Barcelona, 07/02/2024
El Institut Agrícola ha alertado insistentemente sobre las repercusiones que comportaría la corriente política medioambiental europea de los últimos años para el sector empresarial agroalimentario y, más allá, para el conjunto de la sociedad, que ve peligrar el acceso a alimentos suficientes, asequibles, de calidad y precios razonables.
Es bien cierto que las normativas europeas en materia fitosanitaria, medioambiental, laboral o fiscal inciden negativamente en la supervivencia de las explotaciones y multiplican los costes. También, hay afectaciones por la entrada en la Unión Europea de productos de terceros países que no cumplen con la misma normativa que los europeos y, por tanto, ejercen competencia desleal. Pero eso no se soluciona dejando hacer la suya a los legisladores durante años y saliendo a protestar sólo en el último momento.
De entrada, hay que ser conscientes de que tenemos un modelo económico equivocado de principio a fin, muy defendido por las organizaciones agrarias y los técnicos de los ministerios y comisarías de Europa. Este modelo está basado en múltiples ayudas directas (que suponen un descuento en el precio de origen), la defensa de un tipo de agricultura ideal que lleva a la reducción e imprevisibilidad de la producción (mediante la prohibición de químicos y fertilizantes, vitales para el control de enfermedades) o intentando imponer un modelo de agricultor utópico que no puede diversificar o incluso compaginar su actividad agraria con otras.
Durante todos estos años no se ha negociado para construir un modelo sólido que generase certeza en el suministro de alimentos y que pusiera a cualquier empresario agrario al nivel del resto de sectores económicos, poniendo en valor su producto y su trabajo. Esto, unido a la aprobación de estrategias normativas deficientes como “Del campo a la mesa”, de Biodiversidad, Forestales o la Ley de Restauración de la Naturaleza, ha provocado, además, un incremento de la dependencia de productos no comunitarios, más baratos, pero menos seguros, al no ser sometidos a los mismos controles.
Desgraciadamente, aquellos que ahora encabezan las protestas que tanto lucen en los medios de comunicación, no parecen haber reflexionado en profundidad sobre el problema de raíz de los mercados agroalimentarios, o, en todo caso, no han intentado ponerle solución antes de llegar a donde estamos ahora.
A menos de cinco meses para las elecciones europeas, piden cambios que, en realidad, no son ejecutables a corto plazo. Y, mientras tanto, no hablan de aquellas soluciones que ya se podrían aplicar, como la reducción de la fiscalidad patrimonial, favorecer realmente el relevo generacional de las explotaciones, eliminar restricciones para el comercio de determinados productos que tienen difícil salida o apoyar las negociaciones de tratados comerciales con estados de fuera de la UE que impliquen un trato equilibrado entre la producción europea y la de terceros países.
La solución a estos graves problemas de base no llegará sólo saliendo con los tractores a la calle. Esta es una herramienta llamativa que capta la atención pública en un momento puntual. El verdadero trabajo negociador, el que puede dar resultados provechosos para el futuro, pasa por hacer entender a los legisladores, mediante un diálogo continuo e institucionalmente transversal, que deben hacer suyos los problemas del sector empresarial agroalimentario y trabajar para ponerle solución, escuchando y preguntando su parecer a aquellos que los sufren día a día.
