técnico o sin, de hecho prefieren hacerlo sin porque pueden ajustar mejor las petición (obligada) de intervención admisitrativa a las necesidades puntuales y concretas del momento.

La segunda ilusión es que el Plan Técnico es un documento administrativamente muy pesado, y su modificación a lo largo de su vigencia es cara y compleja en comparación a una licencia de aprovechamiento tradicional. Además su aprobación no tiene efectos universales en todos los ámbitos de la Generalidad de Cataluña y no releva la intervención administrativa más allá del Servicio de Bosques, pero deja al particular igualmente expuesta a la injerencia del Servicio de Parques, a la Agencia Catalana del Agua, en Urbanismo, en Carreteras ...

La tercera ilusión es que al resultar irrelevante las bonificaciones fiscales asociadas (impuesto de sucesiones) al haberse suprimido, este, con carácter general, poco interés habrá para renovarlos.

La conclusión es que la funcionalidad del Plan Tèncic de Gestión y Mejora Forestal ha entrado plenamente en crisis.

En estos momentos el Centro de la Propiedad Forestal es quien reparte las subvenciones a los montes particulares. Bien analizado es un sistema que ofrece poca solvencia. Por un lado el dinero público los reparte un organismo muy particular en cuanto a su diseño jurídico, regido por los propietarios forestales y por tanto son arte y parte en el reparto.

Complementario a esta poca solvencia, hay una situación de tráfico de intereses en las subvenciones, el cual, siendo honestos, es un secreto a voces. Anualmente medio millón de euros, antes de publicarse la convocatoria de subvenciones ya está predestinado. El resto de dinero es un envoltorio para disimular la situación, es una especie de prima de compensación.


Tercera conclusión: Las circunstancias han prostituido el Centro de la Propiedad Forestal hasta puntos de difícil justificación, aunque la esencia del mismo sea razonable.


¿Cómo afecta la Directiva Europea de Servicios? Nos podríamos extender mucho, pero para hacerlo fácil diremos que sustituye la intervención administrativa previa para la libertad de acción individual sujeta a una declaración previa de acatamiento a la legislación y de asunción de responsabilidades. Como figura es más propia del derecho germánico que del derecho latino, y menos del derecho administrativo de inspiración francesa (incluido el español) pero es lo que es.

En este sentido el procedimiento de `implantación de la Declaración Responsable ha avanzado más en el trámite de obtención de licencias de aprovechamiento que en los Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal. En estos momentos hay dudas jurídicas que sea necesaria la aprobación previa, por parte del Centro de la Propiedad Forestal, los Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal.

La administración forestal no presta asistencia técnica y la economía de mercado establecida en la Constitución y la directiva de servicios han suprimido la intervención administrativa previa, sólo queda la política forestal. He aquí que queda de la administración forestal: La política forestal que nunca ha practicado desde la transferencia de competencias.

Y como se reorganiza la administración forestal? El modelo básico a seguir sería el de la administración eléctrica para la baja tensión. Haremos cuatro pinceladas y posteriormente la extrapolamos. La legislación eléctrica en materia de baja tensión se asienta en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas complementarias. El Reglamento es de obligado cumplimiento, las Instrucciones son potestativas aunque si se quieren trasgredir hay autorización administrativa.

Un particular cuando tiene que hacer una instalación eléctrica busca un profesional en la materia, ya sea un electricista, ya sea un ingeniero, dependiendo de la complejidad, y le ejecuta la instalación. Posteriormente hay unas empresas homolgades con el nombre de Entidad Colaboradora de la Administración que inspeccionan las instalaciones, algunas de forma aleatoria, algunas de forma dirigida, y las validan, o no. Donde interviene la administración? Ninguna parte.

Para el sector forestal la reforma sería mínima, sobre todo porque la norma superior y general de la Unión Europea ya ha suprimido la intervención administrativa previa.

El procedimiento para la gestión forestal debería ser algo como que el propietario forestal debería disponer de dirección facultativa, elegida en el libre mercado de los ingenieros de montes para propietarios que en ámbito de Cataluña superen la unidad mínima forestal y técnicos de grado medio en los demás casos. Estos ingenieros o técnicos forestales son aquellos que, ejerciendo su actividad profesional deben asumir la responsabilidad que les corresponde.

El plan de aprovechamiento que se fije debería ser validado y inspeccionado por una Entidad Colaboradora de la Administración, de acuerdo con unos protocolos que fijen la intesidad y la aleatoriedad de la acción. Estas entidades deberán estar homolgades por la administración forestal catalana. Inicialmente Centro de la Propiedad Forestal podría ser la primera de ellas, aunque inmediatamente se debería abrir la puerta a la existencia de tres entidades más para garantizar la posibilidad de libre elección por parte de los propietarios. La privatización del Centro debería ser inexcusable a medio plazo.

Con esta sencilla modificación más de tipo conceptual que de carácter práctico, podría producir una modernización de la administración forestal sin precedentes. A nivel público se observaría un ahorro de medios ya nivel privado no es de esperar muchos mayores costes.

Por otra parte la administración forestal debería replegarse y centrarse, principalmente a refundir todas las disposiciones forestales en un reglamento forestal bien compilado, y debería formular los Itinerarios Silvícolas que vendrían a ser el equivalente a las Instrucciones Técnicas Complementarias del ramo eléctrico. El establecimiento de unos criterios oficiales de gestión forestal es básico para evitar la situación de inseguridad jurídica y arbitrariedad que se vive en este momento.

Por otra parte la administración forestal debería recuperar como competencia propia la gestión de los bosques de ribera que, junto con la fauna acuática continental y las correcciones hidrológico-forestales deberían constituir un servicio estructurado de hidrología, riberas y pesca continental; todo allegerint el Agencia Catalana del Agua de competencias que no le son propias (conservación de riberas o intervención en la fauna acuícola) y que han costado un ojo de la cara y parte de la otra llevando a una situación de ruina absoluta.

La dejadez que han llegado las reforestaciones públicas de los años 1950 y 1960 es lamentable. No es admisible, después del coste económico que tuvo para el erario, que estos montes, hoy, esten muriendo por falta de gestión pública, más cuando son básicas para la buena marcha hídrica del país.


En cuanto al cuerpo de los Agentes Rurales, debería ser lo suficientemente valiente para aguantar las presiones sindicales y desmantelar su su herencia paramilitar del franquismo a través de tres acciones básicas.

La primera pasaría por sacar a concesión las reservas nacionales de caza de forma que la Generalidad de Cataluña pudiera sacar rentas netas pero sin complejidad que representa gestionarlas directamente desde la administración, incluida la transferencia, a las concesionarias, de la guardería de caza.

La segunda acción pasaría por devolver el personal de los agentes rurales en su misión básica de prácticos de campo, en un entorno civil y no paramilitar.

La tercera acción pasaría por mantener un reducidísimo cuerpo de agentes de la autoridad al servicio de la administración de agricultura (no sólo forestal).

El retorno de la gestión de las subvenciones forestales en la administración pública parecería lógico, si bien en el marco concreto de Cataluña, sería discutible si centralizar hacerlo con otras subvenciones en la Dirección General de DESARROLLO Rural, con la poca eficiencia que tiene el sistema, o bien seguir las manteniendo en el marco de la dirrección General de Medio Natural, opción, por ahora, mejor.

Si por el contrario, algún día, la Generalidad de Cataluña tuviera el comportamiento suficiente para entender la importancia económica de relevar a los empresarios de este país de hacer peregrinaciones a todas las ventanillo y confesionarios habidos y por haber, de forma que el Instrumento de Ordenación Forestal pudiera tener un carácter universal, entonces habría que plantear una metodología jurídica de validación.

A la administración forestal le corresponde, también, de una vez por todas empezar a definir una política forestal solvente. Sin pretensiones exageradas, con los pies en el suelo y con un marcado carácter economicista. En la situación actual sólo se pueden hacer políticas ambientales con el retorno intagible de la gestión forestal econòmicamentviable.

Finalmente, como punto básico, queda la conveniencia de revitalizar la mesa intersectorial de la madera como foro de diálogo del sector forestal con la administración.

 

Artículo publicado en la Drecera 128. Julio - Agosto 2011
INFORMATIVO AGRARIO DEL INSTITUT AGRÍCOLA