Observaciones del INSTITUT AGRÍCOLA en el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña



Tal y como les informamos ("la Drecera" de noviembre-diciembre 2009), a mediados de diciembre pasado salió a información pública el Plan de Gestión del distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña. Sin embargo, vale decir, que un mes antes, salía también a exposición su Programa de medidas, junto con el informe de sostenibilidad ambiental. El plazo fijado para consultar dichos documentos, y poder presentar las alegaciones pertinentes, es de seis meses, respectivamente. Puede consultar en la web de la Agencia Catalana del Agua (www.aca.gencat.cat:8002/scripts/legislacio/resultatprojectectes.asp#plagestio).

Les avisamos que se presenta un volumen de documentación considerable y más bien pesada. El objetivo es que, una vez aprobada, en su caso, constituirá la nueva planificación hidrológica. Y es que el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña es el instrumento que utiliza la Agencia Catalana del Agua (ACA) para determinar las acciones y las medidas necesarias a fin de desarrollar los objetivos de la planificación hidrológica del distrito de cuenca fluvial de Cataluña (Capítulo I del Plan de Gestión). El ámbito territorial que incluye, son todas las cuencas internas catalanas y las aguas, tanto subterráneas como costeras, que estén asociadas. Por lo menos, se planifica la gestión del agua para los próximos seis años, desde su entrada en vigor.

Para que tengan una idea, les ofrecemos un pequeño resumen de los puntos con más conflicto que hasta ahora hemos detectado, a fin de adentrarse en el proceso de participación pública.


Caudales de Mantenimiento

Se instaura en el proyecto de Plan de Gestión de la Cuenca Fluvial de Cataluña, la obligación efectiva de implantar el régimen de caudales de mantenimiento en las concesiones preexistentes de forma progresiva. Esto se hará mediante los trámites necesarios (redacción y aprobación de los planes zonales y la correspondiente actuación administrativa), antes del fin del año 2015 (artículo 18 del Plan de Gestión).

A dichos efectos, los concesionarios, impuesta la obligación, han de instalarse en sus captaciones "sistemas de control", así como garantizar el correcto mantenimiento de los sistemas y facilitar el acceso a la inspección competente para el correspondiente control (artículo 19 del Plan de Gestión). Además de la carga moral y económica de soportar unos mecanismos limitadores en el uso privado, se impone la obligación legal de responsabilizarse de su instalación y de su mantenimiento.

Entendemos así que dichos sistemas de control no son más que dispositivos coercitivos para impedir llevar a cabo la adecuada actividad de los titulares concesionarios, propietarios de explotaciones y de industrias. Una afectación directa sobre los usos privativos del agua, perjudicial para los empresarios agrarios, que refuerza el papel de la sobreprotección de los espacios y el fomento de los corredores biológicos (artículo 20 del Plan de Gestión).

Concesiones

Se nos presenta un texto normativo que, de forma inaudita, impone un nuevo plazo concesional. Establece, con carácter general, una duración de 25 años en el caso de usos de abastecimiento a población, y de 15 años en los demás casos - usos agrarios, industriales, recreativos y ambientales -. Actualmente las concesiones que otorga la Administración para aprovechamiento de aguas tienen una duración máxima de 75 años (artículo 59.4 del Real Decreto-Legislativo 1/2001).

Desde el INSTITUT AGRÍCOLA entendemos que esta propuesta es totalmente desacertada y autoritaria, por que ciertamente generaría unos graves daños a los diferentes usuarios del agua. Creemos, y defenderemos donde haga falta, que es una medida ampliamente inapropiada, que restringe el libre desarrollo de la actividad económica agraria, coaccionando toda iniciativa individual de ejercer impulsar la referida actividad. Así, el plazo establecido se impone como un mecanismo intimidante para los empresarios, que por miedo de agotarse el uso de un bien patrimonial esencial para su actividad (el agua), pueden echarse atrás y dejar de invertir en el territorio. Y más cuando sus previsiones iniciales eran de una duración de la concesión mucho más larga que la que ahora-con posterioridad-se pretende imponer.

Todo esto nos provoca un gran desasosiego, porque legislación en mano (artículo 65 del Real Decreto Legislativo 1/2001 del texto refundido de la Ley de Aguas), se tienta a la posibilidad de acortar concesiones ya otorgadas y de vulnerar gravemente los derechos los ciudadanos con derecho a concesión. De hecho, en la normativa que figura en el proyecto de Plan de gestión de cuenca fluvial del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, se establece el nuevo plazo ya mencionado pero en ningún caso se hace mención a las concesiones ya otorgadas.

Asimismo, creemos necesario y claramente exigible que se regule el proceso de adaptación hacia las antiguas concesiones, a fin de evitar inseguridad jurídica y malestar social. Y si realmente la pretensión del legislador es que las concesiones se adapten al nuevo plazo, se determinará en una disposición transitoria cuál es el procedimiento y sus condiciones. Porque no aceptaremos, evidentemente, la plena libertad y discrecionalidad de la Administración para decidir qué concesiones se reducirán y cuáles no.

En relación a la Prelación de Usos


Se establece un nuevo orden de usos, imponiendo una prelación diferente (artículo 25 del proyecto del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña):

  1. Abastecimiento de población.
  2. Usos ambientales de recarga de acuíferos y restitución de caudales ambientales promovidos por la Administración hidráulica.
  3. Usos agrarios existentes.
  4. Usos industriales (excepto usos industriales para la producción de energía hidroeléctrica).
  5. Nuevos usos agrarios. 
    1. Uso ganadero. 
    2. Riego de cultivos. 
  6. Usos ambientales no contemplados en el apartado 2.  
  7. Usos recreativos.
  8. Acuicultura. 
  9. Usos industriales para la producción de energía hidroeléctrica. 
  10. Navegación y transporte acuático. 
  11. Otros usos.


Sin embargo, y gracias a la presencia y participación activa del INSTITUT AGRÍCOLA al Consejo para el uso Sostenible del Agua (CUSA), parece ser que este cambio sólo será efectivo en tres casos: a) en aplicación del Plan de Gestión de Sequías, b) a efectos de otorgamiento de concesiones nuevas y c) a consecuencia de la revisión de antiguas concesiones.

Al mismo tiempo no creemos que sea nada adecuado el procedimiento establecido, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia entre los usos agrarios existentes y los nuevos usos -los ambientales especialmente-. Se nos perjudica gravemente la actividad se impone un sistema injusto y discriminatorio -claramente desfavorable- por los nuevos empresarios que se quieren implantar en el territorio. No creemos que este sea el sistema más idóneo para fomentar la agricultura.

Asimismo no estamos conformes en que se priorice los usos ambientales respecto a los agrícolas y/o industriales. Y más teniendo en cuenta que son usos adicionales, no contemplados con anterioridad. Por lo menos el Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, no lo contemplaba la hora de establecer un orden de preferencia de usos en defecto de plan hidrológico. Así el artículo 60 establece que "A falta de este orden de preferencia regirá con carácter general el siguiente: Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal; regadíos y usos agrarios; usos industriales para producción de energía eléctrica, otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores; acuicultura; usos recreativos".

Evidentemente, el medio ambiente está de moda y eso es lo que vende "políticamente". Pero, dentro de una economía libre y de mercado, lo que hay que hacer es potenciar la libre actividad empresarial y no limitar un sector que es frágil, de por sí. El agua es una de las herramientas primordiales de trabajo de los agricultores, y con ello no se puede jugar. Esto sólo resulta ser una desidia de la Administración y vulnera totalmente el principio de la actuación de la Administración de servicio a los ciudadanos (artículo 3.2 de la Ley número 30/1992).

Usos agrarios


El artículo 23.4 del Proyecto del Plan de Gestión impone que "una demanda agraria se considera correctamente satisfecha cuando el 65% de los años de toda la serie evaluada está correctamente servido, y además ningún año presenta un déficit anual superior al 50% de su demanda anual". No estamos nada conformes con los parámetros indicados. Quizás no es necesario que sean los mismos que los usos domésticos/industriales, pero aceptar como "correcto" un déficit anual (del suministro de agua) del 50% no se puede admitir para ninguna actividad económica. ¿Qué empresa estaría conforme, y firmaría un contrato de suministro eléctrico, que sólo le "garantizara" que al menos dos terceras partes de los años estaría bien servido y que recibiría la mitad de la potencia contratada? Nos parece que sobran comentarios.

Por lo tanto, ante esta situación, el INSTITUT AGRÍCOLA cree conveniente que todo empresario/propietario que se sienta gravemente perjudicado por los nuevos cambios que se anuncian, no dude en consultar el proyecto normativo. Y si lo cree oportuno, presente las alegaciones pertinentes. Y es que aparentemente, parece que sea un plan hidrológico genérico y amplio, sin embargo, puede afectar severamente las actividades y empresas agrarias por alarmantes perjuicios y limitaciones que pueden causar.

Sin embargo, os seguiremos teniendo informados de otros problemas o observaciones que creamos oportunos haceros saber.

La Drecera 120, Marzo-Abril 2010