El Govern no sólo incumple los dos mandatos del Parlament de marzo y octubre de empezar desde cero la estrategia de choque contra el deterioro medioambiental del delta del Llobregat, sino que insiste en los mismos errores de los últimos tres años sin justificación científica ni técnica.
La nueva ronda de contactos del Departament d’Acciò Climática insiste en una mentira como es conciliar agricultura y medioambiente a través del abandono de más de 2.300 hectáreas de cultivo y usos urbanos sin gestión como ha pasado en los últimos 20 años.
A menos de un mes de las Elecciones, el Govern sigue manteniendo un discurso falaz sobre lo que mandata la carta de emplazamiento de la Comisión Europea, de la cual se han cumplido tres años sin respuesta, abocando al Estado a afrontar otro expediente sancionador más.
Barcelona, 18 de abril de 2024
La apertura de una nueva ronda de contactos con representantes de las organizaciones agrarias en torno a la ampliación de la zona ZEPA del Baix Llobregat deja al descubierto la nula intención por parte del Govern de cumplir los mandatos de empezar desde cero la estrategia de respuesta a la carta de emplazamiento que el Parlament le dio por una amplia mayoría transversal de sus grupos políticos.
Tanto en la resolución del 28 de marzo (presentada por JxCat) como en la del 5 de octubre de 2023 (presentada por el PSC), el Parlament señaló la imperiosa necesidad de descartar la ampliación proyectada en julio de 2022, centrarse en solucionar los incumplimientos que especifica la carta, no aprobar una nueva delimitación de la ZEPA si no se ha constituido una mesa de trabajo sobre el tema y se ha alcanzado un consenso mayoritario, potenciar la actividad agraria del Baix Llobregat como hub agroalimentario catalán, constituir una mesa de trabajo para mejorar las infraestructuras hidráulicas y una tercera mesa de trabajo para revisar la normativa del Parc Agrari.
En este sentido, el Institut Agrícola rechaza el nuevo intento del Govern de reemprender un camino que no da una respuesta satisfactoria a lo que piden los servicios de medio ambiente de la Comisión Europea, colocando a Catalunya ante el riesgo de un expediente sancionador y una multa millonaria por parte de las autoridades europeas.
La negativa a un diálogo estructurado revela hasta qué punto el Departament d’Acciò Climática carece de los mínimos estándares técnicos que justifican su actitud, mientras que en el caso del Govern en su conjunto revela su querencia por ideas nocivas y altamente perjudiciales para la sociedad catalana como el decrecimiento económico, la “criminalización climática” del agricultor o la inconveniencia de que haya más y mejores servicios urbanos y periurbanos.
La historia de los últimos tres años es un cúmulo penoso de desorden, falta de rigor científico-técnico, prejuicios ideológicos e incompetencia política que no ha hecho más que contribuir a seguir deteriorando un entorno natural clave del área metropolitana de Barcelona. El Govern, lejos de rectificar buscando el consenso y la verdad científica, continúa empecinado en un doble error: por un lado, que multiplicar por 2,5 veces la actual superficie protegida es más que suficiente para recuperar las poblaciones de aves y los humedales del delta; y, por otro lado, que se puede mantener una cierta actividad agroalimentaria subvencionada con severas restricciones.
Ni lo uno ni lo otro es cierto. Menos aún cuando a lo largo de los últimos tres años multitud de estudios técnicos, económicos y ambientales han mostrado el “cuello de botella” que la zona arrastra desde hace más de dos décadas. De esto es de lo que se ocupa la carta de emplazamiento y a ello es a lo que hay que dedicar el tiempo. Ni más ni menos que establecer un plan de gestión coherente, eficaz y correctamente financiado (tres características que ni están ni se las espera del Govern dada su conducta desde que llegó al poder) y una pequeña ampliación de superficie protegida a dos zonas muy concretas.
Todo lo demás no está sustentado en la evidencia científica más reciente. Es evidente que el Departament ha entrado en una “vía muerta” de la cual es muy difícil salir de forma “normal”, lo cual lleva a pensar en vías alternativas aprovechando que estamos a menos de un mes de las elecciones. Entrar en la estrategia de “compra de voluntades” es peligrosa e inaceptable, más aún si nos atenemos al historial gestor de la Generalitat cuando ha tenido (o tiene en este momento) que gestionar programas de ayudas urgentes para paliar la sequía, entre otros. La incompetencia técnica se suma a la incapacidad administrativa. ¿Cómo va a ser creíble un Govern que promete subvencionar a los empresarios y profesionales agrícolas afectados por la ZEPA si ni tan siquiera son capaces de gestionar con una mínima diligencia la PAC o los paquetes extraordinarios de ayuda contra la sequía?
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