Los costes ambientales y la competitividad

 

La competitividad de los países en Europa dependerá de los costes ambientales que éstos hayan de asumir.

 

Últimamente hemos asistido en prensa al fracaso de la "cumbre del clima de Durban" y el posterior abandono por parte de Canadá del Protocolo de Kioto. No sólo no se alcanzaron las perspectivas creadas sino que además el abandono posterior se produjo para evitar las seguras sanciones que el país debía afrontar por el incumplimiento del protocolo. Todo ello desolador y con la apariencia de unos acuerdos de papel mojado.

 

Así, mientras Europa persiste en un objetivo final de reducción de emisiones muy atrevido, olvidamos que China, India y Estados Unidos representan el 50% de las emisiones y se marcan metas más razonables que no les impidan crecer competitivamente.

 

Europa se compromete pero ni paga ni financia sus compromisos.

 

No tenemos propiamente una política común en materia de medio ambiente, lo que tenemos es una guerra entre países europeos que luchan por "imputar el mayor número de costes ambientales" a un número creciente de competidores a los que no pueden imponer trabas arancelarias (los países miembros de la UE). Las mayorías conformadas en el Parlamento Europeo y en la Comisión imponen normativas al conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea siendo conocedores de que hay unos costes diferenciales entre países, y que estos deberán ser asumidos por los propios Estados en detrimento de sus presupuestos nacionales, o bien por sus ciudadanos y empresas (disminuyendo el poder adquisitivo y/o la competitividad).

 

El tratado de funcionamiento de la UE lo establece claramente:
 "Artículo 192.4. Sin perjuicio de determinadas medidas adoptadas por la Unión, los Estados Miembros tendrán a su cargo la financiación y la ejecución de la política en materia de medio ambiente. "

 

Tenemos un ejemplo cercano con la aplicación de la Directiva Aves, la Directiva Hábitat y la Directiva Marco del Agua. Mientras el centro de Europa se lamenta de tener "la menor biodiversidad" ponen de relieve las maravillas de los hábitats y riqueza en biodiversidad de España. Algo similar ocurriría con el agua, mientras el centro de Europa raramente hay problemas de caudales en los ríos, se insiste en una gestión cuidadosa de los recursos hídricos en el sur de Europa.

 

El resultado ha acabado siendo el asiento de la llamada Red Natura 2000 que en la práctica implica costes añadidos para las empresas, paralización o troceado de proyectos (Canal de riego del Segarra-Garrigues) y ninguna financiación.

 

No hace falta decir que si preguntamos a la Comisión por el pregonado "financiación de la Red Natura 2000" nos sacan a relucir el artículo 192.4 del tratado. Y si nos reiteramos en lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva Hábitat (sobre la financiación) nos reprochan que la función de la comisión únicamente sea "evaluar la financiación". Los fondos necesarios corren a cargo del Estado tal y como lo dice el tratado.

 

La Comisión también alerta de que para no entrar en un "incumplimiento de estado" por insuficiente financiación una vez éste se ha evaluado, determinadas medidas se podrán posponer (artículos 8.4 y 8.5 de la Directiva). El precio a pagar, será la parálisis de los proyectos (artículo 8.6). Sin embargo, no tendremos que sufrir demasiado, ya que la Comisión no ha efectuado nunca una evaluación de la financiación de ningún espacio. El motivo no es otro que dicha evaluación debe ser conjunta con el Estado miembro, y estos a fin que no se les imponga una financiación permanente y una exposición pública de incierto resultado, parece ser que nunca acaban de facilitar todos los datos.

 

Como vemos, el medio ambiente, lejos de un buen negocio realmente no es más que un factor de competitividad. La de unos hacia los otros en un entorno sin "trabas comerciales".

 


Artículo publicado en La Drecera 130. Noviembre - Diciembre 2011
Revista d ela Patronal Agraria de Catalunya

Economía