Foment del Treball y el Institut Agrícola presentan un plan para convertir a Catalunya en el hub agroalimentario del sur de Europa

Barcelona, 5 de Marzo de 2022

• Impulsar con Fondos Europeos la construcción del Canal de Urgell para impulsar el regadío de 87.000 hectáreas que garantizarán una parte sustancial del suministro alimentario de Catalunya.
• Instar a la Generalitat a hacer compatible la “agricultura ideal” con la “agricultura real” con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que supongan mejoras de productividad y rendimiento de los cultivos.
• No ampliar la ZEPA del Baix Llobregat para no arruinar la industria agroalimentaria de proximidad en la conurbación urbana de Barcelona, siendo una de sus principales fuentes de soberanía alimentaria.
• Ejecutar un plan especial para reactivar y dinamizar el Delta del Ebro como zona clave de producción agroalimentaria sostenible recuperando los planes de ayuda.
• Apostar por fuentes de energía renovable provenientes del sector primario como la biomasa de origen forestal como fórmula de gestión eficiente y sostenible del bosque y la generación de energía limpia que contribuya a reducir nuestra dependencia energética.
• Creación de un gestor único del agua para garantizar el suministro de calidad, un precio adecuado para garantizar la sostenibilidad económica y medioambiental con una correcta asignación de los derechos de propiedad.
• Foment y el Institut solicitarán una entrevista al presidente de la Generalitat para lograr la implicación y liderazgo de la institución en este Plan Agroalimentario que permita reactivar la industria agroalimentaria catalana.

Introducción

La pandemia nos ha dado lecciones sobre la importancia de la independencia alimentaria en todas las partes de la cadena de valor, como ahora también lo está poniendo de relevancia la guerra de Ucrania. Nuestro sector agroalimentario sigue en la posición de extraordinaria importancia en que la crisis sanitaria y las medidas de contención lo colocaron hace ya más de dos años. La prioridad del suministro alimentario suficiente, de calidad y a costes razonables sigue estando presente en la política económica europea y, por ende, en la de España y Cataluña. Pero las dos crisis sucesivas nos obligan a repensar el futuro para reducir nuestra dependencia exterior y para estar preparados ante situaciones que rompan el equilibrio económico y geopolítico y puedan generar desabastecimiento.

La mayor parte del tejido productivo agroalimentario está formado por profesionales, microempresas y medianas empresas. El 42% de las explotaciones agrarias tienen una superficie útil inferior a 5 hectáreas, mientras que el 35% están entre las 5 y las 20 hectáreas. Ante un sector productor atomizado, también se une un sector transformador, transportador y distribuidor de productos alimentarios con fuerte implantación de pymes. En este sentido, nuestro principal objetivo es conseguir no sólo el fortalecimiento económico y empresarial de las pymes agroalimentarias, sino muy especialmente que sean tractoras de crecimiento, innovación, difusión de nuevas tecnologías y que presten un servicio de calidad siempre y en todo momento.

Desde Foment del Treball y el Institut Agrícola Català de Sant Isidre consideramos que el debate no sólo tiene que estar centrado en cuestiones clásicas como el “tamaño de la empresa”, la regulación fiscal o las trabas burocráticas, todas ellas cuestiones relevantes, sino que debe centrarse en algo más importante:  la capacidad de interconectar a las pymes para que haya una mayor integración del mercado. En un mercado único verdaderamente integrado, con fuerte presencia en el exterior y con redes eficientes de transporte, distribución y comercialización con cualquier parte del mundo. Variables como el tamaño de la empresa o las dificultades técnicas en el cumplimiento normativo pasan a un segundo plano, se convierten en variables “subsidiarias” de lo verdaderamente relevante que es producir, crear empleo y generar valor añadido. Todo con el objetivo de conseguir la soberanía agroalimentaria.

En esto es donde estamos centrados, con la colaboración de los diferentes agentes del sector, muy pegados y con trabajo diario y constante con las instituciones europeas y con las miras puestas en un sector que, aunque se vea presionado por la regulación verde, no sólo hace de la necesidad virtud, sino que genera los mecanismos necesarios para modernizarse, situarse a la vanguardia de la economía del territorio y dar respuesta a las demandas de los consumidores.

Con estos objetivos, Foment del Treball y el Institut Agrícola Català de Sant Isidre presentarán a la Generalitat -solicitando una entrevista con el presidente Pere Aragonés- este Plan Agroalimentario pensando en las nuevas relaciones geopolíticas, el crecimiento de la población, las garantías de suministro y la reactivación económica del territorio, con el objetivo de conseguir una mayor implicación y liderazgo del Gobierno de Catalunya.

1.- Convertir Cataluña en un hub agroalimentario para dar garantía de suministro a costes razonables: Soberanía productiva

En el mundo post-Covid, la soberanía productiva agroalimentaria es más importante que nunca, y más aún con las tensiones que los empresarios y los consumidores están viviendo con interrupciones de las cadenas de suministros, problemas serios de inflación que se pueden volver persistentes y pérdidas de competitividad difícilmente reversibles que nos apean del camino de la convergencia con las grandes economías globales. Esta situación se ha agravado ostensiblemente con la guerra de Ucrania que puede poner en cuestión la garantía de suministro para la Unión Europea, una población de 500 millones de habitantes.  A esta situación, se añade la necesidad de diseñar políticas efectivas con las que se puedan cumplir los objetivos renovados en la COP26, donde el sector agroalimentario debe hacer un uso más eficiente de todos los recursos, cuestión que ahora vuelve a ser más relevante cuando se depende fuertemente de recursos del exterior que ahora están amenazados con el conflicto Rusia-Ucrania, lo que pueda pasar con China y el papel de otros territorios que deben convertirse en fuentes seguras de suministro (América Latina).

En definitiva, Europa, y por ende España y Cataluña, se han dado de bruces con la nueva realidad tras una fortísima crisis sanitaria y económica para caer en la cuenta de la importancia de las capacidades estratégicas agroalimentarias, en un contexto de importantes restricciones en el comercio mundial por cambios y tensiones geopolíticas. Europa, España y Cataluña han visto real el riesgo de que lo que se ha dado siempre por hecho puede no ser así siempre.

Ante esta nueva situación, Foment del Treball y el Institut Agrícola Català de Sant Isidre proponen un cambio de orientación de la política europea, española y catalana con respecto al sector agroalimentario, con el objetivo de garantizar el suministro alimentario convirtiendo a Catalunya en uno de los hubs agroalimentarios más importantes del sur de Europa.

2.- El agua como vector estratégico de crecimiento agroalimentario: el Canal d’Urgell

Tal como refleja el Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia, España tiene la oportunidad, dentro del marco del ‘Nuevo Pacto Verde’, de presentar proyectos y actuaciones específicas en materia de gestión integral del agua. Tomando en consideración los diferentes proyectos, incluso algunos no ejecutados desde hace años por falta de financiación, y midiendo el impacto económico, social y territorial de los mismos, uno de los más sobresalientes es la modernización del Canal d’Urgell, el cual pasa por ser la más importante obra de ingeniería civil y medioambiental de Cataluña en los últimos años. Se trata de un proyecto tractor tanto para la economía catalana como para la economía española.

El proyecto de modernización de los Canals d’Urgell es algo más que sólo una inversión superior a 1.300 millones de euros. Es, probablemente, el último tren en esta tercera década del siglo XXI para ir hacia una revolución económica en zonas especialmente afectadas por el envejecimiento, la despoblación rural, la falta de alternativas económicas que fijen población en el territorio o el aislamiento y falta de conexión con otras partes económica y socialmente potentes del Estado. El valor social, político y económico del agua es incuestionable y la necesidad de hacer una buena gestión apoyada en las más modernas tecnologías y el uso eficiente del recurso, una obligación política y moral de primer orden en nuestra tierra.

En este sentido, demandamos a la Generalitat y al Gobierno de España la inclusión de este proyecto en las demandas de fondos europeos para convertir una zona degradada y empobrecida en una amplia zona de producción agrícola que garantice el suministro de productos básicos porque necesitamos una mayor superficie agrícola para poder producir de manera intensiva, eficiente y sostenible. El Canal de Urgell haría fértiles un total de 87.000 hectáreas en las comarcas Pla d’Urgell, Urgell, La Noguera, Segrià y Garrigues. En definitiva, crear un hub agroalimentario que garantizara la seguridad alimentaria en Cataluña y será un importante apoyo en la capacidad productiva de España.

En este contexto es donde se encuentra en aumento la preocupación de las instituciones europeas por la seguridad del suministro alimentario de 27 países y sus 500 millones de habitantes, no porque ya se hayan producido importantes restricciones, sino por las que se pueden producir en el futuro. Las dos variables fundamentales para seguir cumpliendo con uno de los principios rectores de los Tratados de la UE referidos a la PAC (Política Agraria Comunitaria) como es incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables (artículo 39 del TFUE) son, por un lado, la generación permanente de excesos de oferta en los principales productos agroalimentarios (suficiencia de abastecimiento alimentario unida a la contribución de la UE al suministro alimentario mundial) y, por otro lado, mantener bajo control los precios en origen de los alimentos.

3.- Armonizar la coexistencia de la industria agroalimentaria y los espacios protegidos: NO MÁS AMPLIACIONES DE SUPERFICIE PROTEGIDA

El sector agroalimentario en el Baix Llobregat supone el 7,2% de su PIB, con un peso que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años conforme la tecnificación de las explotaciones ha avanzado y se han introducido nuevos cultivos.

Ampliar la ZEPA del Delta del Llobregat obliga a abandonar con distinta intensidad la agricultura intensiva y de alta eficiencia, dado que es incompatible mantener una actividad de estas características bajo este régimen de protección. En este sentido, partiendo de los cálculos realizados en el informe “Valoración de los costes de conservación de la Red Natura 2000 en España” publicado en 2013 por el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a euros constantes de 2007, una decisión de estas características genera dos consecuencias prácticas: por un lado, una reducción de la producción agroalimentaria de entre un 7,5% en el escenario menos restrictivo y un 30% en el escenario más restrictivo. En el escenario central (limitación del 50% de la producción), las pérdidas son del 15%.

Y, por otro lado, la ampliación de la ZEPA provoca un aumento muy significativo de los costes de producción por las limitaciones al uso de fitosanitarios, plaguicidas y fertilizantes. Concretamente, con base en el informe anteriormente citado, el aumento de costes oscila entre un 3,12% en el escenario menos restrictivo y un 12,5% en el escenario más restrictivo. En un escenario central el incremento de costes asciende al 6,25%. El efecto combinado, en consecuencia, aboca a las cuentas de resultados de las empresas agroalimentarias a la ruina y a la huida de inversiones, como se han registrado en los últimos meses.

En resumen: la suma de pérdidas en el valor de la producción y el aumento de los costes hace inviable la existencia de agricultura competitiva en el Delta del Llobregat, provoca la desaparición de empresas agroalimentarias, aleja inversiones productivas, impide la incorporación de jóvenes empresarios a la agricultura y compromete la seguridad alimentaria de su entorno más cercano, especialmente de los núcleos urbanos más densamente poblados como es el caso del Área Metropolitana de Barcelona.

Foment del Treball y el Institut Agrícola Català de Sant Isidre demandan a la Generalitat que no amplie la zona ZEPA del Baix Llobregat porque la mejora del medio ambiente no pasa por el deterioro de la industria agroalimentaria de proximidad. La Generalitat debe tener en cuenta que a partir de la construcción de un “ideal” agrícola y medioambiental, la política toma decisiones que sobre el papel pueden suponer una contribución positiva para este “ideal” buscado. Sin embargo, existe un error de base en este planteamiento: la enorme distancia entre el “modelo ideal” y el “modelo real” de agroalimentación. Por supuesto que es necesario que se produzcan cambios importantes, pero no tienen que hacerse sin tomar en consideración el punto de partida y las condiciones existentes de competitividad, productividad y estabilidad de mercado.

Pero cuando se habla de “producción agroalimentaria” no se puede caer en el simplismo de sólo pensar en el alimento final: es necesario pensar en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor alimentaria, donde hay consumos intermedios donde Europa es ampliamente deficitaria como en la producción de fertilizantes, los productos químicos y farmacéuticos necesarios para garantizar la sanidad vegetal y animal o incluso la tecnología.

Uno de los elementos fundamentales en el Delta del Llobregat que quedan ocultos por el debate sobre la ampliación de la ZEPA es el problema de las inundaciones cíclicas que se producen en la zona por la ausencia de gestión por parte de la Agencia Catalana del Agua que lleva 17 años sin dar soluciones sobre a este problema endémico.

4.- Una apuesta activa por la gestión sostenible y profesional de los bosques como fuente de energía renovable y en favor de minimizar los riesgos asociados al cambio climático: la biomasa

La gestión activa de los excedentes de biomasa de los ecosistemas naturales ha de encontrar las cadenas de valor necesarias para ser una fuente de materias primas renovables y de energía limpia para sectores industriales. En Catalunya, después de décadas donde sufrimos fuertes incendios, en los últimos años hemos tenido una incidencia relativamente baja, con algunas excepciones. Sin embargo la eficacia de los sistemas de prevención esconde una realidad.

En Catalunya solo se aprovecha el 15% del crecimiento anual de las masas forestales lo que implica año tras año que el bosque crece y se acumula un 85% de biomasa, lo que implicará en los próximos 20 o 30 años un fuerte gasto para la prevención y la conservación del bosque. Por el contrario, una gestión activa en los bosques permitiría acotar el riesgo de incendio y fomentar energías renovables.

En este sentido, solicitamos a la Generalitat una apuesta decidida para aprovechar la inmensa potencialidad de los bosques catalanes para generar energías limpias, con el consecuente impacto en el CO2 y facilitar la prevención de incendios. Es necesario impulsar una reforma administrativa y fiscal que permita a los propietarios forestales poner en valor una producción que es clave para potenciar fuentes de energía limpia como la biomasa de origen forestal, además de otros productos y subproductos obtenidos de los bosques. Asimismo, Foment y el Institut piden acelerar el mecanismo que permita a los propietarios forestales obtener una compensación a precios de mercado por la labor de sumidero de CO2 que hacen sus bosques, tal y como establece la Ley de Cambio Climático.

5.- Un regulador único del agua para garantizar el suministro, la estabilidad de las infraestructuras y el Ciclo Integral del Agua

• Especialmente en el momento actual en que se está revisando la superficie susceptible de ser declarada como dominio público hidráulico, es más importante si cabe, defender el pleno ejercicio de los derechos de propiedad especialmente en las zonas regables más desfavorecidas y más afectadas por la sequía.

• Un sistema de precios en el sector del agua que refleje de la mejor manera posible el coste real de generar, transportar y poner a disposición el agua en forma de recurso económico productivo para sus diferentes usos. Esto es importante tanto para el uso urbano del agua –para asegurar un buen consumo– como en el ámbito agrícola e industrial al ser un input básico para acelerar e incentivar la innovación, un uso eficiente de los recursos y una inversión continua en mejores sistemas de riego. El caso de Israel, por ejemplo, constituye un magnífico ejemplo de cómo los precios actúan como poderoso incentivo.

• Este marco legislativo estable y sistema de precios eficiente debe reflejar el verdadero coste del agua, elemento central e imprescindible para el buen uso de este recurso a lo largo de todas las fases del ciclo de vida: desde la generación hasta su distribución minorista. Esto exige una correcta asignación de los derechos de propiedad y un marco regulador que permita la sostenibilidad económica y medioambiental del grueso de compañías del sector. La colaboración público-privada es, en este campo, un elemento fundamental como alineación de intereses entre los reguladores y las empresas gestoras del recurso donde los primeros velan por el interés general de la sociedad y los segundos crean valor en los procesos y consiguen que el agua llegue a los consumidores en condiciones adecuadas, rentables económica y socialmente y respetando el medio ambiente.

6.- Un plan activo para revitalizar el Delta del Ebro

Una de las principales zonas de producción agroalimentaria de Catalunya está en una situación muy compleja después de las últimas inundaciones. Se trata de un problema secular de falta de gestión activa, donde la intervención de los sucesivos Gobiernos ha sido más negativa que positiva, ya que se fomenta una protección medioambiental que impide construir las infraestructuras necesarias y la compensación de los efectos externos tanto positivos como negativos de las industrias localizadas en el territorio.

Por ello, Foment del Treball y el Institut Agrícola piden al Govern cumplir con los planes y medidas anunciadas tras el Gloria, incumplidas sistemáticamente, sobre la base de permitir un mayor desarrollo de la industria agroalimentaria vía inversiones en infraestructuras y no sólo ayudas o planes parciales que no resuelven el fondo de los problemas existentes en la zona.