En los últimos días han saltado a las primeras planas de los periódicos las movilizaciones masivas de los agricultores en varios países de la Unión Europea, movimiento que empezó en Alemania en contra de la retirada de subvenciones al combustible y otras ayudas a la producción agraria. A ellos se sumaron también los transportistas que también sufrirán estos recortes, pero el protagonismo de las “tractoradas” ha eclipsado el hartazgo de otro sector vital para la economía europea.
El protagonismo recobrado por los agricultores, primero en Alemania, y después en Francia y otros países europeos, lo es gracias a haber colapsado carreteras, ferrocarriles y otros medios de transporte, usando una herramienta tan vieja como efectiva como es la “tractorada”. De todas las protestas que hoy pueblan las capitales europeas, el más importante por su carga de profundidad y por la ruptura que supone con el más inmediato pasado es la que se está produciendo en Alemania.
Llega en un momento propicio donde las organizaciones agrarias formadas por profesionales no propietarios y sindicatos han detectado la debilidad del gobierno de coalición formado por socialdemócratas, verdes y liberales, y un apoyo nada disimulado de la extrema derecha, la cual está capitalizando los graves errores de política económica tanto alemana como a nivel comunitario cometidos en los últimos años.
Es también un momento donde los propietarios agrarios y forestales han empezado a reaccionar en contra de los democristianos, los cuales han sido los exponentes máximos de la acomodación de las políticas verdes, generando un esquema de protección de rentas a los dueños de las tierras sin que estos tengan los incentivos adecuados para hacerlas productivas. El statu quo se empezó a resquebrajar antes del verano pasado con la toma de protagonismo de Manfred Weber, líder de los socialcristianos bávaros, cuya defensa de una propiedad rentable, productiva y competitiva hizo estallar por los aires el pacto tácito entre los dos grandes partidos europeos y ha detenido el proceso de aprobación de más paquetes “ambiciosos” del Pacto Verde.
Lo que está pasando en Alemania y en la UE es muy importante para España porque marca la pauta de lo que estamos viendo y veremos. Esta dinámica no nos es ajena en tanto en cuanto se empezarán a notar los costes del Pacto Verde sobre los mismos de siempre, es decir, los agricultores, ganaderos y propietarios forestales en los próximos años. Incluso en 2023 ya se nota la bajada de la percepción de pagos directos de la PAC con una reducción progresiva de las ayudas a partir de los 60.000 euros y limitándolas a 100.000 euros. A ello se añade la duda sobre si se conseguirá repartir el 23% del presupuesto de la PAC de España destinado a los “ecoregímenes”.
A lo largo de los últimos años, y muy especialmente desde la crisis energética y la guerra, Alemania ha ensayado un modelo económico para los sectores agrario e industrial que tiene una parte de planificación y otra de improvisación, pero que se compone de dos elementos que son en el fondo contradictorios. Por un lado, un parón muy serio de la producción industrial (-4,8% interanual en noviembre) y agrícola (-4% interanual según la última estimación de agosto) gracias al cual se ha desplomado la demanda de energía (-7,9% en el conjunto de 2023 con respecto a 2022). De esta forma, la gran incertidumbre por el corte de suministro de gas de Rusia ha quedado resuelta instaurando por la vía de los hechos una política de estancamiento económico amortiguado con fuertes dosis de ayudas públicas.
Y, por otro lado, es uno de los países que más rápido ha ido adoptando las medidas de la “política verde” europea, siendo uno de sus máximos exponentes la Ley de Restauración de la Naturaleza y, derivado de uno de los compromisos alcanzados en la COP28, la eliminación progresiva de los subsidios denominados “ineficientes” a los combustibles fósiles. De ahí que estén aplicando los recortes por los que protestan agricultores y transportistas.
Ambas cosas son incompatibles en un escenario normal de progreso económico. Se necesita estancamiento o incluso decrecimiento para deprimir suficientemente a estos sectores para que lo que hoy se está subsidiando en el precio del litro de gasóleo se acabe gastando en ayudas a la renta familiar. Ser más pobres, pero más respetuosos con el medio ambiente, siempre y cuando asumamos que el mero hecho de dejar de quemar combustible fósil en Alemania y pagar un coste muy superior de la energía térmica y para el transporte es bueno para luchar contra el cambio climático mientras el resto del mundo sigue aumentando las emisiones de gases contaminantes. Cosa hoy dudosa si seguimos fielmente el criterio científico.
Pero, por el momento, ningún gobernante europeo ha caído en la cuenta de esta incompatibilidad tan dañina para el sector agroalimentario y, por ende, para la soberanía productiva europea. Nadie se ha parado a pensar en soluciones creativas que pasen por un futuro de crecimiento robusto y, necesariamente, de mayor consumo de energía, pero con más eficiencia. El subsidio energético agrario no sería necesario si el litro de gasóleo, el kWh de electricidad o el de gas no estuvieran sometidos a una presión fiscal que, aunque atenuada hasta hace un mes, sigue siendo muy elevada.
Tampoco habría protestas si los mercados agrarios funcionaran, casando oferta y demanda de la misma forma que sucede en las lonjas de pescado, las Bolsas financieras o los sistemas energéticos, entre otros. La falta de coordinación y certidumbre entre los mercados agroalimentarios genera una dependencia creciente de las importaciones de terceros países cuyos estándares medioambientales, fitosanitarios y técnicos no son comparables, poniendo en desventaja a la producción europea. Si bien las cifras globales no preocupan (el superávit comercial agroalimentario sigue subiendo hasta 58.000 millones de euros acumulados entre enero y octubre de 2023), el problema está en la importación de temporada, dado que es cuando más sufren los precios en origen.
Esta batalla que comenzó en Alemania y ahora se extiende por la mayor parte de los países europeos es una de las batallas más importantes que se librarán en las próximas Elecciones al Parlamento Europeo y está en juego que nuestro sector siga siendo el que siempre paga las ambiciones políticas por muy biempensantes que sean, o se produce un giro hacia la racionalidad y el sentido común.
Febrero 2024
