DEROGADO EL DECRETO DE SEQUÍA

El INSTITUT AGRÍCOLA consigue que el Govern de la Generalitat de Catalunya derogue, finalmente, el Decreto 108/2008 de modificación del Decreto 84/2007, de adopción de medidas excepcionales y de emergencia en relación con la utilización de los recursos hídricos.

En el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña" de 16 de mayo de 2008 se publicó el Decreto 108/2008, de 15 de mayo, de modificación del Decreto 84/2007, de 3 de abril, de adopción de medidas excepcionales y de emergencia en relación con la utilización de los recursos hídricos. Esta modificación comportaba una serie de cambios respecto de como hasta ahora se había de gestionar y determinar los diferentes estados en que se podían encontrar las cuencas internas de Cataluña.

La modificación, a pesar que aparentemente parecía poco maliciosa, implicaba un giro bastante radical, hecho sin demasiada justificación y con una fuerte carga de discrecionalidad por parte de la Administración. A la vista de todo ello, el INSTITUT AGRÍCOLA interpuso, en fecha 11 de junio de 2008, Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este quedó identificado con el número 397/2008 de la Sección Quinta.

En resumen, los argumentos legales argumentados para pedir la derogación y anulación total del referido Decreto 108/2008, fueron:

Omisión de trámites de consulta previa a organismos consultivos y al propio INSTITUT AGRÍCOLA, antes de la aprobación del Decreto.

Falta de un estudio económico del impacto económico que las modificaciones previstas en el Decreto podían representar. En especial en cuanto a las restricciones de los recursos hídricos o sustituciones de caudales, cambios en las prioridades de los abastecimientos de agua o de los usos para poder utilizar el agua, etcétera.

La introducción de un artículo 2.bis el Decreto 84/2007 daba total discrecionalidad al Govern para la declaración de entrada o salida de los escenarios de excepcionalidad o emergencia. Se vulneraban principios constitucionales (publicidad de las normas, seguridad jurídica, responsabilidad hacia la arbitrariedad de los poderes públicos) y se prescindía del sistema automático y totalmente objetivo que había anteriormente: llegado a un volumen concreto de los embalses, la entrada/salida del escenario era automática. Con la modificación, a pesar de llegar al parámetro establecido, la entrada/salida debía ser, además, ratificada por el Govern, si lo creía conveniente. Hecho este que en la práctica provocó que en algunas cuencas, a pesar que el nivel hídrico era superior al establecido para salir de un escenario de emergencia, siguieron en el mismo, por propia decisión del Govern.

Falta de publicación oficial y pública de datos de los embalses y otros parámetros establecidos
por el Decreto 84/2007 (artículo 10), necesarios para determinar si cada uno de los escenarios previstos era el correcto o no. Imposibilita el control y seguimiento por parte de la ciudadanía del cumplimiento del propio Decreto. Asimismo se infringía directamente la Ley número 27/2006 que regula el derecho de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (artículos 2.2, 2.3.cid otros).

Los motivos de una supuesta emergencia para llevar a cabo la modificación del Decreto 84/2007 no estaban de ninguna manera acreditados. Durante los últimos ocho años-que puede parecer un lapso de tiempo largo, pero que en temas de climatología no es casi nada-han entrado en vigor cinco normas, conocidas popularmente como "Decretos de Sequía". Por tanto, es más que probable que tantas normas reglamentarias sólo signifiquen una cosa: el problema del déficit de agua no se debe sólo al sistema climático mediterráneo, sino a una falta de infraestructuras de reserva de agua y una mala gestión de las mismas.

Falta de realización de las obras de infraestructuras previstas. Se demostraba de nuevo la falta de un estudio claro y real de las carencias en las infraestructuras de gestión del agua
. Y que optar por "cerrar el grifo" de golpe, y por Decreto, no era la solución a la sequía propiamente mediterránea.

Prórroga huidiza del propio Decreto 84/2007.

Estando en vía judicial la discusión de la referida modificación, incluso el propio Govern tuvo que proceder a publicar el Decreto 254/2008, de 16 de diciembre, por el que se prorrogaba la vigencia del Decreto 84/2007 hasta el 31 de diciembre de 2009. Esto era debido a que el referido Decreto 84/2007 tenía fijada una duración, hecho lógico dado su carácter y origen "excepcional". Pero como las restricciones debían continuar a criterio del Gobierno-y la mayoría de los compromisos estructurales que incluían no se habían ejecutado, había prorrogarlo.

Finalmente, por Decreto 5/2009, de 13 de Enero (publicado en el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña" de 16 de enero de 2009), se deroga directamente el Decreto 84/2007 de adopción de medidas excepcionales y de emergencia en relación con la utilización de recursos hídricos. Indirectamente, se deroga también el Decreto 108/2008. Aquella prórroga duró, pues, escasamente medio mes. Como es de comprender, todo ello ha sido un desbarajuste y un sin sentido. La Administración ha irrogado el poder de "hacer y deshacer" a su gusto y manera: ahora decreto ahora derogado, y vamos haciendo.

Perjuicios económicos causados con la aplicación del Decreto 108/2008

Tal como se ha llevado a cabo, el INSTITUT AGRÍCOLA, a pesar de la derogación explícita de los Decretos 84/2007 y del Decreto 108/2008 entendió que el Recurso Contencioso Administrativo debía continuar. En especial para que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolviera y dictaminara respecto del acierto o no de la actuación del Gobierno en cuanto a la legalidad y motivación de las modificaciones incluidas en el Decreto 108/2008. Y, como no, para fiscalizar adecuadamente el exceso de discrecionalidad-que podría rayar la soberbia-en las disposiciones decretadas por el Gobierno catalán.

Ante esta petición, el Govern manifestó que ya "había cumplido" derogando el Decreto, y que no era procedente continuar el procedimiento judicial. EL INSTITUTO AGRÍCOLA, como era de esperar, se opuso, por los argumentos ya referidos, y en especial para defender a aquellas personas o empresas que podían haber quedado afectadas por la vigencia y aplicación de los ya mencionados Decretos. Pues estos podían haber comportado duraciones considerables de restricciones, alargadas "artificialmente" de forma voluntaria por el Gobierno a pesar de haber superado los parámetros fijados. Los perjuicios podían, o pueden, haber sido la pérdida de cosechas, plantaciones de árboles, incremento de la salinidad del suelo por falta de agua que lixiviarse lleve hacia el subsuelo-la sal, falta de producción hidroeléctrica, etcétera. En resumen, todas las actividades económicas que tienen el agua como elemento productivo.

A la vista de todo ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acordó que "(...) sí cabría la posibilidad de que los perjudicados impugnarán los eventuales Actos de aplicaciones que pudiera haber, con fundamento en que la norma aplicada era ilegal, el Amparo de la impugnación indirecta regulada en el bién citado art. 26. (...) "(Se refiere al artículo 26 de la Ley número 29/1998 de la jurisdicción Contencioso Administrativa).

Por tanto, animamos a todo aquel que crea y entienda que sus derechos de aprovechamiento del agua se hayan visto perjudicados en su actividad o patrimonio, a iniciar los procedimientos administrativos y de responsabilidad correspondientes para resarcirse de los daños y perjuicios. De esta manera, tal vez, será hora de que el Govern vea que el poder ejecutivo no da "patente de corso" para decretar y derogar a lo loco.


LA DRECERA. núm. 114. Marzo - Abril 2009