El Baix Llobregat arrastra desde hace décadas graves problemas por la falta de gestión de las aguas torrenciales. Cada DANA destruye el tejido productivo del territorio, aboca al desempleo a trabajadores y pone en riesgo el suministro alimentario del área metropolitana de Barcelona.
En la visita del conseller de Agricultura Òscar Ordeig, los empresarios agroalimentarios han mostrado los daños ocasionados por la última DANA. Al mismo tiempo, han subrayado como prioridad el desarrollo de inversiones que son económica y socialmente rentables, así como para crear sinergias con la gestión de los recursos naturales como el agua.
Los empresarios exigen que las Administraciones cumplan con el deber de realizar las inversiones necesarias. Confiar todo a las ayudas o al soporte económico que puede dar la Administración ante catástrofes naturales como la presente es un error. Además de ayudas, es necesario invertir.
Los empresarios agroalimentarios del Baix Llobregat y el Institut Agrícola Català de Sant Isidre han trasladado de primera mano las consecuencias de la última DANA al conseller de Agricultura Óscar Ordeig en los municipios de Viladecans (con 450 hectáreas inundadas), Gavà (200 hectáreas arrasadas), Sant Boi y El Prat en la mañana de hoy jueves 7 de noviembre. Esta visita ha ayudado a que las autoridades sean conscientes de la destrucción productiva que supone un fenómeno meteorológico de estas características, pero, sobre todo, para darse cuenta del coste que tiene no tener los instrumentos técnicos adecuados que permiten evitar la gran mayoría de las consecuencias negativas de una ‘gota fría’.
En este sentido, que un campo se inunde tiene las mismas consecuencias que la destrucción de una fábrica, el hundimiento de una carretera o el incendio de un centro de transformación industrial. Supone destruir la capacidad productiva por un tiempo que, en algunos casos, rebasa una temporada completa. Ante esta situación, la reacción lógica es la de pedir apoyo económico a la Administración para cubrir costes sobrevenidos como salarios, subsidios de desempleo, ERTEs, costes de la limpieza, entre otros. Se estiman unas pérdidas totales de entre 35.000 y 45.000 euros por hectárea, dependiendo de si la producción está al aire libre o en invernadero.
Sin embargo, pedir ayudas masivas, aunque parece la medida más fácil, termina siendo un mal remedio a medio y largo plazo. En prácticamente todas las catástrofes naturales, el dinero llega tarde, mal y escaso. Y esto es así no sólo porque pueda haber ineficiencias administrativas y políticas, sino también porque el instrumento (gasto en ayudas) no es el más adecuado cuando estamos hablando de la destrucción del tejido productivo. Hay múltiples ejemplos recientes.
Históricamente, la Generalitat ha dejado de preocuparse por las inundaciones (y, la otra cara de la moneda, la sequía). En el momento en que se empieza la reconstrucción y se dan algunas ayudas, el clima se normaliza, postergando las inversiones necesarias en infraestructuras hídricas que permiten encauzar las aguas torrenciales.
Por ello, los empresarios agroalimentarios y el Institut Agrícola Català de Sant Isidre exigen romper este ‘círculo vicioso’ histórico y piden al Govern acometer las inversiones necesarias para que, en una próxima DANA, los centros de producción agroalimentaria se salven de lo peor. Los discursos políticos deben traducirse en realidades tangibles, sobre proyectos que llevan hechos muchos años y que sólo necesitan voluntad política y disponibilidad presupuestaria para acometerlos. Concretamente, las actuaciones más urgentes son las siguientes:
- Ejecución urgente de retirada de los sedimentos de las rieras para ganar capacidad de desagüe y drenaje de las aguas.
- Ejecución urgente para instalar un segundo tornillo de Arquímedes en la Murtra y la automatización del sistema de compuertas para garantizar un rápido desagüe de la zona agrícola.
De ello depende que el Baix Llobregat sobreviva y que, con ello, lo haga el área metropolitana de Barcelona. Dando cumplimiento a la Moción 254/XIV de octubre de 2023 promulgada por el PSC y aprobada por la mayoría de los partidos del arco parlamentario.
Barcelona, 7 de noviembre de 2024
