EL INSTITUT AGRÍCOLA presenta alegaciones al Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña y su Programa de Medidas

Reproducimos, a título esquemático, los principales motivos argumentados por el INSTITUT AGRÍCOLA para pedir firmemente la anulación del referido Plan y de su Programa de Medidas:

  • El período de información pública del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial se cierra en el mismo momento que su Programa de Medidas y su informe de sostenibilidad ambiental. Esto no tiene ningún sentido ni lógica. Primero, entendemos, que se revisarán las alegaciones presentadas al Programa de Medidas -donde constan los objetivos marco de todo-. Una vez entonces, llevar a cabo las modificaciones que se crean convenientes del citado Programa de Medidas y de su informe de sostenibilidad ambiental. Y finalmente, elaborar y exponer el Plan de Gestión a exposición. De hecho, es impensable que se puedan aprobar las Medidas del Plan de Gestión antes de que este.
  • Se instaura, para antes del fin del año 2015 (artículo 18 del Plan de Gestión), la obligación efectiva de implantar el régimen de caudales de mantenimiento en las concesiones preexistentes de forma progresiva. Entendemos que los caudales de mantenimiento se establecerán y utilizar cuando sean realmente necesarios en función de la situación en concreto, pero sin imponer un abuso y hacer de su uso un acto desmesuradamente irracional, injustificado y que afecte a una serie de actividades económicas que tienen, en el agua, uno de sus elementos básicos e imprescindibles para obtener una rentabilidad.
  • Se fija un nuevo plazo para las concesiones de agua (actualmente tienen una duración máxima de 75 años), estableciéndose, con carácter general, un plazo de 25 años en el caso de usos de abastecimiento a población, y de 15 años en los demás casos-usos agrarios, industriales, recreativos y ambientales-. El agua es un bien común, escaso y claramente de tutela pública. Pero no por ello las Administraciones pueden jugar con la potestad dada, y emplear la cobertura legal otorgada en su gestión, para desarrollar un conjunto normativo restrictivo y discriminatorio por los usos privados. En este caso, no hay ningún tipo de razonamiento aparente que apoye y justifique el recorte de las concesiones. 
  • Falta de claridad y transparencia hacia la aplicación o no, del nuevo plazo para las concesiones antiguas. De hecho, en la normativa que figura en el Proyecto de Plan de Gestión, se establece el nuevo plazo, pero en ningún caso se hace mención a las concesiones ya otorgadas. Asimismo, es necesario y claramente exigible que se regule el proceso de adaptación hacia estas concesiones, a fin de evitar inseguridad jurídica y malestar social. 
  • Se establece un nuevo orden de usos, imponiendo una prelación diferente (artículo 25 del proyecto del Plan de Gestión del Distrito de cuenca fluvial de Cataluña). No estamos nada conformes en que se priorice los usos ambientales respecto de los agrícolas y/o industriales. Y más, teniendo en cuenta que son usos adicionales y no contemplados con anterioridad en la normativa vigente. 
  • Se fija una dotación máxima para el abastecimiento de la población. No entendemos cuál es el criterio adoptado. Al mismo tiempo, no hay ningún tipo de motivación ni justificación al Proyecto que razone la imposición de una dotación máxima (artículo 22.1 del Plan de Gestión). 
  • El Plan contempla que la demanda agraria de agua se considera satisfecha mientras que no presente un déficit anual superior al 50% de su demanda anual. Estamos totalmente en desacuerdo con el criterio fijado, y es que un déficit anual del 50%-es decir, dejar de disponer de la mitad del caudal de agua-no puede aceptarse por parte de ninguna actividad económica, y menos, la agraria. 
  • Tanto los recursos de agua destinados al Sistema Ter-Llobregat (artículo 44.2 del Plan de Gestión), como los del Sistema Sur (artículo 49.2 del Plan de Gestión) se restringe toda posibilidad de ampliar la superficie de regadíos. Esta actuación provoca alarmantes perjuicios para la actividad agraria, representando una grave discriminación basada en la desigualdad de oportunidades hacia otros territorios-sin restricciones-. 
  • Se fijan unos criterios muy restrictivos para el otorgamiento de concesiones de aguas superficiales (artículo 50.1 del Plan de Gestión). Para "sorpresa" nuestra se pretende reservar la mitad del agua del río en los meses de mayor demanda hídrica-verano-. Consecuentemente esto implica que no se otorguen nuevas concesiones, y por tanto nos desautorice para obtener un derecho que nos es legalmente reconocido. 
  • Se contempla la denegación de solicitudes de concesiones o el requerimiento de clausura y sellado de captaciones existentes justificándose en un mal estado cuantitativo-situación de sequía-o de mal estado químico-intrusión salina-(artículo 51.2 del Plan de Gestión ). En este caso la Administración se extralimita en sus funciones y se otorga una potestad excesiva que implica poder clausurar todos los pozos existentes en ámbitos declarados, como por ejemplo zonas vulnerables por nitratos o bien en situaciones de sequía. Esto quiere decir que en cualquier momento pueden clausurar o sellar captaciones si nos encontramos en algún lugar de los referidos, sin ningún tipo de indemnización. Evidentemente, no estamos nada conformes. 
  • No hay un estudioeconómico-financiero que garantice la viabilidad del Plan de Gestión. De acuerdo con el capítulo 10 del Plan, prácticamente la totalidad de la inversión para el período 2010-2015 (3.640 M €) es a cargo de la Agencia Catalana del Agua. Y como es sabido este ente está en quiebra económica desde hace años. No vemos qué posibilidad hay de llegar a poner en práctica todas o parte de las medidas, ante la falta de presupuesto y por la actual filosofía de recorte de gasto público. 
  • Falta el Informe preceptivo y vinculante del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural previsto por la Disposición Adicional Quinta.2 de la Ley 18/2001 de Orientación Agraria. Como este informe no se ha llevado a cabo, habría que suspender todo el procedimiento administrativo del referido Plan de Gestión y del Plan de Medidas, mientras no se emita. Y una vez efectuado, habrá que estar a las recomendaciones y ordenaciones que manifieste. En caso contrario, todo el expediente administrativo estará viciado.


A resultas de todo ello, el INSTITUT AGRÍCOLA seguirá luchando y hará todo lo que esté a su alcance para intentar, una vez más, que no nos perjudiquen nuestros patrimonios e intereses en beneficio de la naturaleza y de la titularidad pública. La actividad agraria es algo que hay que respetar y fidelizar, ni más ni menos porque para muchos es el proyecto de futuro, la manera de vivir i el alma. Al menos, ahora es el momento para hacernos valer, y dinamitar las limitaciones y las desigualdades que nos queremos implantar.


ARTÍCULO PUBLICADO A LA DRECERA. núm. 123. Septiembre - Octubre 2010
Informativo Agrario del Institut Agrícola.