Skip to main content

Por Baldiri Ros, Presidente de l’Institut Agrícola

Artículo publicado en La Vanguardia el 14 de Marzo de 2022

 

La famosa frase pronunciada por Carville, el asesor de campaña de Bill Clinton en 1992 (“es la economía, estúpido), puede aplicarse plenamente en la actualidad cambiando “economía” por “soberanía productiva”, no sólo en el ámbito agroalimentario sino en otros vitales como el energético o el de la seguridad y la defensa, entre otros.

La invasión rusa de Ucrania supone un golpe muy duro a los planes de la Comisión Europea de convertir la UE en un “jardín” desde el punto de vista agroalimentario, obligando a reposicionar en el mapa público temas que hasta la fecha eran tabú: desde la importación de semillas y cereales de países que utilizan la modificación genética de manera masiva, hasta la petición expresa de la representación italiana de suspender la entrada en vigor de la nueva PAC en 2023, pasando por una modificación sustancial de la Estrategia “del campo a la mesa” en lo que se refiere a la promoción de métodos agro que supongan una reducción sustancial de los rendimientos por hectárea de los cultivos.

Si bien hay ciertos elementos capitales que ahora se vuelven más importantes si cabe en el Pacto Verde Europeo como son el aumento de la capacidad instalada renovable, la diversificación de fuentes de energía, la reconversión de las industrias más dependientes de los combustibles fósiles o la reducción de huella de carbono e hídrica, hay otros muchos que deben quedar guardados en el cajón. Es el caso de la desaparición de tecnologías limpias, eliminación de capacidad de producción en determinados territorios por reconversión a agricultura ecológica o el arancel de carbono en frontera, algo que tiene un impacto especial en sectores de los que somos dependientes como la fabricación de fertilizantes y abonos, de la cual Rusia es uno de los principales productores.

Por ello, es necesario blindar la actual soberanía productiva en la materia agroalimentaria, expresada en un saldo por cuenta corriente positivo en los diez primeros meses de 2021 de 57.500 millones de euros, un 14% más que en el mismo período de 2020, con un crecimiento muy notable de las exportaciones (7% anual) frente a las importaciones (4% anual). En el caso de España, la situación es más favorable gracias a un superávit acumulado de más de 17.000 millones de euros de manera constante en los últimos años.

Para conseguir este objetivo, es imprescindible establecer políticas que favorezcan el aumento de la producción agregada agroalimentaria, mecanismos de articulación de los mercados internos (eliminar barreras fiscales, regulatorias, fitosanitarias o medioambientales, creando reglas comunes y homogéneas) y una política de diversificación activa en importaciones estratégicas como es el caso de la práctica totalidad del sector oleaginoso (el déficit comercial en girasol, soja y palma es de más de 5.000 millones de euros hasta octubre), café y cacao con un déficit comercial conjunto de 8.300 millones de euros y la necesidad de reforzar la producción de fertilizantes donde el peso de la producción europea es bajísima con respecto al total global: sólo el 9% del nitrógeno, el 3% de los fosfatos o el 8% de la potasa.

Con los puntos fuertes que Europa tiene en materia agroalimentaria, hay que encarar los puntos débiles de manera urgente y sin dogmatismos. Es posible una producción sostenible de estos productos para dotar a Europa de un mayor margen de maniobra en oleaginosas, cereales (especialmente en la interconexión de mercados locales y provinciales en Europa aislados y con rendimientos muy bajos por hectárea en cereales para la producción de piensos animales) y, al mismo tiempo, para una producción sostenible de biocombustibles avanzados donde se han marcado objetivos ambiciosos en los últimos años.

En suma, bien se puede utilizar en la coyuntura actual la famosa frase “nos acordamos de Santa Bárbara sólo cuando truena”. La importancia de la soberanía productiva agroalimentaria sólo aparece en contadas ocasiones y exclusivamente cuando se producen amenazas relevantes en el suministro de materias primas alimentarias importadas de terceros países. Éste es el caso al que nos enfrentamos, en medio de un conflicto geopolítico a gran escala que nos compromete no sólo el suministro energético sino también una parte sustancial del suministro de cereales, ya que el 30% del tráfico internacional pasa por el frente ruso-ucraniano.