El Gobierno ignora a los empresarios agrarios y desprecia el territorio

La Comisión Europea, en su carta de emplazamiento de febrero de 2021, y a la que ya hemos hecho referencia anteriormente, pide, fundamentalmente:

• • La retirada de los nuevos aparcamientos del Aeropuerto, construidos en zona protegida.
  • El establecimiento de un plan de gestión y presupuesto para el espacio protegido.
  • La incorporación de la actual desembocadura del río Llobregat y la playa de Ca l’Arana al espacio protegido.

Todos estos requerimientos están incluidos, como medidas compensatorias, en la Declaración de Impacto Ambiental de 2002, de la ampliación del aeropuerto Pero el Acuerdo de Gobierno no da cumplimiento a todo ello. Y, además, se extralimita al intentar darle respuesta al expandir sin fundamento científico, la superficie protegida.

El Gobierno hace caso omiso y desprecia al territorio

Ante esta situación tan grave, que afecta directamente a las empresas agroalimentarias del delta del Llobregat, el INSTITUTO AGRÍCOLA se ha visto compelido a interponer el referido Recurso contencioso administrativo. Pero, paralelamente ha estado presionando, desde la aprobación del Acuerdo de Gobierno, para encontrar una solución consensuada con el Departamento de Territorio.

Es por ello que, desde el primer momento, nos hemos ofrecido a sentarnos para hablar y llegar a un consenso para revertir la ampliación de la ZEPA y, para que la que quede, sea lo menos restrictiva para la actividad agraria.

Al Departamento le ofrecimos trabajar conjuntamente, vía los respectivos Servicios Jurídicos, para analizar debidamente el contenido de todo el expediente administrativo que había finalizado con el referido Acuerdo de Gobierno — hay que recordar que todo lo había tramitado el anterior Gobierno— y plantear la reversibilidad de la ampliación.

Pero todo sólo fueron buenas palabras para complacernos. La realidad de este trabajo conjunto, INSTITUTO y Departamento no ha sido. Escudándose en un supuesto deber político de transparencia, se ha querido abrir el debate y trabajo a otras entidades del territorio —sindicatos agrarios, Parque Agrario, Ayuntamientos, etcétera— para disolver nuestra opinión.

Ante esta situación hemos dejado de asistir a unas presuntas “Tablas jurídicas” organizadas para debatir una solución descafeinada al requerimiento de la Comisión Europea, así como para establecer las reglas del Plan de gestión de la ZEPA ampliada.

Todo ello choca frontalmente con nuestro planteamiento de devolver el ámbito superficial de la ZEPA a la delimitación anterior, así como de redactar un Plan de gestión de este ámbito —que, reiteramos, es el que exige la Comisión Europea— que compatibilice, tanto como sea posible, la protección del espacio natural con la actividad agroalimentaria. Y todo ello con una base científica adecuada, competente y contrastada.

Toda propuesta que se desvíe de ello no contará con nuestro apoyo. Al mismo tiempo que, de mientras, seguiremos con la defensa de nuestros postulados ante la jurisdicción contenciosa. Esperamos que el Gobierno reflexione y recapacite.

Noviembre 2025

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] Como ya hemos ido explicando los fundamentos jurídicos y políticos de nuestra oposición a la ampliación de la ZEPA del delta del Llobregat son muy claros y evidentes:

• • Inexistencia de legitimación política del Gobierno en funciones que aprobó. La normativa de gobernanza establece que dentro de esta fase de legislatura no se pueden tomar decisiones que puedan condicionar la acción de gobierno del equipo resultante de las nuevas elecciones. Y eso, aquí, no se respetó.
  • El Parlamento de Cataluña se había opuesto, por dos veces, a la ampliación. Pruebas evidentes de que la mayoría política no comulgaba. Son bastante claras las Mociones de 31 de mayo de 2012 y 254/XIV, de 5 de octubre de 2023.
  • Falta de respuesta al Recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de Gobierno. La propia Administración no se ha pronunciado de ninguna forma respecto del contenido de todo lo que hemos ido defendido. Ha elegido el camino más fácil, como es el silencio.
  • Inexistencia de un Plan de gestión de la ZEPA antes de la ampliación. Este es uno de los requerimientos que hizo la Comisión Europea en su carta de emplazamiento de febrero de 2021.
  • Carencia de estudios científicos ornitológicos elaborados siguiendo los procedimientos establecidos y con personas capacitadas y con competencias.
  • Nulidad de todo el expediente administrativo, tramitado excediendo los plazos fijados por la normativa procedimental administrativa.
  • Incumplimiento de la creación de mesas de trabajo conjuntas con los Ayuntamientos y entidades del territorio.
  • Falta del informe de afectación a la actividad agraria y la compatibilidad de la protección con aquélla.
  • Con posterioridad a la exposición pública de la propuesta y de los correspondientes planos de delimitación, se amplió el territorio protegido, sin una posterior nueva exposición pública.

Aparte, se defiende que con la ampliación del espacio protegido no se da cumplimiento a lo que exige la Comisión Europea.

¿Qué pide la Comisión Europea ?

La Comisión Europea, en su carta de emplazamiento de febrero de 2021, y a la que ya hemos hecho referencia anteriormente, pide, fundamentalmente:

• • La retirada de los nuevos aparcamientos del Aeropuerto, construidos en zona protegida.
  • El establecimiento de un plan de gestión y presupuesto para el espacio protegido.
  • La incorporación de la actual desembocadura del río Llobregat y la playa de Ca l’Arana al espacio protegido.

Todos estos requerimientos están incluidos, como medidas compensatorias, en la Declaración de Impacto Ambiental de 2002, de la ampliación del aeropuerto Pero el Acuerdo de Gobierno no da cumplimiento a todo ello. Y, además, se extralimita al intentar darle respuesta al expandir sin fundamento científico, la superficie protegida.

El Gobierno hace caso omiso y desprecia al territorio

Ante esta situación tan grave, que afecta directamente a las empresas agroalimentarias del delta del Llobregat, el INSTITUTO AGRÍCOLA se ha visto compelido a interponer el referido Recurso contencioso administrativo. Pero, paralelamente ha estado presionando, desde la aprobación del Acuerdo de Gobierno, para encontrar una solución consensuada con el Departamento de Territorio.

Es por ello que, desde el primer momento, nos hemos ofrecido a sentarnos para hablar y llegar a un consenso para revertir la ampliación de la ZEPA y, para que la que quede, sea lo menos restrictiva para la actividad agraria.

Al Departamento le ofrecimos trabajar conjuntamente, vía los respectivos Servicios Jurídicos, para analizar debidamente el contenido de todo el expediente administrativo que había finalizado con el referido Acuerdo de Gobierno — hay que recordar que todo lo había tramitado el anterior Gobierno— y plantear la reversibilidad de la ampliación.

Pero todo sólo fueron buenas palabras para complacernos. La realidad de este trabajo conjunto, INSTITUTO y Departamento no ha sido. Escudándose en un supuesto deber político de transparencia, se ha querido abrir el debate y trabajo a otras entidades del territorio —sindicatos agrarios, Parque Agrario, Ayuntamientos, etcétera— para disolver nuestra opinión.

Ante esta situación hemos dejado de asistir a unas presuntas “Tablas jurídicas” organizadas para debatir una solución descafeinada al requerimiento de la Comisión Europea, así como para establecer las reglas del Plan de gestión de la ZEPA ampliada.

Todo ello choca frontalmente con nuestro planteamiento de devolver el ámbito superficial de la ZEPA a la delimitación anterior, así como de redactar un Plan de gestión de este ámbito —que, reiteramos, es el que exige la Comisión Europea— que compatibilice, tanto como sea posible, la protección del espacio natural con la actividad agroalimentaria. Y todo ello con una base científica adecuada, competente y contrastada.

Toda propuesta que se desvíe de ello no contará con nuestro apoyo. Al mismo tiempo que, de mientras, seguiremos con la defensa de nuestros postulados ante la jurisdicción contenciosa. Esperamos que el Gobierno reflexione y recapacite.

Noviembre 2025

 

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Como ya hemos ido explicando los fundamentos jurídicos y políticos de nuestra oposición a la ampliación de la ZEPA del delta del Llobregat son muy claros y evidentes:

• • Inexistencia de legitimación política del Gobierno en funciones que aprobó. La normativa de gobernanza establece que dentro de esta fase de legislatura no se pueden tomar decisiones que puedan condicionar la acción de gobierno del equipo resultante de las nuevas elecciones. Y eso, aquí, no se respetó.
  • El Parlamento de Cataluña se había opuesto, por dos veces, a la ampliación. Pruebas evidentes de que la mayoría política no comulgaba. Son bastante claras las Mociones de 31 de mayo de 2012 y 254/XIV, de 5 de octubre de 2023.
  • Falta de respuesta al Recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de Gobierno. La propia Administración no se ha pronunciado de ninguna forma respecto del contenido de todo lo que hemos ido defendido. Ha elegido el camino más fácil, como es el silencio.
  • Inexistencia de un Plan de gestión de la ZEPA antes de la ampliación. Este es uno de los requerimientos que hizo la Comisión Europea en su carta de emplazamiento de febrero de 2021.
  • Carencia de estudios científicos ornitológicos elaborados siguiendo los procedimientos establecidos y con personas capacitadas y con competencias.
  • Nulidad de todo el expediente administrativo, tramitado excediendo los plazos fijados por la normativa procedimental administrativa.
  • Incumplimiento de la creación de mesas de trabajo conjuntas con los Ayuntamientos y entidades del territorio.
  • Falta del informe de afectación a la actividad agraria y la compatibilidad de la protección con aquélla.
  • Con posterioridad a la exposición pública de la propuesta y de los correspondientes planos de delimitación, se amplió el territorio protegido, sin una posterior nueva exposición pública.

Aparte, se defiende que con la ampliación del espacio protegido no se da cumplimiento a lo que exige la Comisión Europea.

¿Qué pide la Comisión Europea ?

La Comisión Europea, en su carta de emplazamiento de febrero de 2021, y a la que ya hemos hecho referencia anteriormente, pide, fundamentalmente:

• • La retirada de los nuevos aparcamientos del Aeropuerto, construidos en zona protegida.
  • El establecimiento de un plan de gestión y presupuesto para el espacio protegido.
  • La incorporación de la actual desembocadura del río Llobregat y la playa de Ca l’Arana al espacio protegido.

Todos estos requerimientos están incluidos, como medidas compensatorias, en la Declaración de Impacto Ambiental de 2002, de la ampliación del aeropuerto Pero el Acuerdo de Gobierno no da cumplimiento a todo ello. Y, además, se extralimita al intentar darle respuesta al expandir sin fundamento científico, la superficie protegida.

El Gobierno hace caso omiso y desprecia al territorio

Ante esta situación tan grave, que afecta directamente a las empresas agroalimentarias del delta del Llobregat, el INSTITUTO AGRÍCOLA se ha visto compelido a interponer el referido Recurso contencioso administrativo. Pero, paralelamente ha estado presionando, desde la aprobación del Acuerdo de Gobierno, para encontrar una solución consensuada con el Departamento de Territorio.

Es por ello que, desde el primer momento, nos hemos ofrecido a sentarnos para hablar y llegar a un consenso para revertir la ampliación de la ZEPA y, para que la que quede, sea lo menos restrictiva para la actividad agraria.

Al Departamento le ofrecimos trabajar conjuntamente, vía los respectivos Servicios Jurídicos, para analizar debidamente el contenido de todo el expediente administrativo que había finalizado con el referido Acuerdo de Gobierno — hay que recordar que todo lo había tramitado el anterior Gobierno— y plantear la reversibilidad de la ampliación.

Pero todo sólo fueron buenas palabras para complacernos. La realidad de este trabajo conjunto, INSTITUTO y Departamento no ha sido. Escudándose en un supuesto deber político de transparencia, se ha querido abrir el debate y trabajo a otras entidades del territorio —sindicatos agrarios, Parque Agrario, Ayuntamientos, etcétera— para disolver nuestra opinión.

Ante esta situación hemos dejado de asistir a unas presuntas “Tablas jurídicas” organizadas para debatir una solución descafeinada al requerimiento de la Comisión Europea, así como para establecer las reglas del Plan de gestión de la ZEPA ampliada.

Todo ello choca frontalmente con nuestro planteamiento de devolver el ámbito superficial de la ZEPA a la delimitación anterior, así como de redactar un Plan de gestión de este ámbito —que, reiteramos, es el que exige la Comisión Europea— que compatibilice, tanto como sea posible, la protección del espacio natural con la actividad agroalimentaria. Y todo ello con una base científica adecuada, competente y contrastada.

Toda propuesta que se desvíe de ello no contará con nuestro apoyo. Al mismo tiempo que, de mientras, seguiremos con la defensa de nuestros postulados ante la jurisdicción contenciosa. Esperamos que el Gobierno reflexione y recapacite.

Noviembre 2025

 

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