La necesidad de una reforma agraria.

Artículo de Opinión. Mateu Comalrena de Sobregrau, Secretario Vocal del Institut Agrícola


A lo largo de los tiempos, la reforma agraria ha sido uno de los elementos discursivos más frecuente de la clase política. No sólo en Cataluña o España, sino que lo ha sido en todo el mundo. Si bien es cierto que ha sido un elemento discursivo frecuente, también es cierto que pocas veces se ha llevado a la práctica.

Ya desde tiempos remotos, desde 1798, el Informe sobre el Proyecto de la Ley Agraria es un ejemplo de esta voluntad de reforma agraria nunca alcanzada. Ha habido intentos más o menos revolucionarios e intentos más o menos conservadores, pero todos ellos han fracasado por falta de una visión economicista de la actividad agraria.

En general, siempre ha habido dos comunes denominadores en cualquier política agraria. El primero es el acceso a la propiedad de la tierra, el segundo diseñar una actividad agraria formada por empresarios autónomos o, en peores casos, formada por empresas familiares. Ambos comunes denominadores, desde el paso de Cataluña por la Revolución Industrial, se demostraron obsoletos por la mayoría de empresas, fuera cual fuera su ramo del comercio.

En el caso de la actividad agraria, debido a que el capital tierra ya estaba amortizado, ya que procedía de herencia y que el capital en maquinaria era relativamente barato, porque sólo consistía en un arado o una laya, el antiguo modelo se continuó perpetuando. Además, hay que añadir la excesiva diversificación de la actividad agraria en cada una de las empresas existentes, puesto que en Cataluña en una misma unidad de negocio convive, normalmente, la actividad agrícola, la ganadera y la forestal.

Finalmente, la dimensión de las explotaciones agrarias,-debido a su carácter hereditario-ha quedado fijada en la dimensión que tenían en el siglo XVI. Cuando después de la peste negra se recolonizó el país.

La mayoría de fincas de finales del siglo XVI, tienen los mismos límites que hoy, con la diferencia que la capacidad de trabajo de la maquinaria moderna es abismalmente superior a la maquinaria disponible hace 500 años.

Hoy, en un contexto de globalización de los mercados agrarios hay que acometer, sin complejos, una reforma agraria. Es evidente que cualquier reforma agraria que se pretenda fracasará si se quiere imponer un modelo concreto. Fracasará, principalmente, porque la actividad legislativa y política es demasiado lenta para adaptarse a los ritmos del mercado. Por lo tanto, cualquier reforma debe pasar por flexibilizar, legal y administrativamente, la estructura de la empresa agraria para que, de acuerdo con las necesidades del mercado, ésta se pueda adaptar a las situaciones cambiantes.

Pueden argumentarse muchas razones para justificar un replanteamiento de la política agraria catalana, pero hay uno de capital: La renta agraria, que ya de por sí se calcula de una manera muy sui géneris no para de bajar, año tras año, a pesar del maquillaje que incorpora su fórmula de cálculo. O sea, que los empresarios agrarios cada año son más pobres, con imposible acceso al beneficio.

En la Cataluña actual, la empresa agraria sufre de varios males. El primero es que son empresas de carácter autónomo amparado bajo la falsa idea de que cualquier agricultor puede ser, supuestamente, un buen empresario. En un marco de alta tecnificación de la actividad empresarial y de alta competencia entre los diversos mercados, seguir asumiendo este postulado es, simplemente, una entelequia. No todos los agricultores tienen capacidades innatas para ser empresarios.

En segundo lugar hay un dimensionamiento de la empresa agraria, entendida como unidad de negocio, demasiado pequeña. La estructura de explotaciones venida del siglo XVI ya no da más de sí, y con los márgenes comerciales actuales de los productos agrarios, este empresario agrario (autónomo) no dispone de renta suficiente, por lo que año tras año, la renta agraria baja, a pesar de los maquillajes que se hagan. Hoy ya no es posible disimular la caída en picado de esta renta agraria. A pesar de cualquier subsidio o subvención.

Por lo tanto, hay que abordar un redimensionamiento de las explotaciones agrarias. Si el siglo XIX y el siglo XX la concepción política pasaba por afirmar que los empresarios agrarios (autónomos - o sea agricultores-) tenían que poseer la tierra, en el siglo XXI esta afirmación ya es más relativa. Si ya se acepta, plenamente, que las empresas, para su funcionamiento, no necesitan disponer del capital de maquinaria en régimen de propiedad sino que lo pueden disponer en régimen de leasing o renting, no hay ningún motivo razonable que no permita afirmar que, para el caso de las empresas agrarias, el capital tierra se puede disponer, también, en algún régimen de alquiler o arrendamiento.

Hoy no es tan importante que las empresas agrarias dispongan del capital tierra en propiedad sino que dispongan de acceso al capital tierra. La filosofía de la actual Ley de Contratos de Cultivo es demasiado anacrónica y sigue teniendo como objetivo fundamental posibilitar el acceso a la propiedad de la tierra por parte del empresario agrario y sólo bajo la opción de compra por retracto; retracto el cual es muy incierto por parte del empresario agrario ya que, por su naturaleza nunca se puede saber cuándo se producirá la posibilidad de retracto.

Este objetivo de la ley, tanto encorsetado, hace que queden fuera de posibilidad una multitud de otros modelos de acceso al capital tierra, como podría ser un alquiler sostenido y de bajo perfil de compromiso entre las partes, el alquiler con opción de compra, o cualquier otro modelo que encajara en el punto de encuentro de las necesidades del empresario agrario y del propietario del capital tierra. Y para conseguir eso hay que flexibilizar la ley de contratos de cultivo y hacerla supletoria de que las partes no pacten libremente. La flexibilización de formas de acceso al capital tierra es básica para que las empresas agrarias puedan aumentar su dimensión.


El tercero de los elementos a abordar es la estructura de los costes de la empresa agraria. El nivel de tecnificación del sector agrario ha llevado a que la disponibilidad de maquinaria específica sea imprescindible. Pero por el contrario, la escasa dimensión de la empresa agraria hace que, hoy por hoy, la maquinaria llegue a su obsolescencia tecnológica sin haber sido amortizada. Demasiadas explotaciones agrarias con 50 ó 60 hectáreas de secano disponen de más de un tractor. De hecho el parque de tractores empieza a estar el límite de rebasar la cantidad de agricultores existentes en Cataluña, o dicho de otro modo, no hay suficientes agricultores para los tractores que dispone Cataluña.

Si encima de los tractores, se suma la maquinaria agrícola, las instalaciones ganaderas, y en menor medida la maquinaria forestal, la mayoría de empresas agrarias tienen un inmovilizado (tierra aparte) que rodea valores de inventario de borde de un millón de euros, cifra manifiestamente desproporcionada para las rentas que se obtienen de este capital.

Por lo tanto hay que abordar la rentabilización de la maquinaria y de las instalaciones agrarias. Esta rentabilización pasa por dos vías: La primera es la especialización de la actividad agraria y la segunda es la intermovilidad de las explotaciones agrarias.

La especialización de la actividad agraria pasa porque el "agricultor - empresario autónomo" se dedique, cada vez más, a una sola actividad. Si se dedica a hacer de tractorista debe procurar obtener un rendimiento de su tractor procurando que cada año acumule más de 5.000 horas de trabajo, mal que implique contratar otros tractoristas y que empiece a convertirse en empresario de labores agrícolas. En todo caso, para el balance general del país no es admisible que tractores de más de 50.000 euros se mueran de viejos y no se hayan amortizado. Por otra parte, otros agricultores se especializaran en labores de ganadería, aunque cada día manejen más de una granja, pero el coste de formación y especialización de un buen granjero no se puede malgastar destinando sus horas laborales en hacer de tractorista.

La intermovilidad es una consecuencia de la especialización. Si se pretende que los "agricultores - empresarios agrarios" se especialicen, la tierra que ha dejado ese campo para dedicarse a hacer de granjero la debe cultivar otro granjero que ha decidido especializarse como agricultor. Para ello se necesita inexorablemente una flexibilización en las figuras de arrendamiento del capital tierra que ya se han expuesto. Sin especialización no es posible una reducción de costes, al tiempo que la especialización requiere una flexibilización, de tipo mercantil e intermodal, los activos de producción, capital tierra incluido.

Como consecuencia de la especialización se abre la puerta a una especialización en la formación agraria de los empresarios. La especialización permite concentrarse en adquirir conocimientos específicos y por tanto sirve a la vez para ser más competitivo en el segmento de mercado que se especializa.

El desarrollo de las premisas anteriores lleva a una terciarización de la actividad agraria; que en principio no debería constituir ningún problema, a no ser de la existencia de figuras anacrónicas como la de agricultor a título principal o la de explotación agraria prioritaria.

Hoy, debido a la visión decimonónica del sector agrario, la clase política y la ley sólo reconocen la plenitud de derechos, en el marco del sector primario, los agricultores a título principal. Es decir, sólo se reconocen derechos a los que sólo se dedican al sector primario, al tiempo que cada día, estos empresarios del sector primario son más pobres. En resumen, esta acción política tan romántica del sector primario está vertiendo, activa y deliberadamente, al empobrecimiento de un sector de la población. Es un fenómeno vergonzante del siglo XXI en el marco de un estado social, que a la vez proclama activamente en su constitución la necesidad del incremento de la renta agraria.

En cuarto lugar, hay que abandonar, en la medida de lo posible, los conceptos de agricultor a título principal y explotación agraria prioritaria. En la medida que legalmente no sea obviable, hay que hacer esfuerzos para desterrar estos conceptos que la cotidianidad de la administración agraria.

Hay que ir a análisis más avanzadas, haciendo énfasis en otros conceptos como los balances empresariales de la actividad agraria, la rentabilidad de las empresas, el volumen de economía inducida en el sector y un largo etcétera mucho más economicista.

Al mismo tiempo en el caso de reparto de subvenciones, que deberían ser las menos (y que lo serán debido a la retracción de la economía) lo que hay que garantizar es que las subvenciones agrarias no sirvan para abastecer otros sectores de la economía, lo que se alcanza por medio de contabilidades separadas en unidades de negocio, agrario y no agrario. La situación actual de no poder diversificar, si se quiere, el riesgo empresarial fuera de la actividad agraria, o bien compatibilizar la actividad agraria con cualquier otro ramal del comercio, es simplemente aberrante en el marco de una economía de mercado.

En quinto lugar, hay que hablar de la política de subvenciones. Hay que ir abandonando la subvención directa a cada uno de los empresarios agrarios, porque en términos generales se acaba subvencionando a los que no tienen dimensión empresarial suficiente en detrimento de aquellos que tienen mayores potenciales empresariales y permitirían un retorno de las subvenciones concedidas erario, vía impuestos sobre la actividad que generan.

En este sentido, sería preferible un modelo de inversión pública que primero la obra pública rural, generadora de economía inducida, reductora de costes y facilitadora del acceso a los servicios generales. Por lo tanto sería preferible destinar los fondos públicos a puestas en regadío de grandes superficies, mejora de la red viaria rural, traída de agua, electricidad y teléfono en las masías, sin interferir, económicamente, en la actividad empresarial como tal, subvencionando la compra de maquinaria o instalaciones, como ha hecho hasta ahora.

La política agraria debe procurar que todos los emprendedores agrarios puedan emprender en igualdad y buenas condiciones. Los empresarios agrarios se han de acostumbrarse a asumir su cuota de riesgo y ventura.

En sexto y último lugar,
queda analizar cuál podría ser el eje de la reforma. A priori, parecería que la opción más interesante pasaría por fomentar la creación de un parque de empresas agrarias con masa crítica suficiente para que puedan ser competitivas, sin perjuicio de la persistencia de algún productor "artesanal".

En este marco habrá que abordar la situación de las cooperativas. O bien saltan de cooperativas de transformación y comercialización en cooperativas de producción, asumiendo la gestión cotidiana de las explotaciones de sus socios, o bien se las ha de ayudar a bien morir. Lo que no se puede seguir aguantando es un conjunto de cooperativas prisioneras de un precio tasado de compra y un precio tasado de venta de los productos que mercadean, y con una estructura de costes imposible de rebajar.

Objetivamente tampoco es admisible, en una economía de mercado, seguir manteniendo un sistema cooperativo que cuando las ventas van bien se reparten dividendos y cuando las ventas van mal, con dinero del erario nutrido de los impuestos de los empresarios societarios, se seca el déficit de las primeras. Los empresarios societarios acaban tributando por ellos y por los demás y encima les hacen competencia desleal.

 

Artículo publicado en La Drecera, núm. 122. Julio - Agosto 2010.
Informativo agrario del Institut Agrícola.