LEY ÓMNIBUS

Exposición Pública del Anteproyecto de Ley de simplificación, de agilidad y reestructuración administrativa y de promoción de la actividad económica.

He aquí que en pocos meses, el Gobierno catalán ha sacado a exposición pública, un anteproyecto de ley, también llamado "Ley ómnibus" que bajo la excusa de adelgazar la legislación, integra más de seiscientos artículos, a fin de modificar decenas de leyes- ¡casi un centenar! - de todos los sectores posibles. Ciertamente, no nos opondremos al objetivo de agilizar y simplificar la burocracia. Pero, en este caso entendemos que "el fin no justifica los medios". Nos parece bien que se proponga modificar leyes, y más con la herencia dejada del anterior Govern. Pero lo que no puede hacerse es, de repente, descargar y tirar esta pretendida reforma, sin dar tiempo a digerirla. Por lo menos, las cosas se deben hacer con su requerido tiempo. Una modificación de esta envergadura requiere un "mínimo de tiempo" para estudiar las variaciones y elaborar y/o hacer nuevas propuestas según las exigencias de los interesados.
 
De toma y corre prisa, el 1 de junio de 2011, se publica en el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña" un edicto por el que se establece que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de simplificación, agilidad y reestructuración administrativa y de promoción de la actividad económica, por un plazo de siete días hábiles. Ante las críticas hechas por todos, respecto a este breve espacio de tiempo para consultarlo, finalmente se recapacitar y ampliar el plazo hasta el 20 de junio de 2011. Queda evidente que el Govern tiene prisa por terminar nuevas reformas. Entendemos que no se ha actuado con la suficiente diligencia para informar a la ciudadanía.

Una vez ya desahogados, entramos en materia. Aunque no nos hayan gustado las formas, el INSTITUTO AGRÍCOLA lleva meses pidiendo y luchando para que se lleven a cabo unas modificaciones legislativas, en diversas materias, especialmente del mundo agrario. De hecho, el mes de mayo presentamos varias propuestas de modificaciones de leyes que afectaban directamente a nuestro sector. Nos hemos sentido muchas veces indefensos porque que el legislador regulaba y regulaba, sin querer escuchar a los particulares qué tenían que aplicar. Y por eso hicimos un pequeño paso para el cambio porque ya es hora de que se regulen las actividades para la mejora de los ciudadanos y de la actividad económica. Algunas de nuestras propuestas se han incorporado en el texto del anteproyecto de ley. Otros lo han sido parcialmente.

A continuación, os explicamos parte de las propuestas de modificaciones normativas que presenta el Govern y que afectan más directamente al mundo agrario, indicándole las alegaciones que hemos hecho al respecto. Al cierre de este artículo aún no ha terminado el plazo de presentación de propuestas, por lo que es posible que aparte de las que aquí mencionan, se le añadan otros. En todo caso, en próximos artículos, os informaremos más ampliamente.


Ley 1/2008 de Contratos de Cultivo

Esta Ley, del trámite de elaboración de la que ya os fuimos informando en su momento, no nos ha parecido nunca coherente ni óptima. La referida normativa impone unas limitaciones y restricciones nada recomendables para el sector agrario produciendo cierto recelo en las relaciones contractuales y una inseguridad jurídica evidente. EL INSTITUTO AGRÍCOLA, insta por una modificación de la Ley donde prevalezcan la voluntad de las partes frente a una imposición de los parámetros normativos. Siempre defenderemos, a toda costa, la libertad contractual de las partes erradicando el puro intervencionismo. En nuestras actividades y explotaciones agrícolas debemos ser nosotros quienes decidamos, y establecer cuándo y cómo queremos contratar. Esta es la esencia de la libertad contractual y de la propiedad privada.

 

De hecho, aunque parezca paradójico, no encontramos en todo el magma normativo - estatal y autonómico-unos preceptos tanto restrictivos y condicionados a unos requisitos así de austeros que primordialmente refutan el modelo básico de la libertad de las partes. Y nosotros nos preguntamos: ¿por qué aquí? No puede ser que por regla general la Administración catalana se enfrascan en regular "más y mejor". Porque todos sabemos, y no hace falta ser doctorados en Derecho, que su intervención no se caracteriza precisamente por las facilidades y comodidades que genera. Sino, casi todo lo contrario.

Es por ello que antes de este anteproyecto de Ley ya pedimos la supletoriedad de la Ley de Contratos de Cultivo en favor de la voluntad de las partes-actualmente la imperatividad de la Ley viene establecido en el artículo 8.1-. Asimismo, también se exigió la supresión inmediata de los siguientes artículos, que colocan muchos de ellos a la Administración en una posición mucho más ventajosa en el ámbito contractual:

  • 6.3: Administración como cultivadora directo y personal,
  • 6.4: asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro como cultivador personal y directo,
  • 18: prórroga del contrato (por cinco años),
  • 32.3: derecho de subarrendamiento de las administraciones públicas,
  • 33: derecho de adquisición preferente del arrendatario,
  • 34: derecho de tanteo del arrendatario,
  • 35: derecho de retracto del arrendatario,
  • 40: arrendamiento de conservación del patrimonio y de custodia,
  • 43 y 44: derechos de adquisición preferente de la Generalidat.

Ahora, el Anteproyecto de Ley que hoy nos presenta el Govern proponiendo todo tipo de modificaciones legislativas, nos expone únicamente-aunque ya es algo-dos cambios normativos al respecto. Estos consisten exactamente en: 1) Eliminar el derecho de adquisición preferente de la Generalitat (artículos 43 y 44), y 2) Derogar el Decreto 7 / 2010 por el que se aprobaba el Registro Administrativo de Contratos de Cultivo.

Obviamente, estamos conformes con las propuestas planteadas. Y más teniendo en cuenta que nuestra asociación ya tiene interpuesto un Recurso Contencioso Administrativo contra el Registro Administrativo de Contratos cultivo, con el objetivo de declaraciones lo nulo de pleno derecho. Una vez más, se demuestra que no estábamos tan equivocados como nos querían hacer creer, pues el propio Govern echa atrás con este Registro. ¡No señores! Lo único que pedimos es la aplicación de la cordura y la coherencia. Representamos un sector que vive y sufre las consecuencias de los gobernantes, sólo se trataría de acercarse un poco más a la realidad y profundizar en los problemas en que se encuentra el ciudadano de calle.

Por eso no nos conformamos con esta pequeña reforma, porque lo que es primordial en los contratos de cultivo es, sin duda, la libertad de las partes, sin imperativo legales. Claro está, siempre que no sea contrario al orden público y a la moral. En eso estamos de acuerdo. Y es que hoy por hoy, esta falta de autonomía contractual, provoca que en la práctica no se realicen ni se fomenten contratos de cultivo, bajo el amparo de la ley catalana, sino buscando otras soluciones alternativas y ligeramente imaginativas.

Texto refundido de la Ley de Urbanismo (Decreto Legislativo 1 / 2010)

Otra gran batalla, en la que nos hemos puesto de verdad, ha sido la modificación de algunos preceptos de la Ley de Urbanismo. El tratamiento del suelo no urbanizable, las licencias para la tala de árboles y la adaptación a las explotaciones ganaderas a la nueva normativa reguladora del bienestar animal, han sido los puntos de vista particulares. Vayamos por partes.

El Anteproyecto de Ley modifica casi un centenar de artículos. Hoy os comentaremos, únicamente con los temas en los que hemos trabajado más intensamente y que son de más interés para nuestro sector.

Proceso de adaptación de las explotaciones ganaderas a la nueva normativa europea de bienestar animal.

Primeramente señalar que en representación de nuestros socios y simpatizantes, hace tiempo entramos por registro la propuesta de un Decreto a fin de adaptar las explotaciones ganaderas a la nueva normativa reguladora del bienestar animal. De esta propuesta os informamos por carta a los titulares de explotaciones ganaderas. En esta adaptación no eliminábamos la exigencia de pedir informes, tal y como prevé el artículo 48 de la Ley de Urbanismo, pero si se tendía a poner mucho más fácil y rápido la aprobación de los permisos para las actividades que no incrementaban su capacidad productiva, y que por normativa europea requerían de obras y actuaciones de adaptación de las construcciones preexistentes.

La ley Ómnibus catalana ofrece su "particular" cambio en la Ley de Urbanismo respecto al procedimiento a seguir para los proyectos de nuevas construcciones de una actividad agrícola o ganadera. Con dicha modificación ya no se requieren la multitud de informes que se pedían en el artículo 48 de la Ley de Urbanismo (justificación del proyecto, estudio de impacto paisajístico, estudio arqueológico, informe hidráulico, informe geológico, entre otros), sino que únicamente se pide un informe de la Comisión Territorial de Urbanismo.

En cierta parte, estamos conformes con la propuesta de no tener que someterse a los proyectos de nuevas construcciones propias de actividades agrícolas o ganaderas a un montón de informes, que más bien paralizan y echan atrás la iniciativa privada de iniciar un proyecto de de este tipo. Sin embargo, el Instituto Agrícola entiende que se tendría que hacer demás una referencia expresa a aquellas obras o actuaciones realizadas por exigencias de la normativa de bienestar animal, para las que únicamente instante a pedir/solo solicitar la licencia municipal fuera suficiente y que no pudiera ser denegada.

Debería considerarse esta propuesta, a fin de facilitar los trámites a los empresarios/propietarios de actividades que no quieren incrementar la capacidad productiva pero tienen que adaptarse imperativamente, es decir, de conformidad con la nueva normativa reguladora del bienestar animal. No es justo que por todas las construcciones agrícolas que se quieran realizar se pidan los mismos trámites.

Por tanto, nuestra asociación propone el siguiente redactado, que sería el precepto 49.3 con el siguiente texto "En los supuestos de actividades agrícolas y ganaderas, los proyectos que, sin incrementar la capacidad productiva, sólo comporten obras o actuaciones de adaptación de las construcciones preexistentes a la normativa comunitaria quedan únicamente sujetos a licencia municipal".

Por otra parte, hacemos referencia a otras propuestas no contempladas por dicho Anteproyecto de Ley Ómnibus, con el fin de ser incorporadas. Dichos cambios normativos son frutos de nuestras preocupaciones más sinceras que ya fueron propuestos/sugeridos a la Administración, mucho antes de todo este encauzamiento normativo.

Tratamiento del suelo no urbanizable

Respecto del suelo no urbanizable, entendemos que éste no tiene por que ser para siempre un territorio petrificado y bucólico, sin progresión e inmóvil. Y Por lo que hay que incluir la posibilidad de transformación urbanística, y poder pasar a ser suelo urbanizable, todo aquel suelo no urbanizable que no sea de estricto protección de unos elementos individualizados.

Por tanto, el Instituto Agrícola propuso al final del apartado del artículo 47.9 del texto refundido de la Ley de Urbanismo, el siguiente redactado: "Sin embargo, de estos espacios, mediante el planeamiento de ordenación urbanística municipal, y en el marco de las estrategias que el propio planeamiento municipal o territorial establezca, se podrán delimitar áreas para ser urbanizadas y edificadas, en su caso. No será aplicable a los que estén incluidos dentro de espacios de protección natural específica y mientras los instrumentos de planificación que los declaren o regulen expresamente establezcan su incompatibilidad para ser objeto de transformación urbanística "


Licencias para la tala de árboles

La Ley de urbanismo vigente prevé en su articulado (artículo 187.2.n), la tala de árboles, como una actividad sujeta a licencia municipal, en aquellos supuestos en que lo exige el planeamiento urbanístico. En la práctica la mayoría de ayuntamientos regulan en su planeamiento esta opción. Este requisito, aparte de generar una serie de trámites administrativos complementarios para fiscalizar dicha actividad, también genera el pago de tributos. No es lógico, además, que para el propio y natural ejercicio de la actividad forestal, sea necesario pedir licencia para la tala de árboles.

A fin de corresponder con el espíritu normativo para reducir o simplificar los procesos administrativos, ya pedimos una breve modificación del precepto. Esta consistía, y ahora ratificamos, en que se pida licencia urbanística sólo en el caso de la tala de árboles que estén situados en suelo urbano o urbanizable, pero no por los del suelo no urbanizable.

Declaración Única Agraria (DUN)

No hace mucho, ya hicimos hincapié en pedir a la Administración que corrigiera la incongruencia de pedir en la Declaración Única Agraria (DUN), indicar las remuneraciones que perciben los directivos de las empresas y entidades que solicitan ayudas de la Unión Europea . Esta exigencia deriva de la Orden AAR/301/2010 de 5 de mayo, por la que se modifica la Orden AAR/39/2010, por la que se establece y se regula la declaración única agraria, se establecen determinaciones para a las aportaciones económicas financiadas en régimen de gestión compartida con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

Esta petición ya proviene y consta en el Recurso Contencioso Administrativo que tiene interpuesto el INSTITUTO AGRÍCOLA contra dicha Orden AAR/301/2010, y que sigue su trámite procesal. De palabra la Administración aceptó la inseguridad jurídica que producía dicho requerimiento, pues ya hay controles administrativos suficientes por parte de la Unión Europea al respecto, y no hay que añadir otras más. Sin embargo, el Anteproyecto de Ley no se pronuncia al respecto. Por lo tanto, pedimos una vez más que se anule esta normativa,. Por favor, seamos coherentes con las leyes que proponemos-como la presente, que se llama de simplificación, de agilidad y reestructuración administrativa, y de promoción de la actividad económica-y no dejamos alcance normativas inútiles que únicamente provocan desconfianza y desavenencias con los poderes públicos.
 

Ley 9/1995 de acceso motorizado al Medio Natural

La ya más que referida Ley Ómnibus incide en la Ley de acceso al medio natural, para modificar sin más dilaciones la limitación que impedía la circulación motorizada por caminos de anchura inferior a cuatro metros. La propuesta no nos parece del todo mal, pero en las modificaciones realizadas por la Ley Ómnibus, el Instituto Agrícola propone unificar el texto de los artículos 6.2 y 6.3 de la Ley, ya que pueden resultar contradictorios. Y es que a fin de evitar confusiones y generar inseguridad jurídica, sería deseable que la normativa únicamente contemplara la posibilidad de circular por caminos forestales y pistas de inferior a cuatro metros en casos muy concretos.

Por tanto, proponemos añadir el siguiente redactado en negrita por el precepto 6.2: "Excepcionalmente, se permite la circulación motorizada por las pistas y los caminos delimitados en redes o itinerarios establecidos por el Departamento competente en materia de medio natural. La delimitación de estos viales, que podrán tener en puntos singulares de su trazado una anchura inferior a cuatro metros y varios tipos de firmes, se efectuará mediante Órdenes del Consejero competente en materia de medio natural, en las que se podrán establecer condiciones específicas de circulación y características de los viales, y deberá ser incorporada al inventario comarcal. Esta delimitación sólo se podrá hacer en los caminos de titularidad pública, previa notificación individual a los propietarios de los terrenos que delimitan”. Por lo menos, entendemos que la delimitación de los referidos caminos o pistas tendría que hacerse con un consenso absoluto con los propietarios de las tierras.

Por otra parte, el nuevo Govern levanta la prohibición de hacer competiciones deportivas en el interior de los espacios naturales de protección especial, a las reservas nacionales de caza y las reservas naturales de fauna salvaje siempre y cuando se establezcan las correspondientes autorizaciones. Parece ser-como siempre ha querido demostrar el Instituto Agrícola con otras actividades-que hoy por hoy las referidas competiciones deportivas son compatibles con los espacios protegidos. De nuevo, los hechos nos dan la razón: según convenga se pueden realizar unos determinados usos o no, en los mismos espacios. Esperamos que esto sirva de ejemplo para otros supuestos.


Hay otras normas afectadas por esta Ley Ómnibus, algunas de ellas también interesantes para el mundo agrario (sobre aguas, control ambiental de las actividades, carreteras, etcétera), y hacia las cuales también haremos propuestas. Pero para no hacer este artículo demasiado denso y extenso, las dejamos para un futuro mediato. Como siempre, el INSTITUTO AGRÍCOLA trabaja para que la voz del sector agrario sea escuchada.


Artículo publicado en La Drecera 127. mayo - Junio 2011
INFORMATIVO AGRARIO DE L'INSTITUT AGRÍCOLA