Por Javier Santacruz, Economista y Analista Financiero
Jefe del Servicio de Estudios de L’Institut Agrícola
Artículo publicado en El Economista – 05/10/2022
En una primera aproximación al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 se pueden extraer tres conclusiones con bastante sencillez: a) el gasto no financiero aumenta un 7,6% en 2023, por encima del crecimiento del PIB nominal (5,9%); b) conduce a la Seguridad Social a un estrés financiero muy relevante con un déficit estrictamente contributivo por encima de los 20.000 millones de euros; y c) el crecimiento de los ingresos públicos es muy inferior al crecimiento del gasto total, y aun así el Gobierno prevé que el déficit presupuestario se reduzca hasta el 3,9% del PIB.
A la espera de conocer los detalles de fondo a la hora de estimar las cifras de ingresos y gastos, el Gobierno Sánchez-Díaz eleva el precio de su política económica en un momento en que se requiere no aplicar medidas que puedan suponer un estímulo a la inflación, especialmente en el segmento de rentas medias y altas. Las subidas lineales tanto de salarios públicos como de pensiones, aplicando elementos básicos de teoría económica, generarán bolsas de ahorro en las rentas más bajas por efecto precaución y por haber sufrido el mayor golpe en términos de poder adquisitivo, mientras que estimularán la propensión al consumo de las rentas medias y altas, continuando la tendencia de los últimos meses y durante 2021 tal como reveló la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE.
Pero no sólo hay efectos inflacionistas en las rentas cuya subida decreta el Gobierno. Los hay también en las compras de bienes y servicios (11,7%) y dentro de ello en los capítulos donde se produce el grueso del gasto como sanidad o educación. No es justificable un incremento de estas características una vez que se ha pasado la pandemia, incluso teniendo en cuenta el incremento que se ha producido en los costes de las materias primas.
Si a esto se suma el incremento presupuestario que habrá en las autonomías que sí tienen competencias en las principales partidas de gasto, esto servirá para hacer el fenómeno de la inflación permanente.
Un elemento trascendental en el análisis del Presupuesto es que 2023 será un año doblemente electoral y que el recuerdo del votante se sitúa entre 6 y 8 meses con respecto a la fecha en que se convocan los comicios. Obviar la motivación electoral sería menospreciar una de las preocupaciones básicas tanto del actual Gobierno como también de la oposición, para la cual no resulta sencillo aspirar a construir un discurso de moderación del gasto cuando lo que “vende” en una ciudadanía exhausta es poner en marcha programas “sociales” que en realidad suponen mecanismos de sostenimiento de rentas condenadas al estancamiento en términos reales.
Habrá que ver la reacción por parte de la Comisión Europea y de los mercados financieros conforme se vaya ejecutando el Presupuesto en 2023 y se vaya acercando la fecha en que hay que volver a cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. No es creíble el escenario de reducción del déficit público incluso teniendo en cuenta los “windfall revenues” que la inflación está dejando en las arcas públicas y que aumentarán en 2023 gracias a la recaudación extra que dejarán los saltos de tramo y no aplicación de deducciones de las rentas que se van a actualizar por IPC.
En definitiva, si hay que resumir en un aspecto concreto lo presentado, hacer este “pacto de rentas” a la carta y desigual donde sí están los empleados públicos y no están los pensionistas, supone un riesgo inflacionista que puede costar caro a la economía española.
