Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña para el período 2016-2020

EL INSTITUT AGRÍCOLA presenta alegaciones al proyecto de Decreto de aprobación del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña para el periodo 2016-2020

 

El 17 de marzo de 2015 se publicó en el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña" la propuesta del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña para el período 2016 hasta 2.021 y del correspondiente Proyecto de decreto de aprobación. En dicho anuncio se fijó un plazo de seis meses para que todos los interesados ​​pudieran decir la suya. Por la envergadura y la importancia del proyecto, el INSTITUTO AGRÍCOLA creyó oportuno presentar alegaciones al respecto.

A modo de resumen, y para que estéis bien informados, os detallamos las principales enmiendas presentadas.

Clasificación de las masas de agua y objetivos ambientales. Aparte de la intervención de la Administración en la fijación de la clasificación de la masa de agua y los objetivos que se quieren conseguir, pedimos que hubiera también la participación de las Comunidades de regantes o usuarios de la masa de agua, si los hay, y de las organizaciones empresariales agrarias catalanas. Su participación, ya sea en la fase inicial de determinación del estado de una masa de agua, ya sea en la parte de ejecución y consecución de los objetivos, puede ser determinante para la viabilidad.

 

Caudales de mantenimiento. La aplicación de los caudales ambientales no puede conllevar una afectación directa a los aprovechamientos de regadío, abastecimiento en centrales hidroeléctricas o poblaciones, las cuales disponen de sus respectivas concesiones, legalmente otorgadas. Querer mantener un caudal mínimo en todos los ríos es una quimera que sólo puede traer perjuicios de una magnitud económica y social incontable. Y es que en ningún caso los caudales de mantenimiento deben suponer una restricción inmediata e ineludible de los usos actuales del agua, legalmente autorizados.

 

Reducción de caudales concedidos para la implantación de caudales ecológicos. En caso de que a una concesión de aguas se le pretenda reducir su caudal concedido para hacer efectiva la implantación de un caudal ecológico, debe quedar claro que la reducción del caudal sólo puede ir destinada a dicha utilidad. En ningún caso, se debe poder destinar la porción de caudal salpicada a ningún otro uso o aprovechamiento, aunque sea por abastecimiento de poblaciones.

 

Control de los caudales de mantenimiento. Consideramos que la exigencia de tener que colocar mecanismos de control del caudal de mantenimiento por parte de los concesionarios de aguas debe venir paralela a la asunción, por parte de la Administración, de su coste económico. En muchos casos nos encontraremos que la instalación del sistema de control puede representar un gasto considerable para comunidades de regantes o usuarios de pequeñas dimensiones.

 

Orden de preferencia de otorgamiento de concesiones. Estamos totalmente en desacuerdo con que dentro del sistema Ter-Llobregat prevalezca el uso industrial en la agrícola. Si en general este es preferente no entendemos cuál es la justificación para que este sistema sea diferente. Hay que tener presente que el sector agrícola -con un Producto Interior Bruto anual en torno a los 1.800 M € - y la industria agroalimentaria -primer sector industrial en ventas y en exportación- son ramas de la economía muy importantes en nuestro país y que no pueden verse restringidas o recortes en un bien indispensable en su ciclo de producción como es el agua. Cataluña es la primera región alimentaria de Europa.

 

Dotaciones para usos agropecuarios. Dentro de Cataluña mismo no se entiende como por un mismo tipo de cultivo haya diferentes dotaciones de agua, entre diferentes comarcas. Y más cuando se da más dotación en comarcas más húmedas que en otras más secas. Por tanto, no entendimos cuales son los criterios utilizados para determinar estas dotaciones. Así pues, pedimos que al menos las dotaciones para el Alt Camp o Baix Camp equiparen a las de la comarca del Gironès. Y esto mismo se debe hacer para todos los cultivos y comarcas, teniendo bien presentes los regímenes pluviométricos.

 

Plazo de concesión. Evidentemente estamos totalmente en desacuerdo con que el plazo máximo de las concesiones sea, para el resto de usos que no sea abastecimiento de población, de 25 años. Esto va en contra del artículo 59.4 del texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) que fija un plazo máximo de 75 años para las concesiones de aguas. En congruencia jurídica y para no perjudicar a los nuevos concesionarios, exigimos modificar la referida duración, fijándola, como determina la ley estatal, en 75 años. Especialmente hay que tener presente que muchas veces las inversiones y actuaciones que se deben hacer en una concesión, tanto por su constitución como su aprovechamiento, requieren de un tiempo de amortización largo. Y 25 años no son masas ni suficientes.

 

Deseamos que sean tenidas todas ellas en cuenta, por el bien de la economía agraria de nuestro país y para el mantenimiento de un sector agroalimentario potente. En Cataluña no malgastamos el agua, todo lo contrario, le damos una utilidad y una productividad que en otros lugares no está. Por lo tanto, tenemos que seguir pudiendolo hacer. Por parte del INSTITUT AGRÍCOLA lo defenderemos.

 

Artículo publicado en La Drecera 153. Septiembre - Octubre 2015

Revista de la Patronal Agraria de Cataluña