EL SUELO NO URBANIZABLE EN CATALUÑA

 

 

El INSTITUT AGRÍCOLA propone una modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo en referencia al régimen normativo del suelo urbanizable.

 

En boca del nuevo Muy Honorable Presidente de la Generalitat, ya hace días que va diciendo que una de las numerosas propuestas gubernamentales que pretende es la reducir el numeroso, exagerado y fastuoso bagaje normativo que en el mundo de la actividad económica, se ha ido creando y arrastrando en los últimos años. Estos aires de hacer limpieza, y sentar la cabeza ya nos parece bien. Por lo que, desde el INSTITUT AGRÍCOLA, nos hemos puesto también a trabajar. Evidentemente nuestro trabajo se focaliza especialmente en conseguir que el ejercicio y desarrollo de las actividades agrarias, el uso y disfrute de la propiedad privada y todo aquello que se relacione con el mundo agrario, sea lo más libre, desregularizado-sin llegar, pero, a la anarquía-, lógico y respetando el sentido común-sentido este que, desgraciadamente, últimamente ha sido postergado al olvido-.

Unos de los aspectos en que últimamente se ha incidido normativizado es la definición del suelo no urbanizable - "rústico" o "rural" como se le conoce más habitualmente-, los usos y aprovechamientos que se pueden llevar a cabo, de las restricciones, de la influencia de numerosas normativas municipales, comarcales, autonómicas, estatales y comunitarias, etcétera. Todo parche ha hecho que este sector del urbanismo, que hasta hace pocos años era "el patito feo" u olvidado, ahora está en boca de todos y ha recibido un alud de normas y ampliaciones de las mismas que ha hecho que nos encontramos en un marasmo.

A efectos demostrativos, en la siguiente relación, les detallamos las leyes del suelo que, a nivel estatal y catalán, que se han aprobado durante los últimos veinte años:

  • Decreto Legislativo 1/1990 por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística (modificado por el
  • Decreto Legislativo 16/1994 y derogada por la Ley 2 / 2002).
  • Ley 8 / 1990 sobre la reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo (derogada por el Real Decreto Legislativo 1/1992). 
  • Real Decreto Legislativo 1/1992 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (derogado parcialmente por la Ley 6 / 1998 y Ley 8/2007, y totalmente por el Real Decreto Legislativo 2 / 2008).
  • Ley 6/1998 sobre régimen del suelo y valoraciones (derogada por la Ley 8/2007). 
  • Ley 2/2002 de Urbanismo (modificada por la Ley 10/2004 y derogada por el Decreto Legislativo 1/2005)
  • Decreto Legislativo 1 / 2005? que aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo (derogado por el Decreto Legislativo 1/2010)
  • Ley 8/2007 del Suelo (derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2008)
  • Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo
  • Decreto Legislativo 1/2010 que aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo

Y claro, para cada una de ellas, especialmente el que se iba haciendo más extenso eran los preceptos que se referían al suelo no urbanizable. Si el precedente de todo estaba en la Ley del Suelo (estatal) de 1976 que establecía básicamente que todo aquello que no era urbano (edificado) o urbanizable (en un futuro más o menos mediato edificable), era suelo no urbanizable. Pero no se fijaba demasiado regulación. Pero esto fue evolucionando. Y especialmente después de la contundente sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, por la que se declaraba que el Estado no disponía de competencia específica para regular el urbanismo y la ordenación del territorio. Solo se le permite, desde entonces, regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo en todo el territorio nacional, así como otras materias que inciden en el urbanismo como son la expropiación forzosa (especialmente el método de valoración del suelo), la responsabilidad de las administraciones públicas o el procedimiento administrativo común. Pero poco le quedó.

Con lo cual se estableció un nuevo orden, por el que, debía ser cada comunidad autónoma que regulara la mayor parte del urbanismo, especialmente los tipos y clases de planeamiento o las clases de suelo. De esta manera se acabó con una regulación unitaria para todo el territorio estatal, y pasó a haber diecisiete leyes del suelo-una por autonomía-. Evidentemente esto también ha comportado una interpretación más o menos restrictiva, por lo que ahora nos interesa, del concepto del suelo no urbanizable y de cuál puede ser su aprovechamiento, ya sea como parte integrante de una actividad o explotación agraria existente, ya sea como para desarrollar o establecer otras nuevas.

El texto refundido de la Ley de Urbanismo catalana define el suelo no urbanizable y cuáles son los usos y actividades permitidos en el mismo. Pero la ordenación territorial y urbanística a desarrollar y constituirse en un elemento singular para dinamizar buena parte de la actividad económica social. Asimismo, debe operar como fuente de importantes beneficios para la sociedad, bien sea en términos de protección de valores, bien sea potenciando usos compatibles y deseables del suelo, activando las iniciativas con un claro efecto dinamizador de la actividad empresarial y del empleo, canalizando la actividad pública y privada hacia una adecuada y eficaz gestión del territorio.

La definición del concepto de suelo no urbanizable y, especialmente su aplicación práctica en los planeamientos urbanísticos, han conllevado la percepción, errónea, que en esta clase de suelo no es posible su transformación en urbanizable, y sobre todo el del suelo de especial protección. Esta situación ha sido fruto de un espíritu demasiado ortodoxo de protección del territorio y por el hecho que se han establecido listas cerradas y muy concretas de cuáles eran los aprovechamientos concretos que se podían desarrollar en este suelo. Con el añadido, además, que se han establecido una serie de trámites administrativos complementarios para fiscalizar el establecimiento de nuevos usos-en base al propio nacimiento de nuevas necesidades sociales o económicas-o adaptación de los ya preexistentes, que muchas ganas han hecho que los proyectos hayan "naufragado" en el maremágnum de trámites y papeleo. Y eso lo podéis ver en el cuadro que adjuntamos al final de este artículo. En el mismo podéis ver los diferentes procedimientos, documentos y trámites a seguir según sea la actuación que queremos llevar a cabo. Quizás no es todo, pero sí los más representativos. El circuito de burocracia a cumplimentar y el grado de concreción de los documentos no es muy alentador. Y no debería ser así.

El espíritu de la norma no debe ser complicar o hacer más pesada el ejercicio de la actividad económica agraria (agrícola, ganadera o forestal), la que se fundamenta básicamente en la obtención de una rentabilidad justa y del mantenimiento de la población y la economía en el territorio. Y más cuando hay un claro espíritu normativo del Gobierno para reducir o simplificar los procedimientos administrativos para el ejercicio de la actividad económica (serían claros ejemplos el Decreto 106/2008 de medidas para la eliminación de trámites y la simplificación de procedimientos para facilitar la actividad económica y el Acuerdo de Gobierno 63/2010 por el que se aprueba la Guía de Buenas Prácticas para la elaboración y revisión de normativa con incidencia en la actividad económica). Estos, derivados y concordantes con la normativa estatal (Ley 17/2009 y Ley 25/2009 de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) y comunitaria (Directiva 2006/123/CE de servicios). Y así se ha plasmado en la reciente introducción del artículo 39 bis en la Ley número 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que por su claridad y ejemplificación, n'extractem su apartado primero: "Principios de intervención de las administraciones públicas para el ejercicio de una actividad. 1. Las administraciones públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el ejercicio de una actividad han de elegir la medida menos restrictiva, motivaron la necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para conseguir los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. "

 Por tanto, el INSTITUT AGRÍCOLA está trabajando para que se lleven a cabo unas modificaciones del vigente texto refundido de la Ley de Urbanismo, respecto a los apartados correspondientes a la concepción y el régimen del suelo no urbanizable, para flexibilizar su su aprovechamiento, haciendo del todo compatibles los usos que se llevan a cabo o que la sociedad demanda, con el nivel de mantenimiento que desea la legislación sectorial.

Concretamente, esta propuesta se dirige hacia los siguientes preceptos:

a) Artículo 32.b.Tercer del texto refundido de la Ley del Suelo

No tiene sentido que se declare que un suelo incluido dentro de una zona con indicación geográfica protegida (IGP) o denominación de origen (DO), por este solo hecho, ya deba estar clasificado perpetuamente como suelo no urbanizable. Por su proximidad al casco urbano, por la necesidad de establecimiento de un equipamiento público o privado, o por cualquier otra razón, debe poder ser urbanizable. Por lo tanto, hay que eliminar esta previsión.

 

b) Artículo 47 del texto refundido de la Ley del Suelo

Recientes Plan Territoriales-de los que ya os hemos ido informando aceptan e incluyen en sus regulaciones que no todo el suelo no urbanizable debe mantenerse como un territorio petrificado y bucólico, sin progresión. El propio Plan Territorial Metropolitano de Barcelona,  aprobado definitivamente en abril de 2010, incluye, entre las diferentes tipologías de suelo de los espacios libres, lo que llama "espacios de prevención preventiva" (artículos 2.8 y 2.9 de la Normativa). Estos pueden pasar, si el municipio lo cree conveniente, a ser urbanizados y edificados de cara a la expansión urbana. Por lo que hay que incluir, dentro del apartado 9 del referido precepto la posibilidad de transformación urbanística del suelo no urbanizable, mientras no sea de estricto protección de unos elementos individualizados y claros. La idea de proteger por proteger no es justificable.

Concretamente se propone añadir un texto similar al siguiente: 
 "A pesar de ello, de estos espacios, mediante el planeamiento de ordenación urbanística municipal, y en el marco que las estrategias que el propio planeamiento municipal o territorial establezca, se podrán delimitar áreas para ser urbanizadas y edificadas, si se procede. No será aplicable a los que estén incluidos en espacios de protección natural específica y los instrumentos de planificación que los declaren o regulen, expresamente establezcan su incompatibilidad para ser objeto de transformación urbanística. "

 

c) Artículo 50 del texto refundido de la Ley del Suelo

Entendemos que no hay que someter los proyectos de reconstrucción o rehabilitación de viviendas en suelo no urbanizable (masías y casas rurales) a un procedimiento administrativo más restringido y laborioso que si fuera un proyecto de una vivienda en suelo urbano o urbanizable. La aplicación de la normativa a la reducción de trámites innecesarios, que no aportan ningún elemento nuevo al procedimiento y la normativa que propone tender a la libertad y favorecer la libre actividad de servicios, deben favorecer aquellos proyectos, no criminalizarlos ni fiscalización. Evidentemente, no significa que estos proyectos no tengan que seguir los trámites pertinentes como proyecto de obra mayor o la que le corresponda, pero seguirá el trámite del resto de viviendas, no uno mucho más largo, específico y laberíntico. Por tanto, es lógico y justo proceder a la eliminación de esta previsión (apartado 1 del artículo).

En cuanto a la imposibilidad de ampliación de las construcciones agrarias (apartado 3 del precepto) no tiene tampoco sentido. Y más cuando muchos planeamientos municipales recientemente elaborados o revisados, ya prevén un cierto porcentaje de ampliación de la superficie o volumen edificado. Y esto viene dado, no por capricho político, sino para no limitar el uso y disfrute con condiciones de las construcciones, para adaptarse a nuevos requerimientos (mayor dimensión de la maquinaria o de las instalaciones, incremento del número de residentes en la misma vivienda por la imposibilidad de independización de jóvenes y descendientes, adaptación para personas con minusvalía, inclusión de turismo rural, etcétera), o la mejora de las condiciones de vida o de actividad (nuevas instalaciones de servicios o infraestructuras ) u otros razones. Por lo tanto es incongruente que se prohíba la ampliación o adaptación. En todo caso, es evidente que tendrá que hacer con los debidos controles, pero no prohibirlo el principio.

Os animamos, pues, a participar en esta propuesta, y en aquellas otras de contemporáneas de las que, o bien ya os hemos ido haciendo eco, o de las que próximamente recibiréis noticias. Si las normas son el espectro donde se refleja la voluntad de la sociedad y los ciudadanos, ya será momento que nos tomemos en serio nuestra participación y proposición "legislativa". Por lo menos, el INSTITUTO AGRÍCOLA, lo llevamos haciendo hace tiempo, y seguiremos insistiendo.

 

 

CUADRO DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR SEGÚN USOS Y ACTIVIDADES DEL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo publicado en la Drecera 126. Marzo - Abril 2011

INFORMATIVO AGRARIO DEL INSTITUT AGRÍCOLA