Nos encontramos a las puertas de una nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), y, una vez más, se avecinan tendencias hacia el recorte presupuestario y la renacionalización de las políticas agrarias.
El pasado mes de diciembre, el Sr. Daniel Calleja —director de la Representación de la Comisión Europea en España— advertía, en el marco del Foro Nueva Economía, que la Unión Europea se enfrenta a un riesgo existencial si no alcanza la autonomía industrial y energética en los próximos cinco años. Lo hacía señalando la necesidad de dejar de subcontratar ámbitos estratégicos como la defensa o los recursos esenciales a potencias externas.
En la misma línea, y citando a la presidenta Ursula von der Leyen, remarcaba que la competitividad ya no es una opción, sino una condición de supervivencia: «Quienes se queden parados quedarán atrás; quienes no sean competitivos se convertirán en dependientes».
Los acontecimientos recientes han vuelto a evidenciar una realidad incómoda, pero persistente: los sectores que se desatan, o que ven sistemáticamente comprometida su viabilidad por acuerdos comerciales asimétricos o por normativas internas que no se exigen con la misma rigurosidad a los productos importados, acaban desapareciendo o deslocalizándose.
Los ejemplos son numerosos y recientes: hoy hablamos de la industria de defensa, de la energía o de los fertilizantes; ayer eran los semiconductores, las mascarillas, los minerales críticos, los paneles fotovoltaicos o las baterías. De hecho, la propia Comisión Europea identificó en 2021 hasta 137 productos vinculados a ecosistemas sensibles.
Sin embargo, a pesar de la relevancia creciente de estos sectores, el caso más antiguo y paradigmático sigue siendo el sector agroalimentario.
Nos encontramos a las puertas de una nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), y, una vez más, se avecinan tendencias hacia el recorte presupuestario y la renacionalización de las políticas agrarias. El trasfondo es claro: la creciente presión sobre los fondos comunitarios, en un contexto de elevado endeudamiento en la Unión Europea y con un número cada vez mayor de sectores que reclaman una parte.
En este contexto, hay que recuperar y reivindicar el concepto de soberanía productiva, que no debe confundirse con el de soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, términos a menudo utilizados indistintamente en el debate europeo.
La soberanía productiva implica establecer los mecanismos necesarios para garantizar que la Unión Europea mantiene una capacidad suficiente de producción de alimentos para abastecer a su población, especialmente en lo que se refiere a los productos básicos. Durante la pandemia, este principio parecía ampliamente asumido.
Ahora bien, se trata de un concepto exigente y, en cierto modo, disruptivo. No se limita a preservar superficie agraria, sino que requiere asegurar el desarrollo tecnológico, la inversión continuada y el relevo generacional y empresarial. Sin estos elementos, emergen problemas bien conocidos: envejecimiento del sector, falta de inversión y pérdida de competitividad.
Por el contrario, el concepto de seguridad alimentaria —tal y como a menudo se interpreta en el ámbito europeo— se centra esencialmente en garantizar el abastecimiento de los mercados a precios asequibles para el consumidor, con el objetivo de no tensionar los índices de inflación. En este enfoque, el origen de los productos se convierte en secundario, y no siempre se garantiza que cumplan los mismos estándares que se exigen a los productores europeos.
Esta ambigüedad se ve reforzada por el hecho de que el término “seguridad alimentaria” se utiliza con significados diversos según el contexto: para algunos países, hace referencia a la seguridad de suministro; para otros, incorpora también la dimensión sanitaria y de calidad de los alimentos.
En la práctica, sin embargo, este principio se traduce a menudo en normativas sanitarias muy exigentes dentro de la Unión Europea que no siempre se aplican con la misma intensidad a los productos importados, sea por falta de reciprocidad o por limitaciones en la capacidad de control.
Paralelamente, la Unión Europea sigue siendo una potencia exportadora en diversos sectores, también en algunos segmentos agroalimentarios. Ante las tensiones comerciales recientes con los Estados Unidos, la Comisión Europea ha acelerado la firma de acuerdos que hacía años que estaban encallados, como los de Mercosur, Marruecos, India o Australia.
Estos acuerdos tendrán, sin duda, impactos desiguales en el sector agropecuario europeo. En algunos casos, exigirán reforzar los controles e impulsar decididamente la competitividad de los sectores afectados; en otros, pueden representar oportunidades para la exportación de productos transformados y la apertura de nuevos mercados.
Sin embargo, si Europa quiere mantener esta política comercial abierta, no puede seguir cometiendo los mismos errores. Es imprescindible abordar de manera decidida la soberanía productiva de los sectores clave de la economía, y en este sentido el sector agroalimentario debe tener un papel central, al mismo nivel que el energético o el industrial.
La propuesta de renacionalizar la PAC, obligando a los estados miembros a complementarla con recursos propios, comporta riesgos evidentes. Generaría diferencias significativas entre países, ya que aquellos con mayor capacidad fiscal podrían ofrecer un mayor apoyo a sus productores, rompiendo así el equilibrio competitivo y el principio de mercado único europeo.
Por ello, es fundamental que las instituciones europeas garanticen que los fondos del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 se distribuyen de manera equitativa, simétrica y proporcional entre los estados miembros, minimizando las distorsiones derivadas de las ayudas nacionales.
En definitiva, la Unión Europea haría bien en adoptar plenamente el principio de soberanía productiva en el sector agroalimentario, tal y como ya empieza a hacer en ámbitos como el energético o el de la defensa. Los acuerdos comerciales recientes y el contexto geopolítico así lo exigen si no se quiere comprometer el futuro de sectores estratégicos para la economía europea y, especialmente, para el desarrollo del mundo rural.
