El Comunismo "a la checoslovaca" en Cataluña.  

Oda a las libertades perdidas.

Mateu Comalrena de Sobregrau, Secretario Vocal del Institut Agrícola


Al principio, la cuestión parecía broma e incluso podía parecer simpática. Después de tantos años, un gobierno progresista y de izquierdas. ¿Y por qué no? Lo que nunca previmos es captar hasta qué punto los socios minoritarios del gobierno podrían llegar a acondicionarlo.

España, bañada hasta los topes del derecho romano, y Cataluña tierra de ilustres jurisconsultos, redactores del derecho civil español y defensores del derecho civil propio. Todo parecía indicar que la cuestión de la propiedad privada estaba más que garantizada.

Sólo había el artículo 33.2 de la Constitución que hablaba, vagamente, de la función social del derecho a la propiedad privada y de la herencia, donde la mayoría de juristas coincidían en que eso significaba que tal vez habría que pagar impuestos.

Estos principios asentados por la tradición histórica de nuestro derecho civil, empezaron a tambalearse en la reforma que se hizo durante el mandato del primer tripartito. El derecho civil de Cataluña, consuetudinario hasta la fecha, comenzó a sufrir una fuerte erosión socializante.

La primera grieta fue en el derecho de la familia. Los poderes públicos se atribuyeron potestad de retirar la custodia de los hijos. Esta, era razonable, dentro de unos límites, pero no deja de ser una forma de detención. Hubiera sido lógico que hubiera que haber un pronunciamiento judicial en las 72 horas preceptivas. Pero como eso sólo afectaba a los "malos padres", la cuestión pasó.

Una segunda grieta fue en el derecho a la propiedad privada, donde a efectos prácticos la propiedad privada se convirtió en un elemento residual de lo que no era público.

Curiosamente la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 17, habla del derecho a la propiedad (individual o colectiva), pero no hace referencia a la propiedad pública. Dicho de otro modo, hasta la fecha el centro de gravedad estaba en la propiedad privada, desde hace ya cinco años el centro de gravedad está en la propiedad pública (que no colectiva).

También resultará curioso que Checoslovaquia se abstuviera, en 1948, en la votación de la Declaración de los Derechos Humanos.  A partir de este punto la cuestión empezó a tambalearse y fuerte. La parte más notoria vino con la expropiación del uso (figura rebuscada entre las posibles) de las viviendas desocupadas. Tras el alboroto inicial, la cuestión se calmó, pero la ley quedó. Hace un mes, la parte más escorada a la izquierda del tripartito volvía a marcar posiciones y pedía la activación de este precepto de la ley. Nunca nadie planteó una reforma seria de ley de arrendamientos urbanos donde nadie, ni la Generalitat (con Adigsa a la cabeza), es capaz de hacer cumplir a  un inquilino “cara dura”.

Sin embargo, el margen de maniobra político era escaso. La propiedad urbana es muy delicada en cuanto a número total de votantes se refiere. Quedaba otro frente, el de las fincas rústicas. Abandonadas de los medios de comunicación y de la sociedad urbana. Aquí se aplicaron fuerte. En primer lugar, se promulgó una ley con fuertes reminiscencias históricas: Ley de contratos de cultivo. Una ley, la actual (no la de la segunda república) que establece que por el simple hecho de que dos personas particulares pacten arrendar una finca, la Generalitat de Cataluña tiene el derecho de compra en condiciones preferentes  la persona arrendataria y a título de "agricultor”!

Para decirlo claro: Por el simple hecho de que se vaya a comer a un restaurante, y se pacte con el cocinero una paella de arroz, el funcionario de turno de la Generalitat tiene derecho a sacarte del restaurante y comérsela él por el mismo precio. El cocinero, evidentemente, no tiene derecho a ejercer aquello de "Se reserva el derecho de admisión". Esto ya empieza a parecerse la Checoslovaquia comunista, donde los restaurantes estaban obligados a reservar mesas para el partido. Hoy, a 20 años de la caída del régimen, fuera de los circuitos turísticos, cuando se entra en un restaurante, y solo, te sientan con la otra gente que va sola por "no ocupar demasiadas mesas", aunque ya no se tengan que reservar.

Nos ha llegado una Red Natura 2000 donde ha quedado afectada más de una tercera parte del país. Una serie de corredores ecológicos. Una Red Natura 2000 que ha hecho caer el 60% del Segarra - Garrigues aunque el artículo 130 de la Constitución diga, literalmente: "Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles". Suerte, porque si no llega a decir esto, ¡cae todo el Segarra - Garrigues!

Hemos continuado con un Anteproyecto de Ley de la Biodiversidad que, básicamente, la Generalitat se apropia de todo el res nullius, la caza, entre otros. Se irroga el derecho de violar el domicilio que constituye las explotaciones agrarias privadas, aunque las Cortes de Cádiz de 1810 -14, que abolieron el antiguo régimen, ya reconocieran el derecho a cerrar, incluso en abstracto, las fincas rústicas. El famoso "coto redondo acaserado".

Un anteproyecto que permite la administración de determinar los cultivos en función de supuestas "cartas de paisaje". Decidir qué bosque se puede cortar o qué bosque, después de haberlo cultivado durante 80 años se quedó sin beneficiar, todo en detrimento de las rentas de los propietarios. Limitando las actividades rústicas, qué granjas deben cerrar, y un largo etcétera.

La Generalitat pretende irrogarse el derecho de "pasearse como Pedro por su casa" por toda la propiedad rústica de Cataluña, en beneficio de los animalitos del bosque.

Y todo este anteproyecto de ley, con una de estas participaciones ciudadanas tan “progres”, donde sólo han participado ecologistas. Ni una palabra de los sindicatos agrarios, ni una palabra de las patronales del país, los sectores económicos implicados, de las industrias agrarias, de las industrias extractivas, los saltos hidroeléctricos, Ni una palabra a nadie. Sólo han podido participar los de "la cuerda". Formalmente podía participar todo el mundo, lo malo es que alguien se olvidó de cursar todas las invitaciones.

Alguien dirá: ¡No es posible! Pues tan posible como en el Parque Agrario de Sabadell, normativa en mano, el Ayuntamiento se ha irrogado todas estas potestades. Se reserva el derecho de decir qué se puede sembrar y qué no, se reserva el derecho de expropiar por incumplimiento de las obligaciones y, sobre todo, renuncia a la obligación de indemnizar a los empresarios agrarios si se arruinan por las malas decisiones de la Ayuntamiento.

¿Y qué tiene que ver esto con Checoslovaquia? Checoslovaquia era un país, culturalmente, muy parecido a Cataluña. De hecho, era el motor industrial y burgués del Imperio Austro-Húngaro (más Chequia que Eslovaquia), era una especie de motor de Europa de la época. En un país así, imponer criterios de nacionalización de la propiedad era difícil. La solución pasó por formas sutiles. Nadie fue privado de su propiedad. Simplemente, estaba obligado a poner a disposición de la cooperativa de turno, bajo el control, evidentemente del Estado y el partido. La oposición a la medida, implicaba el incumplimiento de la función social de la propiedad y la confiscación. Demasiado parecido al caso de la Ley del Derecho a la Vivienda. Con esta medida, formalmente, se seguía teniendo un título de propiedad, que sólo servía para enmarcarlo en un cuadro y colgarlo sobre la chimenea.

Y a partir de aquí comienza, en nuestro país, una telaraña, lenta y constante. El gobierno, por vía administrativa, sin el consentimiento del propietario y sin la tutela judicial, puede inscribirse cargas "ambientales" el en Registro de la Propiedad. Se da orden de suprimir el Centro de la Propiedad. Los Mossos d'Esquadra empiezan a crear un archivo policial, con "fichas" de las casas de payés, donde figura cuánta gente vive, de donde obtienen el agua, si disponen de teléfono, y otro largo etcétera, que raya la vulneración de la intimidad. Una Agencia Catalana del Agua que se irroga competencias hasta de las cunetas de los caminos,cómo y cuándo se deben abonar los campos, y tantos otros ejemplos como se quiera.

También es cierto que, en todo esto, la ciudadanía rural (porque a pesar de que no vivan en la ciudad también son ciudadanos) ha sido demasiado pasiva. Por cuatro subvenciones ha callado. Esta es la realidad del escoramiento socializante, en el sentido peyorativo del término, de la Cataluña actual.

Puede parecer extraño pero, al final, la población rural de Cataluña deberá invocar, activamente, el ejercicio de los derechos que reconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la que no pueden ser desposeídos de sus tierras (art.8), por la que tienen derecho a determinar sus prioridades y políticas de desarrollo (Art.23) y utilizar las tierras y recursos naturales que han poseído (art.26).

¡Cómo nos tenemos que ver! En la Europa del Siglo XXI reclamando una carta de derechos que fue redactada y pensada para los pueblos ameri-indios.

La historia nos cuenta que el establecimiento del feudalismo en Cataluña fue lento. Más de trescientos años. Pero aquellos campesinos con el rey Pedro I, en las Cortes de Cervera, acabaron como siervos con derecho a ser maltratados por sus señores (ius maletrectandi).

Los ciudadanos de Vall d'Aran se opusieron, y dieron un puñetazo sobre la mesa. Y cuando los nobles comenzaron un juego demasiado peligroso recurrieron al rey Jaime I. El resultado fue que 500 años después todavía se escapó del decreto de Nueva Planta y aún hoy gozan de un notable grado de autonomía. Decisiones acertadas en momentos acertados.

Es cierto que hay líneas rojas que son muy comprometidas de pasar. El derecho civil de Cataluña, y los derechos civiles de los catalanes, ya hace días que avanzan por una pendiente cada día con más declive. Y es bien cierto que la inseguridad jurídica es la peor aliada por los momentos que atraviesa Cataluña y es un escenario poco recomendable salir airoso de una crisis.

¿A quién le toca, ahora, dar el puñetazo sobre la mesa?

Artículo publicado en La Drecera, núm. 121. Mayo - Junio 2010.
Informativo agrario del Institut Agrícola.