El Institut Agrícola protesta enérgicamente por el acuerdo de Govern sobre la ampliación de la ZEPA del Delta del Llobregat dos años después del inicio del proceso de consulta pública del Acuerdo de Gobierno para aumentar hasta 2.300 hectáreas la actual zona protegida.
Es un acto político que llega en el peor momento posible, en plena transición hacia una nueva gobernabilidad tanto en Catalunya como en las instituciones europeas, con un Colegio de Comisarios aún por nombrar para finales de año y un nuevo Govern que se encontrará con una política de hechos consumados.
Por tanto, las circunstancias que rodean esta ampliación, la evidencia científica y el actual estado de la situación política y regulatoria confieren una mayor gravedad a este hecho.
El Institut Agrícola denuncia que el Govern en funciones haya aprobado, mediante un Acord de Govern publicat el 23 de julio, la ampliación de la Zepa del Delta del Llobregat.
En primer lugar, es una decisión que no cuenta con el respaldo político necesario porque por dos veces el Parlament de Catalunya rechazó por abrumadora mayoría esta ampliación hace un año. Tampoco lo hace con el respaldo de la mayoría ciudadana del territorio, tal como puede verse en los resultados de las Elecciones Municipales del 28 de mayo pasado y su voto masivo a las fuerzas políticas contrarias a la ampliación de la ZEPA. A ello se añade una cuestión no menor como es que el actual Govern está en funciones en medio de una incertidumbre muy notable para la formación de un nuevo gabinete con un equilibrio de fuerzas políticas completamente distinto al de la legislatura anterior.
Un Govern en funciones está facultado para despachar los asuntos ordinarios en la transición entre un gabinete y otro. No debería dedicarse, bajo ningún concepto, a acometer transformaciones profundas que supongan hipotecar el futuro cuando éstas no tienen marcha atrás sin ni tan siquiera tener los apoyos necesarios para poder hacerlo. Se trata de un acto de toma de ventaja aprovechando el poder que le da seguir en el Govern para imponer una agenda inaceptable de medidas sin el más mínimo rigor científico, técnico y económico. Sólo pura y dura ideología que ha salido claramente derrotada de las Elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio.
En segundo lugar, el acto de ampliación de la ZEPA sigue las peores artes desde el punto de vista de la transparencia, las buenas prácticas administrativas y la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. El Institut Agrícola participó activamente en el proceso de alegaciones al proyecto de Acuerdo de Gobierno en 2022, las cuales ni han sido contestadas, ni ha habido búsqueda del consenso con los actores del territorio ni ha habido noticia alguna desde octubre de ese mismo año.
¿Cómo puede ser aceptable que se apruebe una restricción a las actividades de la zona (que en la práctica equivalen a una prohibición) sin que se haya, al menos, una respuesta a las alegaciones efectuadas conforme a la normativa vigente?
En tercer y último lugar, en 3 años desde que se remitió la Carta de Emplazamiento de la Comisión Europea, el Govern no ha sido capaz de rebatir con argumentos científicos los informes, notas de análisis y publicaciones realizadas tanto por el Institut Agrícola como por expertos independientes, laboratorios de investigación y centros públicos que mostraban hasta qué punto ampliar la ZEPA no sólo no es una solución a lo que la Comisión Europea pide en la Carta, sino que es contraproducente y coloca a Catalunya en un riesgo serio de expediente de infracción con una multa millonaria.
Ante semejante despropósito, el Institut Agrícola pide la suspensión urgente sine die de la ampliación de la ZEPA y, al mismo tiempo, como patronal que representa a la mayoría del sector agroalimentario de la comarca, manifiesta que no está dispuesto a ser “moneda de cambio” en la negociación de la gobernabilidad de Catalunya condenando a la ruina a un sector vital para el funcionamiento del área metropolitana de Barcelona.
Barcelona, 23 de julio de 2024
La Vanguardia:
