¿POR QUÉ PAGAMOS?
Sí, es realmente necesario quemar la mitad de diarios oficiales. No es especialmente importante elegir cuales se queman y cuáles no. Cualquier elección aleatoria daría un buen resultado. Lo realmente importante es quemar, como mínimo, la mitad de los diarios oficiales con las leyes que contienen.
Con la mitad de las restantes leyes sería suficiente para que el país funcionara. Es más, seguramente funcionaría mucho mejor.
Hasta fecha de hoy ha habido un convencimiento más o menos extendido que la crisis era sólo económica. Es una tesis que no puede ser criticada por cuanto todo el mundo evita, en el subconsciente, enfrentarse con las realidades duras, y si además se pueden descargar las culpas sobre otros mejor. Y si las culpas se descargan sobre un ser inmaterial como la economía mucho mejor.
Pero lo cierto es que la crisis no es económica. La crisis, cada vez más, tiene aspecto estructural. Hagámonos una pregunta fácil. Si los Gobiernos (incluyendo aquí el Gobierno Central, el Gobierno Autonómico y el Gobierno Local) nos proveen de unos servicios públicos cada vez más recortados (escuelas y enseñanzas superiores de tercera mundial, sanidades de acceso parciales), si ya no se hacen nuevas carreteras ni se arreglan las viejas, si se reducen los trenes que circulan por las vías, si ...: ¿Por qué pagamos unos impuestos que superan con mucho el 50% de la renta?
Quizá lo que ocurre es que sólo pagamos impuestos para engrasar una maquinaria que no nos provee ningún beneficio tangible. La constatación de este hecho no es motivo para defender, directamente, una anarquía. Pero sí es motivo de cuestionar en qué se gastan los Gobiernos dinero de los impuestos y el celo que tienen en su administración.
Es ampliamente aceptado que la Revolución Francesa puso los cimientos de lo que entendemos por un Estado moderno. El Estado dejaba de ser la empresa particular de un gobernante, los beneficios se proveían mediante impuestos. El Estado pasaba a ser la representación de las voluntades colectivas en beneficio de cada uno de los particulares y los impuestos pasaban a ser la contribución a los gastos comunes.
Y por este motivo, la Declaración del Hombre y el Ciudadano consagró tres artículos en esta materia: El 13, el 14 y el 15. El artículo 13 habla de la necesidad a contribuir para sufragar los gastos comunes. El 14 habla del derecho de los ciudadanos a saber porque pagan y comprobar su buena administración. El 15 habla del derecho a pedir cuentas de la acción pública. Por lo visto los artículos 14 y 15, a 223 años vista, no han entrado todavía en el imaginario de las clases políticas. Y sólo dando respuestas a lo que prevé el artículo 14 se pueden encontrar respuestas a la crisis estructural.
Ante las penurias económicas de los Gobiernos se puede abordar la solución para varias bandas. La primera es subir los impuestos, la segunda es recaudar más, la tercera es gastar menos.
La primera no tiene necesidad de ser explicada. Se soluciona pasando por caja. Pero esta solución obvia la tercera de las condiciones del artículo 14 citado, es decir, determinar la cuota.
En resumen se niega el derecho al Ciudadano a saber porque cuando antes pagábamos un 12% de IVA, el año que viene pagaremos el 20%. Subir impuestos es una solución fácil pero fea.
La segunda manera de reducir la penuria económica de los Gobiernos es aumentar la recaudación. O sea, sin subir las bases tributarias procurar que se ingrese más. Como se supone que los impuestos son "proporcionales" a la renta, rápidamente se concluye que la segunda vía pasa por el crecimiento económico. Volveremos a hablar.
La tercera manera de reducir las penurias es gastar menos. Sobre esta tercera vía es necesario hacer una reflexión. Si hasta ahora, aunque reduciendo, los servicios que el gobiernos prestan a los ciudadanos no hemos enderezado la hacienda común, quizá el mal viene de unos costes estructurales de funcionamiento de los Gobiernos demasiado grandes.
No hay que hacerse trampas al solitario. Entre los gastos de los Gobiernos hay que diferenciar entre los costes de los servicios comunales, los costes de gestión de los servicios comunales y los costes de gestión de la administración. Dicho en un ejemplo: Hay que diferenciar entre los costes de hacer un nuevo regadío, los costes de redactar el proyecto de un nuevo regadío, y los costes de los locales, el coche oficial, la secretaria y el subalterno que lleva el café al ingeniero que redacta el proyecto de un nuevo regadío.
Miremos por ejemplo los presupuestos de la Generalitat para 2012. La partida de gastos corrientes asciende a más de 28.000 millones de euros contra los 1.900 millones de inversiones reales. Y ante esto  ¿hay que detener las obras de regadíos o de carreteras? ¡Pero si es la panacea!
¿Por qué hay que recortar un 14% las inversiones reales respecto del 2011, mientras que el personal sólo baja un 1% de 9.500 millones de euros? ¡Gestionar las inversiones reales cuesta 5 veces su valor en nóminas! ¿Pero cómo ha llegado a esta hipertrofia cancerosa?
Continuamos reflexionando. Aparentemente los funcionarios no van faltos de trabajo. Más bien se les acumula. ¿Y a qué se dedican? También aparentemente se dedican a gestionar lo que las leyes mandan y comprobar que estas mismas leyes se cumplan.
Si a partir de aquí somos valientes, y no nos da miedo explorar nuevas vías, tal vez con menos leyes necesitaríamos menos funcionarios. Y necesitaríamos menos funcionarios porque habría menos leyes que mandarían trabajo a los funcionarios y menos leyes obligarían a los funcionarios a comprobar que se cumplan.
Hipótesis: Con menos leyes habría menos costes estructurales y por tanto los Gobiernos ahorrarían en gasto.
Ahora miremos esto desde el lado del ciudadano. Toda obligación tiene un coste asociado. La misma obligación de pagar impuestos tiene el coste asociado de calcular los impuestos a pagar. Por lo tanto toda ley tiene costes. Pero al mismo tiempo, los esfuerzos temporales y materiales que dedicamos a cumplir las leyes van en detrimento de los esfuerzos que se podrían dedicar a producir riqueza.
Supongamos un empresario que tiene la osadía de hacer un nuevo regadío. Mientras se está discutiendo con los funcionarios del ACA (Agencia Catalana del Agua) por el agua, mientras se está discutiendo con los funcionarios ambientalistas ultra-ortodoxos justificando la no interferencia del cultivo con sus hijos adoptivos alados, mientras se discute con los agentes rurales sobre los trabajos en época de alto riesgo de incendio, mientras se discute con el arquitecto municipal sobre la influencia paisajística del maíz en detrimento del trigo, mientras se discute con el funcionario de carreteras en relación al ángulo de intersección del eje de la tubería con el eje de la vía, mientras se discuten las dosis máximas de nitrógeno con un funcionario de agricultura, mientras se intenta cambiar la calificación catastral del recinto para que pase de "cereal secano" a "cereal riego", mientras se discute con el funcionario de industria si la caseta de las bombas es un "local húmedo" o es un "local mojado", mientras se discute con el funcionario de cultura sobre la función etnográfica de las barracas de viña, mientras se discute con el funcionario geólogo sobre las supuestas huellas fosilizadas del dinosaurio … mientras pasa todo eso y más, ha pasado otra cosa importante.
Mientras todo esto, el empresario aún no ha tenido tiempo de hacer el regadío. Por lo tanto este año ya no podrá sembrar, y por tanto tampoco podrá cosechar una segunda cosecha, tampoco podrá vender y tampoco podrá pagar impuestos sobre la renta el mes de mayo del próximo año. Y los Gobiernos tampoco podrán aumentar la recaudación porque ellos mismos se lo han impedido.
Ahora podemos volver a la segunda de las maneras de reducir la penuria económica del Estado. Aumentando la recaudación (no las bases tributarias). Pero si la recaudación es "proporcional" a la renta y por tanto a la creación de riqueza, el Estado debe permitir que los empresarios tengan el camino expedito para crearla.
Por proximidad administrativa, las administraciones autonómicas son las que interfieren más en la actividad empresarial. Y ante esto, ya pesar de no tener mayoría absoluta, hay que empezar a tirar de decreto-ley y hacer un enjuague general de legislación intervencionista, y de rebote liquidar las unidades administrativas que serán inútiles.
O sea, reduciendo costes y estructura pública es fomentar la creación de riqueza. Se ha tenido que esperar un año por unas leyes ómnibus que han sido de simple maquillaje de fachada. Pero las grietas estructurales persisten debajo del estucado que se quiso poner. Con esta velocidad no estaremos a tiempo de enderezar el rumbo antes de llegar a límite del precipicio.
Los gobernantes deben decidir qué quieren hacer. Como la certeza de sus palabras todo el mundo lo duda, ahora ya sólo les queda los hechos. El Estado del Bienestar se asienta sobre el Estado de la Riqueza. El Estado de la Subsistencia asienta sobre el Estado de la Administración. Y si alguien tiene alguna duda que lo pida a algún ruso de la Unión Soviética.
Los empresarios chinos nos lo han explicado y demostrado clarísimamente. En su Estado burocrático no hay lugar para la iniciativa privada. Por lo tanto el empresario-emprendedor chino ha salido de China y ha convertido el África en su Far West agrario colonizando sin demasiadas contemplaciones campas subtropicales y creando riqueza.
La agricultura y la silvicultura son dos ramas de la economía agraria las cuales no necesitan de inputs de relevancia. El suelo no se desgasta, y del sol y de la lluvia es Dios quien provee, por lo tanto la posibilidad de generar ingresos y excedentes sin afectar la balanza de pagos es notable.
Pero el mal sigue siendo la inseguridad. No se sabe si en la toma de decisión pesarán más los conservacionistas o los productivistas. No se sabe qué posición tendrán los Gobiernos. No se sabe a ciencia cierta el precio del agua de regar. No se sabe la lista de agroquímicos autorizados para el año próximo. No se sabe nada de nada. Todo se ambiguo. Los Gobiernos han creado un entramado legal para controlarlo todo. Pero el inversor nunca sabe con qué pata se encontrará. Por lo tanto: Mejor de no invertir.
Sin inversión y producción no hay ingresos tributarios, y el incremento de los impuestos tiene un límite.
Que decidan lo que quieran. Pero que lo digan claro. Si tienen interés en que los ciudadanos remontemos el país que nos dejen hacer. ¡Sino el último que apague la luz!

¿POR QUÉ PAGAMOS?

 


Sí, es realmente necesario quemar la mitad de diarios oficiales. No es especialmente importante elegir cuales se queman y cuáles no. Cualquier elección aleatoria daría un buen resultado. Lo realmente importante es quemar, como mínimo, la mitad de los diarios oficiales con las leyes que contienen.
Con la mitad de las restantes leyes sería suficiente para que el país funcionara. Es más, seguramente funcionaría mucho mejor.


Hasta fecha de hoy ha habido un convencimiento más o menos extendido que la crisis era sólo económica. Es una tesis que no puede ser criticada por cuanto todo el mundo evita, en el subconsciente, enfrentarse con las realidades duras, y si además se pueden descargar las culpas sobre otros mejor. Y si las culpas se descargan sobre un ser inmaterial como la economía mucho mejor.


Pero lo cierto es que la crisis no es económica. La crisis, cada vez más, tiene aspecto estructural. Hagámonos una pregunta fácil. Si los Gobiernos (incluyendo aquí el Gobierno Central, el Gobierno Autonómico y el Gobierno Local) nos proveen de unos servicios públicos cada vez más recortados (escuelas y enseñanzas superiores de tercera mundial, sanidades de acceso parciales), si ya no se hacen nuevas carreteras ni se arreglan las viejas, si se reducen los trenes que circulan por las vías, si ...: ¿Por qué pagamos unos impuestos que superan con mucho el 50% de la renta?


Quizá lo que ocurre es que sólo pagamos impuestos para engrasar una maquinaria que no nos provee ningún beneficio tangible. La constatación de este hecho no es motivo para defender, directamente, una anarquía. Pero sí es motivo de cuestionar en qué se gastan los Gobiernos dinero de los impuestos y el celo que tienen en su administración.


Es ampliamente aceptado que la Revolución Francesa puso los cimientos de lo que entendemos por un Estado moderno. El Estado dejaba de ser la empresa particular de un gobernante, los beneficios se proveían mediante impuestos. El Estado pasaba a ser la representación de las voluntades colectivas en beneficio de cada uno de los particulares y los impuestos pasaban a ser la contribución a los gastos comunes.


Y por este motivo, la Declaración del Hombre y el Ciudadano consagró tres artículos en esta materia: El 13, el 14 y el 15. El artículo 13 habla de la necesidad a contribuir para sufragar los gastos comunes. El 14 habla del derecho de los ciudadanos a saber porque pagan y comprobar su buena administración. El 15 habla del derecho a pedir cuentas de la acción pública. Por lo visto los artículos 14 y 15, a 223 años vista, no han entrado todavía en el imaginario de las clases políticas. Y sólo dando respuestas a lo que prevé el artículo 14 se pueden encontrar respuestas a la crisis estructural.


Ante las penurias económicas de los Gobiernos se puede abordar la solución para varias bandas. La primera es subir los impuestos, la segunda es recaudar más, la tercera es gastar menos.


La primera no tiene necesidad de ser explicada. Se soluciona pasando por caja. Pero esta solución obvia la tercera de las condiciones del artículo 14 citado, es decir, determinar la cuota.


En resumen se niega el derecho al Ciudadano a saber porque cuando antes pagábamos un 12% de IVA, el año que viene pagaremos el 20%. Subir impuestos es una solución fácil pero fea.


La segunda manera de reducir la penuria económica de los Gobiernos es aumentar la recaudación. O sea, sin subir las bases tributarias procurar que se ingrese más. Como se supone que los impuestos son "proporcionales" a la renta, rápidamente se concluye que la segunda vía pasa por el crecimiento económico. Volveremos a hablar.


La tercera manera de reducir las penurias es gastar menos. Sobre esta tercera vía es necesario hacer una reflexión. Si hasta ahora, aunque reduciendo, los servicios que el gobiernos prestan a los ciudadanos no hemos enderezado la hacienda común, quizá el mal viene de unos costes estructurales de funcionamiento de los Gobiernos demasiado grandes.


No hay que hacerse trampas al solitario. Entre los gastos de los Gobiernos hay que diferenciar entre los costes de los servicios comunales, los costes de gestión de los servicios comunales y los costes de gestión de la administración. Dicho en un ejemplo: Hay que diferenciar entre los costes de hacer un nuevo regadío, los costes de redactar el proyecto de un nuevo regadío, y los costes de los locales, el coche oficial, la secretaria y el subalterno que lleva el café al ingeniero que redacta el proyecto de un nuevo regadío.


Miremos por ejemplo los presupuestos de la Generalitat para 2012. La partida de gastos corrientes asciende a más de 28.000 millones de euros contra los 1.900 millones de inversiones reales. Y ante esto  ¿hay que detener las obras de regadíos o de carreteras? ¡Pero si es la panacea!
¿Por qué hay que recortar un 14% las inversiones reales respecto del 2011, mientras que el personal sólo baja un 1% de 9.500 millones de euros? ¡Gestionar las inversiones reales cuesta 5 veces su valor en nóminas! ¿Pero cómo ha llegado a esta hipertrofia cancerosa?
Continuamos reflexionando. Aparentemente los funcionarios no van faltos de trabajo. Más bien se les acumula. ¿Y a qué se dedican? También aparentemente se dedican a gestionar lo que las leyes mandan y comprobar que estas mismas leyes se cumplan.


Si a partir de aquí somos valientes, y no nos da miedo explorar nuevas vías, tal vez con menos leyes necesitaríamos menos funcionarios. Y necesitaríamos menos funcionarios porque habría menos leyes que mandarían trabajo a los funcionarios y menos leyes obligarían a los funcionarios a comprobar que se cumplan.


Hipótesis: Con menos leyes habría menos costes estructurales y por tanto los Gobiernos ahorrarían en gasto.


Ahora miremos esto desde el lado del ciudadano. Toda obligación tiene un coste asociado. La misma obligación de pagar impuestos tiene el coste asociado de calcular los impuestos a pagar. Por lo tanto toda ley tiene costes. Pero al mismo tiempo, los esfuerzos temporales y materiales que dedicamos a cumplir las leyes van en detrimento de los esfuerzos que se podrían dedicar a producir riqueza.


Supongamos un empresario que tiene la osadía de hacer un nuevo regadío. Mientras se está discutiendo con los funcionarios del ACA (Agencia Catalana del Agua) por el agua, mientras se está discutiendo con los funcionarios ambientalistas ultra-ortodoxos justificando la no interferencia del cultivo con sus hijos adoptivos alados, mientras se discute con los agentes rurales sobre los trabajos en época de alto riesgo de incendio, mientras se discute con el arquitecto municipal sobre la influencia paisajística del maíz en detrimento del trigo, mientras se discute con el funcionario de carreteras en relación al ángulo de intersección del eje de la tubería con el eje de la vía, mientras se discuten las dosis máximas de nitrógeno con un funcionario de agricultura, mientras se intenta cambiar la calificación catastral del recinto para que pase de "cereal secano" a "cereal riego", mientras se discute con el funcionario de industria si la caseta de las bombas es un "local húmedo" o es un "local mojado", mientras se discute con el funcionario de cultura sobre la función etnográfica de las barracas de viña, mientras se discute con el funcionario geólogo sobre las supuestas huellas fosilizadas del dinosaurio … mientras pasa todo eso y más, ha pasado otra cosa importante.


Mientras todo esto, el empresario aún no ha tenido tiempo de hacer el regadío. Por lo tanto este año ya no podrá sembrar, y por tanto tampoco podrá cosechar una segunda cosecha, tampoco podrá vender y tampoco podrá pagar impuestos sobre la renta el mes de mayo del próximo año. Y los Gobiernos tampoco podrán aumentar la recaudación porque ellos mismos se lo han impedido.


Ahora podemos volver a la segunda de las maneras de reducir la penuria económica del Estado. Aumentando la recaudación (no las bases tributarias). Pero si la recaudación es "proporcional" a la renta y por tanto a la creación de riqueza, el Estado debe permitir que los empresarios tengan el camino expedito para crearla.


Por proximidad administrativa, las administraciones autonómicas son las que interfieren más en la actividad empresarial. Y ante esto, ya pesar de no tener mayoría absoluta, hay que empezar a tirar de decreto-ley y hacer un enjuague general de legislación intervencionista, y de rebote liquidar las unidades administrativas que serán inútiles.


O sea, reduciendo costes y estructura pública es fomentar la creación de riqueza. Se ha tenido que esperar un año por unas leyes ómnibus que han sido de simple maquillaje de fachada. Pero las grietas estructurales persisten debajo del estucado que se quiso poner. Con esta velocidad no estaremos a tiempo de enderezar el rumbo antes de llegar a límite del precipicio.


Los gobernantes deben decidir qué quieren hacer. Como la certeza de sus palabras todo el mundo lo duda, ahora ya sólo les queda los hechos. El Estado del Bienestar se asienta sobre el Estado de la Riqueza. El Estado de la Subsistencia asienta sobre el Estado de la Administración. Y si alguien tiene alguna duda que lo pida a algún ruso de la Unión Soviética.
Los empresarios chinos nos lo han explicado y demostrado clarísimamente. En su Estado burocrático no hay lugar para la iniciativa privada. Por lo tanto el empresario-emprendedor chino ha salido de China y ha convertido el África en su Far West agrario colonizando sin demasiadas contemplaciones campas subtropicales y creando riqueza.


La agricultura y la silvicultura son dos ramas de la economía agraria las cuales no necesitan de inputs de relevancia. El suelo no se desgasta, y del sol y de la lluvia es Dios quien provee, por lo tanto la posibilidad de generar ingresos y excedentes sin afectar la balanza de pagos es notable.
Pero el mal sigue siendo la inseguridad. No se sabe si en la toma de decisión pesarán más los conservacionistas o los productivistas. No se sabe qué posición tendrán los Gobiernos. No se sabe a ciencia cierta el precio del agua de regar. No se sabe la lista de agroquímicos autorizados para el año próximo. No se sabe nada de nada. Todo se ambiguo. Los Gobiernos han creado un entramado legal para controlarlo todo. Pero el inversor nunca sabe con qué pata se encontrará. Por lo tanto: Mejor de no invertir.


Sin inversión y producción no hay ingresos tributarios, y el incremento de los impuestos tiene un límite.


Que decidan lo que quieran. Pero que lo digan claro. Si tienen interés en que los ciudadanos remontemos el país que nos dejen hacer. ¡Sino el último que apague la luz!

 

Artículo publicado en "La Drecera" 132 . Marzo - Abril 2012

Revista de la Patronal Agraria de Cataluña

Economía