DENUNCIANDO EL ESPOLIO. El CANAL SEGARRA – GARRIGUES (II)

Baldiri Ros, Presidente del Institut Agrícola.


Nuestro Gobierno y el Estado español no han defendido con convicción los intereses de los ciudadanos afectados por las ZEPA y la Red Natura 2000, en el ámbito del Segarra-Garrigues. Han preferido allanar a lo que la Comisión Europea y sus tribunales han dictaminado y no han actuado con la contundencia jurídica que la ley les permite. Esto nos da razones suficientes para pensar que ya les va bien la situación de perder casi el 60% del territorio regable y por esta razón queda en evidencia la abstención de nuestro Gobierno al no "hacer frente" jurídicamente a los tribunales europeos. Así pues, se ven obligados a actuar los directamente implicados en la defensa de sus derechos que, de forma injusta, han sido agredidos.

Existen argumentos, más que suficientes, para denunciar que el Gobierno de Cataluña y el Estado español han incumplido el derecho comunitario respecto a las directivas de aplicación en la Red Natura 2000 (Aves, Habitats-ZEPAS). Cuando alguien incumple perjudica gravemente intereses y es necesario que se ponga en conocimiento de las autoridades pertinentes. Así lo haremos.
Lo haremos porque, además de no consentirlo, no estamos dispuestos a negociar las limosnas que puedan surgir de los planes de gestión y otros como solución a la incautación del derecho a regar.

Hace pocos días, el Gobierno de la Generalitat ha aprobado una partida para el desarrollo rural. Hay que elaborar planes piloto para zonas afectadas por las zepas. Esta tampoco es la solución, pues mientras dura el plan piloto, tendremos certificado la defunción del Segarra-Garrigues. Estas propuestas sólo son cortinas de humo para distraer la atención de lo realmente importante que es regar. También para quitarse de encima su responsabilidad y dar la culpa a Europa. Todo el mundo debe saber que la culpa sólo la tiene el Gobierno de Cataluña y del Estado.

Este es el motivo que nos impulsa a hacer el trabajo que el Gobierno no ha hecho ni quiere hacer. Que nos impulsa a trabajar jurídicamente para hacer valer, ante Europa nuestros derechos, especialmente el de regar. Por eso hemos trabajado en el estudio de las razones y motivaciones jurídicas que demuestran que la protección impuesta por el gobierno a través de la Red Natura 2000 es aparente y no justificada. Proteger unos espacios y, con ellos unas especies, no debe suponer sacrificar otros valores superiores existentes en todos los ordenamientos jurídicos comunes como la libertad, la justicia y la igualdad entre los ciudadanos.

Las medidas de conservación de hábitats y fauna vienen limitadas en lo más alto y completo significado para otros valores como los económicos, los sociales y culturales. Así lo manifiestan, reiteradamente, las directivas europeas.
Así pues, el Gobierno ha cedido a la coacción de la Comisión y no ha defendido los derechos legítimos de las personas implicadas en los territorios protegidos, impidiéndoles alcanzar el derecho de poder regar sus propiedades.
Con esta actitud el Gobierno ha incumplido, reiteradamente, preceptos de las directivas que conforman la Red Natura 2000, en especial, lo referente a la falta de recursos económicos efectivos para aplicarla.

También el Gobierno ha incumplido excediéndose en la delimitación de los espacios. En la falta de coherencia y representatividad de los espacios propuestos, ya que la contribución de espacios protegidos representativos que Cataluña aporta no ha sido hecha con criterios científicos, ni siquiera con criterios uniformes en el resto del Estado español. Esto conlleva sobreprotección de determinadas especies creando unas necesidades innecesarias.



Me gustaría que todas las personas afectadas por este ruinoso proyecto proteccionista se convenzan de que nada ha terminado. Tienen opciones a defender legítimamente sus derechos. Hay caminos para hacerlo.

Para iniciar este camino hay que dejar claras unas premisas:
La primera premisa que debemos tener claro es que el único responsable del desastre es el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y subsidiariamente el Gobierno del Estado. También son culpables los que presentaron la denuncia que la Comisión admitió y en la que se basó para iniciar el proceso. Nuestro Gobierno no dedicó ningún esfuerzo.

La segunda, saber que los directamente afectados o las organizaciones que los representan pueden también presentar denuncia a la Comisión por incumplimiento flagrante del derecho comunitario. También lo pueden hacer los Ayuntamientos perjudicados por la sobreprotección de sus municipios.
La tercera, el elemento clave para evitar el expolio del territorio y la incautación del agua, es el sector universitario y del conocimiento, certificando y demostrando, que es del todo insostenible el proyecto de reducir un 60% la superficie prevista del proyecto en ejecución.

Todo lo que hemos anunciado es posible, factible y necesario. Todo antes que aceptar inoperantes planes de gestión que sólo sirven para gestionar miseria y limosnas en forma de dudosas subvenciones que dicen otorgarán. Pero nadie dice cómo es posible disponer de un mínimo de 8 millones anuales y un máximo de 20 millones de dinero público a perpetuidad. Dudo mucho que alguien pueda creer que esto sea realidad, ni tampoco los planes piloto o de financiación de estudios. Todas estas medidas anunciadas son cortinas de humo para entretener, para dejar pasar el tiempo que permita certificar la defunción del proyecto inicial Segarra-Garrigues, acompañado del subsiguiente fallecimiento de explotaciones y empresas agrarias.

Todo el mundo que quiera manifestar públicamente y privadamente su desacuerdo con esta propuesta de expoliación y incautación, sepa que tiene mecanismos legales. Sólo tiene que tener la voluntad de hacerlo.

El Instituto Agrícola lo ha hecho y continuará haciéndolo para evitar la consumación del mayor expolio territorial que nunca se ha producido en este país y porque el agua del regadío Segarra-Garrigues no sea incautada. Lo hacemos con contundencia jurídica. En todas las instancias. Es el mecanismo más eficaz, más que las manifestaciones, los planes de gestión, los planes piloto o los congresos internacionales que son una pérdida de tiempo, un comedero para cuatro.

Por todo lo dicho les recomiendo que se arremangan, que pongan en práctica todo lo que la legalidad permite. Para no perder ningún derecho, para no perder la dignidad.

Así pues, les aconsejo denunciar a quienes han permitido tal desastre, que son el Gobierno de la Generalitat y del Estado español.



La Drecera 117 – Septiembre – Octubre 2009