Las tasas judiciales para la defensa de nuestros derechos: un retroceso en el libre ejercicio de la justicia y su efecto perverso disuasorio

 


La Ley estatal 53/2002 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, establecía, con efectos a partir del 1 de abril de 2003, el pago de una tasa para -se decía- el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. En resumen, una tasa para acceder a los Juzgados civiles y / o contenciosos.


Como era de esperar, ya entonces, y aún hoy, el mundo jurídico y judicial, y la ciudadanía en general, se quedó perpleja con esta norma.

 

Si hasta ahora la interposición de cualquier demanda ya suponía un coste económico importante, a resultas de los profesionales que intervenían - Abogados y Procuradores, especialmente-, ahora, encima, se añadía un tributo. Tributo que, según la motivación inicial del Gobierno, debía servir para "aligerar" el colapso de los juzgados y tribunales. Evidentemente nadie lo entendía, a no ser que se leyera en el sentido que para una mejor efectividad y rapidez judicial, había que incrementar los sueldos de los funcionarios. A todo el mundo le pareció que esto no iba por ahí. La realidad era otra, ¡ el "copago" había llegado ya a la justicia! Esta palabra tan en boga hoy, no es un "invento" reciente de estos días, ya lo tenemos instaurado hace años.

Como aquella "excusa" no prosperaba, se gestó otra. El Gobierno, decía, tenía por objetivo evitar muchos de los litigios que, según él, saturaban los juzgados y tribunales con demandas absurdas. ¿Y de qué manera más ingeniosa podía hacerlo? Pues "imponiendo" una tasa -lease peaje- para presentarlas. O sea que ahora los ciudadanos, aparte de coger y tener el valor y entereza para acceder a los juzgados para defender y luchar por lo que se creía justo, además, se le incluía pagar un tributo. La cosa ya pintaba demasiado oscura y casi faltaba a la inteligencia razonable. Sin embargo, la tasa se siguió exigiendo.

 

Pero por si fuera poco, la situación se apretó más con la coexistencia, posteriormente, de la referida tasa judicial estatal -establecida en la citada Ley estatal 53/2002- con las propias autonómicas-como la catalana de la Ley 5/2012, expuesta en la Ficha Informativa 2.13 de este año.

 

Todo ello ya llegaba a la casi absurdidad, con un fuerte sentimiento de perplejidad de todo el mundo jurídico y judicial.

 

La propia Constitución-artículos 9.2, 24.1 y 119 - determina, como derechos fundamentales  de los ciudadanos, un acceso libre y efectivo a la justicia de nuestros tribunales. Incluyendo, cuando proceda, el acceso gratuito. Por lo cual, la introducción de las tasas judiciales, por muchas razones políticas, de agilización procesal, presupuestarias, o cuales fueran que se fueron esgrimiendo, no dejaba de afectar directamente el corazón de aquellos derechos básicos.


Y si ante todo esto no fue suficiente para reflexionar, ya está en fase de proyecto una "actualización" de las tasas judiciales estatales que, como era previsible, se incrementan -en muchos casos se doblan o más- las cuantías actuales. Al mismo tiempo, ahora se aplicarán también al orden social -laboral- en segunda instancia. A título meramente informativo y como ejemplificando, el importe para presentar una demanda civil ordinaria pasa de 150 a 300 euros, una demanda contencioso-administrativa ordinaria pasa de 210 a 350 euros, y un recurso de apelación pasa de 300 a 800 euros. A estos importes hay que añadir, recordémoslo, la tasa judicial catalana correspondiente, y, evidentemente, los honorarios de los profesionales oportunos. ¡La cosa, pues, es para pensárselo!


Esta vez, para remachar más el clavo, nos dicen que la "justificación gubernamental" de este incremento, es que debe servir para costear los gastos de la justicia gratuita-el Estado dispone al ciudadano con pocos recursos de los medios para acceder a los órganos judiciales. La inventiva no deja más que sorprendernos. La vigente normativa ya establece, como es lógico, que la financiación de la Justicia Gratuita debe ser a partir de los presupuestos generales, y con los correspondientes impuestos, directos o indirectos, que cada uno paga. Este "financiación" de un derecho fundamental y constitucional no puede hacerse por medio de tasas especiales. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya estableció en 1983, que el Estado debe ser quien pague el coste de los abogados en casos de justicia gratuita, no pudiendo hacerlo mediante unas tasas con afán directamente recaudatorio.


La tasa, como tipo de tributo es, por naturaleza y definición jurídica, una contraprestación para recibir un servicio. ¿Quiere decir esto, ahora, que para poder defender nuestros derechos y recibir un cuidado de los juzgados y tribunales, debemos pagar al Estado o Gobierno autonómico? Quizás lo teníamos mal entendido, pero creemos que mediante nuestros impuestos, ya pagábamos el sueldo de los Jueces, personal judicial y todo lo que hacía falta para que un servicio público, como es la justicia, funcionara y se aplicara. No creemos que esta sea la idea que tenemos de un derecho fundamental. Evidentemente, claro, de eso no se ha hablado demasiado en los medios de comunicación, pero quien por desgracia lo haya, o lo esté sufriendo, preguntadle qué piensa.


No queremos ser malpensados ni pájaro de mal agüero, pero si la implementación -y cercano incremento notable- de las tasas judiciales se justifican como método disuasorio para que los ciudadanos no acudan a los juzgados y tribunales para la defensa de sus derechos, ¿dónde iremos a parar? ¿Prefiere el Gobierno que volvamos al ejercicio de la "justicia por cuenta propia" o la del "Lejano Oeste"? Porque una cosa es clara y notoria, la Administración, con todo, no quiere reconocer, en vistas de los numerosos contenciosos que los ciudadanos interponen, que cada vez están más enfadados con su actuación.

Y entendemos que con razón, los ciudadanos no se quejan, en general, los importes de los honorarios de los abogados o procuradores-que como profesionales tienen derecho a cobrar sus honorarios-, si no de la carencia de los medios del sistema judicial, de la su lentitud o de la excesiva duración de los procedimientos. Y esto, repetimos, no se solucionará con la imposición, sin ningún tipo de motivación legal o política, de unas tasas.

 

Es necesario que todos los Gobiernos, estatal y autonómico, se replanteen seriamente este tributo, sacado de la manga, y que afecta directamente un derecho fundamental y constitucional de nuestro Estado de Derecho: el ejercicio del derecho a la justicia.

 

Artículo publicado en la Drecera 134. Julio - Agosto 2012

Revista de la Patronal Agrària de Cataluña.